Tras Bambalinas
*Jorge Octavio Ochoa
Los gobernantes en México han estado jugueteando con el tigre, sacándolo de la jaula y volviéndolo a meter. El problema es que el tigre también empieza a hartarse –“tenemos 3 sexenios exigiéndolo”- y podrían dar el manotazo para poner un ¡Ya basta! ante la incapacidad de los civiles para contener el crimen organizado en el país.
El último capítulo de esta tragicomedia se vivió este sábado, con el estallido de un ducto en Pemex, pero ya desde hace días había empezado un episodio de terror en Tierra Caliente, cuando la Familia Michoacana intentó apoderarse de diversos poblados para continuar con sus negocios ilícitos de ordeña de combustible, pero esta vez se encontraron con una respuesta armada de otros grupos.
Dos delincuentes fueron calcinados en Teloloapan, luego de una balacera que duró más de 12 horas por la zona de Tierra Caliente, desde San Miguel Totolapan, hasta Arcelia, cruzando por Tlalchapa, Acapetlahuaya y Tlapehuala, como parte de una estrategia de la Familia Michoacana para apoderarse de toda la sierra hasta Ajuchitlán del Progreso y Atoyac de Álvarez, los territorios de Lucio Cabañas.
Eso es lo que ha vivido esa zona históricamente, pero ahora prevalece un ambiente de aparente subversión, porque hay quienes se atreven a decir que se trata de una lucha social en protestan por una medida gubernamental: “los gasolinazos”, cuando en los hechos no son más que una masa delincuencial a la que importa poco la vida de los otros.
Es un relato tenebroso que se está escribiendo en estos días, en otro fin de sexenio, época cíclica que marca las grandes desgracias de un país que se hunde más y más en el vacío de poder y la atonía, entre líderes políticos que lanzan conclusiones y sentencias anticipadas, sin siquiera saber qué es lo que está sucediendo en las montañas.
La semana pasada ocurrieron hechos tan dramáticos, que en cualquier otro país serían motivo de escándalo, pero aquí, en gran medida, pasaron inadvertidos. No fue sólo la muerte de 4 personas en Tierra Blanca, Veracruz, por el estallido de una toma clandestina de combustible sino la refriega de más de 12 horas de toda una población contra un grupo delincuencial, que terminó en un acto brutal.
Toda una comunidad acabó haciendo justicia por su propia mano, cuando no había pasado ni un día del escándalo mediático por los videos sobre la presunta ejecución de un delincuente en El Palmarito, Puebla. La diferencia entre uno y otro, es que el primero pasó inadvertido, mientras que el segundo fue motivo de debate social sobre la violación de derechos humanos.
En el mismo video del 3 de mayo en Palmar de Bravo, Puebla, se observa como un delincuente, que había sido sometido por los militares, le dispara por la espalda y mata a uno de los soldados, que cae muerto de un tiro en la cabeza. Nadie comenta ese hecho y se van a la siguiente toma, donde un militar dispara a quema ropa a otro sujeto tendido boca abajo en el suelo. Un supuesto “campesino”
Dos hechos brutales vistos con diferente lógica y diferente racero, que motivó la respuesta fastidiada del titular de la Defensa “tenemos 3 sexenios exigiéndolo”, en referencia a la Ley de Seguridad Interior que regule la actuación de las Fuerzas Armadas en actividades extrapoliciales de combate al crimen organizado
Es fácil hablar desde el escritorio, hacer comentarios laxos cuando no se vive en carne propia el miedo, la desesperación y el odio por ver a un compañero caído. Hubo quien adelantó que quizá la ejecución provino de una orden jerárquica y eso desacredita el desempeño de los militares en asuntos de seguridad pública.
¿Sí? ¿Y si no son los militares los que intervienen, entonces quién? Porque en los hechos de La Gavia queda acreditada fehacientemente, no sólo la absoluta incapacidad de las autoridades civiles para enfrentar a la delincuencia, sino también su absoluta indolencia para tratar de resolver.
Cómo entender que la autoridad civil no intervino en La Gavia, luego de 12 horas de refriega entre pobladores y delincuentes, que terminó en la hoguera con dos de ellos. Eso es violación, también, de derechos humanos y la responsabilidad cae en los 2 niveles de gobierno directamente involucrados que no actuaron: el gobierno estatal y el municipal. Pero de eso no se habla nada.
Y no se habla nada porque es información que no llegó a los espacios de la “prensa institucional”. La llamo así, no de manera despectiva, sino porque es la prensa que le importa a los políticos: esa prensa donde ellos se pueden ver, recrear y releer, en voluminosas síntesis informativas que facilitan la vida a nuestros políticos de boutique. Ahí no aparece la información de los portales, ni de las redes sociales.
Doce horas en que los pobladores hicieron llamadas de “auxilio” por el 911 y nunca obtuvieron respuesta y los criminales vivieron su infierno anticipado. Jaime López Martínez alias «El Pizarrón» y Ramiro Bahena Urieta alias «El Güero Pelayo», considerados líderes de La Familia Michoacana camuflados en el grupo de autodefensa «Movimiento por la Paz y la Justicia» de San Miguel Totolapan.
