CIUDAD DE MÉXICO, 11 de mayo, (RADIO NET / CÍRCULO DIGITAL).- La Asamblea Legislativa reformó la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, con el fin de brindarles mejores condiciones y derechos, así como aumentar sanciones a quienes no los respeten.
El decreto, que entrará en vigor este jueves, además de adecuar la ley al cambio de nombre de la Ciudad de México, refuerza el concepto de inclusión, introduce el de Lengua de Señas Mexicana, y fortalece las sanciones a quienes transgredan los derechos y las disposiciones en beneficio de esta comunidad.
También establece la creación del Registro de las Personas con Discapacidad en la capital del país, cuyo objetivo será reunir y mantener los datos estadísticos de estas personas y de las organizaciones de la sociedad civil que colaboren en su inclusión.
Todas las personas que integren el registro contarán con una fotocredencial única, la cual contendrá la información de identificación como persona con discapacidad, que les servirá para realizar todos los trámites y servicios que ofrece el Gobierno de la Ciudad de México.
En su articulado, se incluye los Ajustes Razonables, que son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce y ejercicio pleno de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales, en igualdad de condiciones, y la denegación de estos se considerará una forma de discriminación.
Indica que el jefe de Gobierno deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos los recursos para la implementación y ejecución de la política pública derivada de la presente ley, así como impulsar la adopción de acciones para evitar las desventajas de una persona con discapacidad, para participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural.
En tanto que las demarcaciones territoriales deberán coordinarse con las dependencias y entidades para otorgar una mejor prestación de los servicios a favor de esta comunidad; formular y desarrollar programas de atención a personas con discapacidad, coadyuvar en la creación y actualización del registro y conformar el Consejo de Discapacidad en su demarcación.
La Procuraduría General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos capitalina y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales deberán garantizar el debido entendimiento de las personas con discapacidad.
También deberán contar con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, así como en la emisión de documentos en Sistema de Escritura Braille.
Esta ley indica que las dependencias de gobierno, deberán promover programas inclusivos en sus ámbitos de competencia, orientados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, con personal capacitado en su atención.
Las reformas indican que queda prohibido cualquier tipo de discriminación contra estas personas en el otorgamiento de seguros de salud o de vida, así como en la prestación de cualquier programa o servicio médico de carácter público o privado.
Hacen énfasis en la promoción de los derechos inclusivos de esta población a la salud, la educación, el empleo, la cultura, la recreación, el desarrollo de sus capacidades artísticas, la protección de sus derechos de propiedad intelectual, al deporte, al turismo, entre otros.
Los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México deberán promover en todo momento la participación activa de las personas con discapacidad o sus representantes en los órganos o mecanismos de consulta, sobre todo en los que se tomen decisiones relativas a su comunidad.
Con este decreto se crea el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (antes Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal), cuyo objeto es coadyuvar con el Ejecutivo local, las dependencias y los jefes delegacionales, a la integración de este sector.
El instituto podrá sancionar el incumplimiento de esta ley con amonestación con apercibimiento; multa; clausura temporal o permanente, parcial o total; y las demás que señalen las leyes o reglamentos en la materia.
Entre las sanciones se agregan multas de al menos 200 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente por incumplir con los requerimientos de adecuaciones físicas de señalización, acceso, permanencia para las diversas discapacidades.
