Informarán sobre indemnizaciones por el nuevo aeropuerto

El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), concluyó que sí es viable entregarlos, porque acreditan la autorización y entrega de una gratificación a una particular, a cambio de no ocupar o bien desocupar un predio en la zona conocida como «Los Tlateles», en Texcoco y Chimalhuacán.

Los comisionados aprobaron la propuesta de la comisionada presidente, Ximena Puente de la Mora, quien encontró improcedente la reserva que la Sedatu pretendió hacer de los documentos respectivos, bajo el argumento de que en caso de entregarlos, podrían ser usados para enderezar juicios de amparo contra la dependencia.

Al presentar el caso a sus colegas, la comisionada Puente de la Mora explicó que por medio del decreto número 297, el gobierno del Estado de México desincorporó del patrimonio inmobiliario estatal, el inmueble identificado como “El Moño“ o “Los Tlateles”, donándolo al gobierno federal.

Pese a ello, la Sedatu reservó la información, bajo el argumento de que al respecto hay varios juicios ordinarios civiles, e incluso la Oficilía Mayor localizó la póliza del cheque PECHS-VIII-552, por 179 mil 999 pesos, por concepto de apoyo económico por saneamiento jurídico de la zona conocida como “Los Tlateles”.

Ya en una diligencia posterior, la Secretaría indicó que, de otorgar acceso a la información, los particulares podrían ostentarse como propietarios y, en su caso, presentar juicios de amparo indirectos, mediante los cuales pudiesen obtener una suspensión provisional, lo que podría interrumpir las obras de construcción del nuevo aeropuerto.

El argumento fue compartido por la Secretaría de Gobernación, consultada como tercero interesado, ya que fue esta última dependencia, la encargada de negociar con los particulares y organizaciones la entrega de los apoyos económicos por desocupación y no ocupación de terrrenos.

De acuerdo con la respuesta a la solicitud, entregar la información comprometería la seguridad de la Federación, pues «se podrían generar actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico».

Pese a tales argumentos, la comisionada Puente de la Mora encontró que en otro recurso de revisión, el RDA 0528/16, la Sedatu hizo una precisión sobre el oficio por el que instruye hacer los pagos correspondientes.

Incluso, manifestó que “sólo en el caso de aquellos beneficiarios de apoyos por las áreas remanentes, existen seis oficios de la Segob, correspondientes a las personas que fueron listadas por las asociaciones que requirieron el pago de dichos apoyos”.

Además, se indicó que ninguna de las causales de reserva son corresponden a la realidad, ni a los argumentos dados en principio por la Sedatu y secundados por la Segob, si bien el INAI reconoció que los documentos que dan respuesta a lo solicitado, contienen datos personales y por lo tanto se deben elaborar versiones públicas.

Así pues, la Sedatu debe entregar la versión pública del expediente a nombre del particular y los oficios UEFCEF/DGDZC/214/025/2014, de fecha 29 de julio de 2014, suscritos por jefa de departamento de Verificación y Validación Documental de la Segob dirigidos al director general de Programación y Presupuestación de Sedatu, a favor del particular.

Pero en virtud de que la particular es parte de los beneficiarios de los apoyos económicos entregados por la dependencia, ésta deberá entregar versión íntegra de los documentos solicitados, en las cuales, en su caso, únicamente deberá testar aquellos datos de terceros que no corresponden a la beneficiaria.