CIUDAD DE MÉXICO, 15 de octubre, (MOMENTO INFORMATIVO / CÍRCULO DIGITAL).- La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una circular roja para localizar y detener al exgobernador Guillermo Padrés, del estado de Sonora, como «prófugo buscado para un proceso penal», informaron medios locales.
La notificación fue emitida a más de 190 países para localizar, detener y, en su caso, extraditar a Padrés, a quien la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) investiga por la probable comisión de diversos delitos durante su gestión (2009-2015).
Algunos medios publicaron una imagen de la ficha roja, que incluye la leyenda «Exclusivamente para uso oficial» así como fotografías de Padrés, y advierte que este pudiera desplazarse a Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y Europa.
Los reportes periodísticos indican que un juez federal concedió a la PGR una orden de aprehensión contra Padrés para que responda por los delitos de defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han confirmado oficialmente la orden de aprehensión ni la ficha roja de Interpol.
El pasado 12 de octubre, el Partido Acción Nacional, suspendió provisionalmente los derechos partidistas del exgobernador «en tanto se llevan a cabo las investigaciones por las acusaciones de probables delitos» por parte del aún militante.
La Procuraduría de Justicia de Sonora entregó a la PGR en noviembre de 2015 un expediente que documenta la posible comisión de diversos delitos por parte de funcionarios del gobierno de Padrés.
Varios excolaboradores de Padrés han sido detenidos desde que la actual gobernadora Claudia Pavlovich, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asumió la administración estatal en septiembre de 2015 con la promesa de combatir la corrupción.
La noticia sobre Padrés llega al final de una semana en que el gobernador del estado oriental de Veracruz, Javier Duarte, del PRI, abandonó el cargo el miércoles para «enfrentar las denuncias» en su contra por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión iniciada en 2010.
La PGR asumió en septiembre pasado las investigaciones contra el entonces gobernador por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
