Incongruencia señalar a Trump como una amenaza y bloquear iniciativa del Presidente Peña en materia de matrimonio igualitario: Diputada Dunia Ludlow
CIUDAD DE MÉXICO, 10 de noviembre, (VIBRACIONES CAPITAL/CÍRCULO DIGITAL).— Todos los mexicanos sin excepción de raza, sexo, situación económica, preferencia sexual, ideológica, religiosa o que cuenten con alguna discapacidad, deben contar con los instrumentos legales que permitan la materialización de sus derechos fundamentales, por lo que la decisión de la Comisión de Puntos Constitucionales y particularmente del PRI, de votar en contra y desechar el dictamen que abriría la puerta al matrimonio igualitario, responde a una actitud retrógrada que la sociedad mexicana no debe permitirse.
Lo anterior, lo afirmó la Diputada Dunia Ludlow, un día después de que en la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales desecharon el dictamen que proponía incorporar, en el primer párrafo del artículo 4º de la Carta Magna, la posibilidad de que cualquier persona pueda contraer matrimonio.
«Ver como una amenaza a Trump y bloquear la iniciativa del presidente Peña Nieto, es una total incongruencia», sentenció la asambleísta que, además de ser referente en los temas de género, preside la Comisión de Vivienda y es integrante de la Comisión de transparencia.
Bajo el argumento de que corresponde a cada entidad legislar en materia civil y por ende definir si pueden o no personas del mismo sexo consolidar su relación de manera legal, los integrantes de la Comisión en la que legisladores priístas votaron en contra del proyecto, descartaron la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto.
“Seguí de cerca la reunión de la Comisión y reconozco el trabajo de mis compañeros de partido, la Diputada Ivonne Ortega, así como de Benjamín Medrano, quienes, conscientes de la exigencia ciudadana y convencidos de que vivimos en un país de libertades, respaldaron el proyecto de nuestro Presidente”, expresó la Diputada.
También hizo un llamado a sus compañeros de partido en San Lázaro, para que reconsideren su postura, toda vez que la intención del proyecto enviado por el Ejecutivo era desmontar, desde el ámbito federal, las resistencias que prevalecen para garantizar a la ciudadanía en general sus derechos fundamentales.
Es obligación de los representantes populares generar leyes que sienten las bases para que el Estado garantice los derechos fundamentales de todas las personas sin excepción, concluyó.
