CIUDAD DE MÉXICO, 17 de mayo, (AMPRYT / CÍRCULO DIGITAL).- A un año de que el Ejecutivo federal se reuniera con la comunidad LGBTI, representantes de varias organizaciones civiles coincidieron en que aún hace falta un trabajo interdisciplinario para reducir los actos de discriminación que sufre ese sector de la población, sobre todo en el interior del país.
«Si hemos avanzado, pero no lo suficiente», comentó Jaime Morales, integrante de Movimiento por la Igualdad, al señalar que las autoridades tienen «una gran deuda» con las personas de los estados.
Esto porque en el interior del país son crecientes los actos de desigualdad, discriminación, odio y violencia a raíz del rechazo a su identidad de género u orientación sexual, apuntó.
De las propuestas del presidente Enrique Peña Nieto, señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo los cambios pertinentes para que la comunidad trans pudiera obtener un pasaporte, sin embargo, el trámite es solo posible en la Ciudad de México.
La cancillería también logró que México se uniera al Grupo Núcleo de las Naciones Unidas que impulsan los derechos de las personas lésbico-gay, en el cual participan otros 19 países de distintas regiones.
En el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, el director general de Letra S, Alejandro Brito Lemus, puntualizó que en materia de educación hay mayor rezago en el reconocimiento de los derechos de esa población.
Expuso que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no hizo nada para incluir los contenidos de diversidad sexual en currícula escolar, pues la movilización de grupos antiderechos y fundamentalistas (Frente Nacional por la Familia) vertió una opinión pública equivoca al respecto.
En cambio, indicó, la Secretaría de Salud avanza en la creación de un protocolo de atención a personas LGBTI que resulta relevante para las personas transgénero e intersexuales que requieren intervenciones muy particulares. Se espera que en las próximas semanas pueda darse a conocer.
Bajo esta perspectiva, Brito Lemus consideró que «ha habido una respuesta desigual por parte de las instituciones» del gobierno federal.
No obstante, resaltó la importancia de que el Ejecutivo Federal se haya reunido con líderes del colectivo Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI) el 17 de mayo pasado y, con ello, enviar un mensaje a la ciudadanía sobre los derechos de estas personas.
El promotor de los derechos humanos opinó que ese hecho permitió además abrir puertas con la Procuraduría General de la República (PGR), dependencia que trabaja en protocolos y mecanismos de información para hacer visibles los casos de crímenes de odio.
Respecto a la revisión de las leyes para identificar contenidos discriminatorios que hará el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Gloria Careaga Pérez, de la Fundación Arcoíris, comentó que es un trabajo que demanda muchos años.
De acuerdo con Conapred, en la plataforma «México sin discriminación» se recibieron casi dos mil propuestas para modificar las leyes federales, estatales y municipales.
Subrayó que es una iniciativa relevante porque busca proteger los derechos de todos los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, «pues sabemos que la cultura de derechos es incipiente todavía y debemos fortalecerla de distintas maneras».
Careaga Pérez afirmó que el gobierno federal ha tenido una respuesta positiva y ha abierto posibilidades para atraer el tema LGBT a la mesa de las políticas públicas para discutir cuál es la condición de esta comunidad, a fin de apoyarlas.
Pero, dijo, es necesario fortalecer a las organizaciones de todos los estados del país para que tengan mayores herramientas en la promoción de los derechos humanos.
«Hay que trabajar en las legislaciones de los estados porque cada uno tiene problemáticas distintas», insistió Morales.
