Gobernadores tendrán “manga ancha” en finanzas públicas, con Reformas a la Ley de Disciplina Financiera

Ciudad de México a 17 de Noviembre (CÍRCULO DIGITAL).-Las modificaciones a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios –dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y avaladas por el PRI, PAN y PRD, así como sus aliados– abiertamente permitirán a los gobiernos estatales hacer lo que quieran con el presupuesto público y son resultado de negociaciones entre estos partidos con miras al proceso electoral del próximo año, advirtieron legisladores federales de Morena.

“Se votó una ley que va a dar más ‘manga ancha’ a los gobernadores de este país para que sigan haciendo lo que se les pegue la gana con las finanzas públicas; para que no amorticen deuda; para que no inviertan en obra pública; para que puedan contratar más personal”, reclamó el diputado Vidal Llerenas Morales.

Al presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena al respecto, destacó que hace dos años el Congreso de la Unión aprobó cambios a dicha legislación, y que hoy se hace sin razón alguna, ni diagnóstico ni debate. Esta ley, abundó, se creó con la idea de racionalizar la administración financiera de los estados, pero hoy se quiere dar marcha atrás a un ordenamiento que ni siquiera se ha aplicado.

“En ese momento, todo mundo se rasgaba las vestiduras –creo que alguien por ahí lloró– del enorme endeudamiento de las entidades federativas. Claro, el causado por (Javier) Duarte, por el otro Duarte (César), (Roberto) Borge y toda esa bola de pillos que andan por ahí”, puntualizó.

Apuntó que esta aprobación la hace un Congreso de la Unión irresponsable, porque en México las leyes se ponen a negociación por las fuerzas mayoritarias. En este caso, dijo, acordaron sacar adelante la Ley de Disciplina Financiera durante el proceso del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, como moneda de cambio para los gobernadores.

“Entonces no hablemos de responsabilidad; entonces no hablemos de finanzas públicas sanas; entonces no hablemos de que lo que queremos es impedir que Duarte, el otro Duarte, y que toda esa bola de gobernadores ladrones no sigan endeudando a este país. Ustedes serán los responsables, ustedes tienen que dar la cara”, subrayó.

Antes, el diputado Juan Romero Tenorio presentó una moción suspensiva al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con la advertencia de que las reformas propuestas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios harán más laxa la fiscalización para que éstos puedan contraer deuda de manera libre y sin restricciones.

El legislador federal de Morena resaltó que la ley aprobada en noviembre de 2015 disponía el establecimiento de reglas sobre las finanzas de los estados. “Esto en cuanto a obligaciones que estaban contrayendo en forma irresponsable, y establecer un sistema de alertas que vinculan el nivel de endeudamiento con la capacidad de pago y sobre todo transparentar el gasto”.

Sin embargo, lamentó, con estas reformas se pretende relajar todo ello, sin importar el nivel actual de la deuda de los estados, pero sí considerando que México está en la antesala de las elecciones presidenciales.

Por otra parte, durante la discusión en lo general del dictamen, los diputados Alejandro Ojeda Anguiano, Ariadna Montiel Reyes y Ana Leticia Carrea Hernández coincidieron en que las reformas a la Ley de Disciplina Financiera resultan irresponsables porque no se obligará a los estados con ingresos excedentes a destinarlos al pago de deuda. Al haber discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, el endeudamiento de los estados se incrementará, señalaron.

En su oportunidad, el diputado Alejandro Ojeda consideró que se abre la puerta para que los gobiernos estatales practiquen “el año de Hidalgo”, debido a que el Artículo 13 permitirá a las administraciones públicas locales hacer uso de los recursos destinados a emergencias, sin justificar el costo-beneficio de los programas sociales.

“Esto va a provocar que cada tragedia le permita a los gobernantes y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México despacharse con la ‘cuchara grande’, gastando sin mesura, regalando cubetas, escobas o cualquier tipo de enseres para el hogar, pero sin estar obligado a entregar viviendas, que es lo que la gente necesita”, protestó.

A su vez, la diputada Ariadna Montiel indicó que el autodenominado “Frente Ciudadano por México” –conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano– propuso modificaciones a este ordenamiento con el propósito de tomar ventaja electoral el próximo año.

“Aquí lo que está habiendo es un arreglo para autoadministrar los ingresos; no gastarlos, para después dejarlos a la libre disposición para usarlos en el año electoral”, denunció la también integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Ello, argumentó, porque en el Artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera se anota que éste podría dejar de operarse en caso de emergencias naturales, además porque en el Capítulo Mil se explica que el gasto de nómina de un ejercicio fiscal no podrá ser mayor al del siguiente año y, por lo tanto, las entidades van a poder gastar más en el Capítulo de Gastos Personales.

En el mismo orden de ideas, la diputada Ana Leticia Carrera ratificó la posición de Morena para establecer un marco legal más estricto que propicie mayor transparencia y vigilancia de la sociedad sobre el uso de los recursos de estados y municipios.

La legisladora federal capitalina dijo que además se debe dotar al Congreso de la Unión de las herramientas necesarias para una mayor calidad de información y mejor seguimiento al gasto, para evitar el mal uso de los recursos por parte de los gobiernos estatales y municipales.

Morena presentó reservas a los Artículos 2, 5, 13, 14, 16, 23, 26, 29, 43 y 48, así como Segundo, Tercero, Cuarto y Noveno Transitorios, en voz de los diputados Maricela Contreras Julián, Vidal Llerenas, Juan Romero, Norma Xóchitl Hernández Colín y Paola Félix Díaz.

Éstas en razón de que se suprima la discrecionalidad en el gasto de las entidades federativas y municipios; que se evite un mayor endeudamiento local, y se dejen las bases de la citada ley, tal y como fue aprobada en 2015 por el Congreso de la Unión.