LONDRES, 05 de diciembre, (AGENCIAS / CÍRCULO DIGITAL).- Por Marcela Gutiérrez Bobadilla. El equipo legal del gobierno británico acude hoy a la Corte Suprema de Justicia para revertir el fallo que establece que el parlamento debe ser consultado antes de iniciar las negociaciones de salida de la Unión Europea (UE).
El 23 de junio el electorado británico votó en un referendo para abandonar la UE con 52 por ciento contra 48 por ciento en favor de quedarse.
Sin embargo, el tres de noviembre la Corte Suprema le negó la autoridad al gobierno británico para comenzar las negociaciones de salida sin antes ponerlo a votación del parlamento.
El presidente de la Suprema Corte de Inglaterra y Gales, Lord Thomas of Cwmgiedd falló en favor de la activista y empresaria Gina Miller y de la estilista Deri Dos Santos quienes presentaron el caso en la Corte.
El fallo es visto como un revés político para la primera ministra Theresa May, quien desea iniciar las negociaciones de salida con el bloque de naciones a más tardar el próximo marzo, sin tener que someterlo al voto de los diputados.
El juez de la corte consideró en su oportunidad que los argumentos del gobierno son “contrarios a los principios constitucionales de la soberanía del parlamento”.
Hoy, el gobierno británico apelará la decisión de la Corte en el primer día de cuatro audiencias en las que los once jueces escucharán los argumentos del equipo de abogados del gobierno británico, encabezados por el abogado Jeremy Wright.
El artículo 50 del Tratado de Lisboa que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009 estipula que cualquier país miembro puede abandonar la Unión Europea en un periodo de dos años.
El periodo de dos años comienza a partir de la notificación de la salida a Bruselas, pero el Consejo puede decidir de manera discrecional prolongarlo.
La Corte Suprema emitirá su decisión en enero para determinar si el gobierno puede activar el artículo 50 para iniciar la salida del organismo europeo sin consultar a los representantes populares.
La decisión tendrá implicaciones políticas para May ya que podría retrasar sus planes para iniciar las negociaciones de salida de la UE, programadas para marzo de 2017.
Además, este revés legal extiende aún más el periodo de incertidumbre política y económica que propició el sorpresivo resultado del referendo en favor del Brexit -término en inglés para referirse a la salida del bloque de naciones.
