Gobierno local debe cumplir programa de educación superior en centros penitenciarios femeniles: Morena
CIUDAD DE MÉXICO, 20 de octubre, (ATIZAPÁN HOY/CÍRCULO DIGITAL).— Debido a que en un periodo de 10 años sólo se han podido titular dos mujeres que se encuentran en centros de readaptación social de la Ciudad de México, el Grupo Parlamentario de MORENA urgió a la Secretaría de Gobierno capitalina a cumplir con el programa de educación superior en los centros penitenciarios femeniles.
La vicecoordinadora del grupo parlamentario, Beatriz Rojas Martínez, informó que de 352 personas privadas de la libertad que cursan sus estudios universitarios, sólo 27 son mujeres, de las que 26 son del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha y de Tepepan una.
La legisladora resaltó que el Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social del Distrito Federal establece que las y los aspirantes en reclusión deben obtener una matrícula de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) para cursar una de las tres licenciaturas que se ofrecen, como parte del convenio entre la UACM y la Secretaría de Gobierno celebrado en el año 2005.
El artículo 18 constitucional, indicó, obliga al Estado a garantizar el goce efectivo para todas las personas, incluyendo a las que se encuentran privadas de la libertad, pues el hecho de permanecer en reclusión no limita el ejercicio de todos sus demás derechos. Las carreras de Creación Literaria y Ciencia Política, Administración Urbana y Derecho, deben estar a disposición de mujeres y hombres en los penales, expresó.
Destacó que derivado del foro “La doble discriminación de Género en la Ciudad de México, Mujeres en Reclusión, Embarazo Adolescente y Mujeres en el Ámbito Rural”, se desprendió la necesidad de evitar la repetición de los roles tradicionales y dotar a las mujeres de herramientas que les permitan acceder a la educación. Ello, para evitar de esta manera la doble discriminación que padecen al estar recluidas.
Por lo anterior, solicitó que se cumpla con la normatividad para proteger a las personas y grupos que por diversas circunstancias son más susceptibles a sufrir violaciones a sus derechos humanos. La Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal, mandata que la Administración Pública local debe proporcionar las instalaciones y recursos necesarios para el cabal cumplimiento de los objetivos del Sistema Penitenciario, entre ellos la educación básica, media superior y superior.
La asambleísta señaló que de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la Secretaría de Gobierno de la ciudad normar, operar y administrar los reclusorios, centros de readaptación social y centros de internamiento y tratamiento para adolescentes, por lo que llamó a la titular de dicho órgano, Patricia Mercado, apoyar la educación de las internas para su futura reinserción social, finalizó.