Los hechos ocurrieron el pasado 10 de mayo, en medio de una escalada de violencia que se vivió incluso días antes, cuando los pobladores realizaron bloqueos de carretera para exigir la presencia del Ejército ante las amenazas de la Familia Michoacana, que iría a tomar la plaza y se apoderaría de comunidades como San Miguel Totolapan, Arcelia, Tlalchapa, Acapetlahuaya y Tlapehuala.
El enfrentamiento esa madrugada del 10 de mayo empezó a la una de la mañana y terminó alrededor de las 2 de la tarde. ¿Por qué las autoridades civiles no pudieron intervenir durante todo ese tiempo? Sólo hay dos razones: miedo e incapacidad. Pero eso no las exime de ser sometidas también a proceso. Pero eso sí, desde el Senado Miguel Barbosa puede dar opiniones idiotas.
¿Quiénes son las víctimas y quienes los victimarios?
Otros adelantaron que el sujeto ejecutado en El Palmarito era un campesino, pero versiones publicadas en la prensa no institucional, señalan que se trataba de un delincuente conocido, Paulino Martínez Silva, “El Pavis” o “el Pavín”, primo y lugarteniente de Antonio Martínez Fuentes, El Toñín, uno de los principales líderes de las bandas de robo de combustible de la zona.
El operativo desplegado el pasado 3 de mayo en Palmarito estaba dirigido a detener a El Toñín, quien logró escapar gracias a que movilizó al pueblo para rechazar la presencia de los militares y al escudo que en torno suyo hicieron sus lugartenientes, entre ellos El Pavis o El Pavín. Toda una comunidad dedicada a la delincuencia. Eso no es lucha social. Eso es delincuencia organizada.
A esta cadena de hechos, se le suma, el sábado, la agresión que sufrieron 6 periodistas, también en el estado de Guerrero, amenazados por el crimen organizado, para que no vuelvan a intentar meterse en la zona del conflicto, donde los huachicoleros están ahítos de venganza, lo que augura más episodios de muerte.
Aquí la pregunta es ¿Qué están esperando la Cámara de Diputados y la de Senadores para discutir la Ley de Seguridad Interior y el dictamen en torno a la Fiscalía Anticorrupción? El agua les está llegando al cuello. De hecho, la violencia ya tocó a sus puertas. La semana pasada, estudiantes y padres de los normalistas de la Rural de Ayotzinapa, Guerrero, lanzaron dos cohetones y reventaron una de las puertas de cristal de la entrada principal.
Todo porque los señores legisladores se negaron a cumplir su palabra, porque ya había sido agendada una entrevista con integrantes de la Comisión Permanente del Congreso pero los senadores David Monreal, del PT; Marco Antonio Olvera y Verónica Martínez, del PRI, y el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri no acudieron.
Los manifestantes se molestaron y arremetieron con cohetes contra el recinto desde afuera de la entrada de la Plaza Louis Pasteur. los padres de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, llegaron pasada las 13:00 horas del martes pasado a las inmediaciones del recinto legislativo, conforme a lo pactado el pasado 3 de mayo.
El senador independiente Alejandro Encinas, ya se había comprometido a recibir una comisión de los padres de normalistas. Pero los dejaron plantados. Los hechos no pasaron a mayores porque, por mera suerte, no había nadie cerca del portón de cristal que reventó.
La situación en el país se descompone cada día más y la exigencia generalizada es: ¿Para cuándo el periodo extraordinario? ¿Cómo pueden descansar y seguir tan tranquilos mientras la agitación social crece? Si toda esta tira de evidencias que hemos presentado no son suficientes, entonces no vemos cómo se podrá evitar el estallido social en el 2018.
Más irresponsable parece la actitud en el Congreso de la Unión cuando vemos que ellos tienen el panorama completo de lo que pasa en torno al tema de los huachicoleros y el robo del combustible. Los datos concretos los han aportado ellos desde tribuna:
“Comunidades enteras del estado del Puebla viven del delito, del robo y nadie dice nada, lo ven como algo normal. Por eso alarma esta base social y preocupa la tolerancia al delito; no debemos permitir eso, hay que reflexionar y hacer un exhorto al poder Ejecutivo para que cumpla con su deber”: diputado Macedonio Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
“Este tema se ha dejado crecer por más de una década. En 2009, se registraron 13 mil 259 millones de litros de hidrocarburos perdidos y, en 2012, aumentó a más de 18 mil millones, lo que equivale a más de 62 mil millones de pesos”.
“En 2016, el robo de combustible se incrementó de manera alarmante al registrar 30 mil millones de litros. Esto sucede debido a que existe corrupción de la clase política, altos funcionarios de Pemex, personajes del crimen organizado y huachicoleros de todas las regiones para permitir el robo de combustible”: Rocío Nahle García, coordinadora de los diputados de Morena
“En los dos primeros meses del 2017, se registraron mil 646 tomas clandestinas; en promedio diario, los grupos delictivos han realizado 28 perforaciones en el mismo lapso de tiempo, “nueve perforaciones más, diarias, que el promedio en 2016”: senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Dolores Padierna Luna.
“Las pérdidas por el robo de combustible ascienden aproximadamente entre 15 a 20 millones de dólares al año”: diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI,
“Pemex pierde todos los días alrededor de 27 mil barriles diarios como resultado del robo de combustibles, que llevan a cabo las bandas de delincuencia organizada”: diputada Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del PVEM.
Si saben todo eso ¿qué esperan para actuar? Eso los hace también corresponsables.
