CIUDAD DE MÉXICO, 14 de junio, (AZCAPO NOTICIAS/CÍRCULO DIGITAL).— El Gobierno Abierto puede hacer que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio funcione, sostuvo Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“Para colaborar en la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio se podría echar mano de los ejercicios locales de Gobierno Abierto que impulsa el INAI. El Gobierno Abierto puede ayudar a construir un México justo garantizando información pública sobre este proceso de consolidación y espacios para usarla”, manifestó.
Al participar en la presentación del Reporte Hallazgos 2016: Seguimiento y Evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México, elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) y México Evalúa, Salas Suárez dijo que las recomendaciones contenidas en el documento llaman a incorporar el Gobierno Abierto y a conjuntar el uso de la información pública con las tecnologías y la participación ciudadana.
En ese sentido, dijo que, si bien en los ejercicios locales de Gobierno Abierto no se han considerado compromisos sobre una adecuada consolidación de los sistemas de justicia penal estatales, sí se han contemplado otros relacionados con el tema, como en el caso de Veracruz, con los Registros públicos de búsqueda y localización de personas detenidas, y de personas desaparecidas y localizadas.
“Estos compromisos son un ejemplo de cómo autoridades y población pueden reconocer que la información pública es un insumo fundamental para conocer la dimensión de un problema público y para colaborar en su seguimiento”, apuntó.
El comisionado del INAI señaló que monitorear y evaluar la consolidación del Sistema de Justicia Penal podría ir más allá de un ejercicio de rendición de cuentas y convertirse en uno de colaboración entre autoridades y población, para compartir conocimientos y capacidades.
“Como bien indica el informe, sin la participación ciudadana, la socialización del nuevo Sistema de Justicia Penal no permeará en las generaciones actuales que son quienes deben apropiárselo y exigir a las autoridades que realmente funcione. Los mexicanos serán los beneficiarios del nuevo Sistema de Justicia Penal, pero previamente, desde luego, deben confiar en él”, enfatizó.
Joel Salas hizo un llamado a las 23 entidades del país que cuentan con espacios de Gobierno Abierto, a que utilicen el Reporte Hallazgos 2016 para que pueda ser replicado y se concreten alianzas entre CIDAC y México Evalúa con organizaciones de la sociedad civil locales.
“Necesitamos información pública y espacios para utilizarla para que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio dé resultados y así, recuperar la confianza de la población para que vuelva a denunciar. De esta manera, se darán pasos para proteger y garantizar el derecho humano de acceso a la justicia de todos los mexicanos”, apuntó.
El coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI dijo que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio debe funcionar como un medio efectivo de regulación y solución de conflictos para mejorar la vida social en el país.
“Por eso es muy importante vigilar la correcta implementación y consolidación de la reforma penal: no puede quedar en discurso y gasto infructuoso de esfuerzos y recursos. Es necesario difundir los resultados de este informe para que la reforma penal no pierda relevancia en la agenda pública”, concluyó Joel Salas.
En su oportunidad, Edna Jaime, directora general de CIDAC y México Evalúa afirmó que la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio va a requerir de más tiempo, con nuevas reformas legales para garantizarla, pero sin que éstas representen una contrarreforma, con el endurecimiento de normas procesales.
“La reforma al Sistema de Justicia Penal es un esfuerzo para convertirnos en un país más civilizado, más justo y por eso, no podemos caer en el desaliento ni permitir marcha atrás. No debemos ceder a la tentación del Sistema de Justicia opaco, que sirve al poder y no a los ciudadanos, hay que darlo todo para que esta reforma siga adelante”, remarcó.
En la presentación del documento participaron también, Birgit Lamm, directora regional de Latinoamérica de la fundación Naumann, que financió la elaboración del reporte; Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Miguel Sarre, académico del ITAM; y María Novoa, directora del área jurídica de CIDAC.
