En Otro Canal
Armando Reyes Vigueras
Si algo ha hecho el caso de Emilio L. es revivir la esperanza de muchos en que ahora sí se hará justicia y se castigará a exfuncionarios de gobierno por actos de corrupción. Eso fue una motivación para votar en 2018 por López Obrador, quien ahora como presidente ha declarado que no se permitirá la corrupción –además de declarar que ésta ya terminó, aunque luego diga que no–, pero como dice el clásico “que no haya ilusos para que no haya desilusionados”, este caso podría pasar a formar parte del enorme libro de oportunidades perdidas que tenemos en este rubro.
Que siempre no
Hablar de justicia en nuestro país es también traer a colación a lo que parece ser su otro lado en esta moneda: la impunidad.
Se sabe que la corrupción no es un asunto de individualidades, sino de complicidades, por lo que pocos son los que reciben castigo.
Varios son los ejemplos de cómo algún chivo expiatorio es quien sufre las consecuencias, mientras los cómplices gozan de libertad. Rosario Robles está en la cárcel por omisiones respecto a lo que se conoce como la Estafa Maestra, ¿y los demás, fue la única funcionaria que permitió esos delitos?
En Tabasco, la opinión pública local ha enjuiciado al exgobernador Arturo Núñez Jiménez, y con sobrada razón, pero –como relata en su columna el colega Rodulfo Reyes– “la revelación del Órgano Superior de Fiscalización de Tabasco (OSFT) que en septiembre concluirán las auditorías al DIF, cuya responsable legal fue la exprimera dama, y la filtración de que la susodicha presuntamente habría saqueado cerca de mil millones de pesos, parece ser un indicio de que un sector del gabinete quiere exigirle cuentas a la pareja. La protección que se le estaría dando al perredista que dejó al estado en la peor crisis económica de su historia viene de muy arriba. Y esto no es un secreto bien guardado en las altas esferas del poder: el 23 de agosto de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina ofrecida en la 30ª Zona Militar de esta ciudad que no se iba a perseguir a Núñez, pues él no era dado a las venganzas políticas”.
Así, la justicia queda supeditada a la política.
Un ejemplo en este sentido es la declaración de que se enjuiciaría a los expresidentes, sólo si el pueblo lo quiere y lo hace saber mediante una consulta; de nada sirve considerar que los supuestos delitos por los cuales se les podría llevar a juicio ya prescribieron, a menos que se esté pensando en que serían llevados al banquillo de los acusados por temas como empobrecer al pueblo y demás, algo que abriría la puerta para que en 2024 se vuelva sobre este camino y se enjuicie a un par de funcionarios por permitir que miles de mexicanos murieran por un virus o, también, empobrecer al pueblo y generar millones de desempleados.
Pero no son los únicos ejemplos de este tipo de justicia.
Todavía se recuerda como en televisión, y ante la sorpresa del principal involucrado, se difundieron una serie de videos en los cuales se aprecia a quien en ese momento era diputado local y ex secretario particular del jefe de gobierno de la capital del país, recibiendo fajos de billetes de un empresario argentino vinculado con temas de construcción de obra pública.
En esa misma época, pudimos ver al secretario de Finanzas de la capital jugando en Las Vegas, presuntamente con recursos dados por el mismo empresario, algo que el sueldo del funcionario no podía sufragar.
El jefe de gobierno, actualmente presidente, negó conocer las actividades de sus subordinados y se deslindó de los hechos. Posteriormente, luego de ganar las elecciones presidenciales denunció que nada se hace, en materia de corrupción, sin que el presidente –y suponemos que el jefe de gobierno o el gobernador– no supiera, pues ese tipo de delitos se hacían con autorización del superior jerárquico.
Y saben quien puede jugar con esa carta, pues el mismísimo Enrique Peña Nieto, quien –de acuerdo a Carlos Loret de Mola en su columna– envío un mensaje a Palacio Nacional respecto a que si lo llaman a declarar acudirá para decir que: “Lozoya se va a enredar en sus propias mentiras. Que él nunca supo de los millones de dólares de Odebrecht a su campaña presidencial de 2012, y que si Emilio Lozoya pidió y recibió dinero para eso y otras cosas, fue a título personal”.
¿Les suena conocido?
De acuerdo al Índice Global de Impunidad México 2018 que elabora la Universidad de las Américas-Puebla, el indicador es de 99.3% pues “solamente se denuncian de 5 a 4 delitos por cada 100 que se cometen en el país”.
La impunidad que más indigna a los mexicanos es la que gozan los altos funcionarios vinculados a la corrupción. Eso se demostró en las elecciones de 2018, pero no se avanzará en tanto que la justicia se vincule a los objetivos políticos de los gobernantes en turno, pues mientras las denuncias que se han presentado en contra de funcionarios del actual gobierno son desestimadas, las acusaciones sin pruebas son el pan de cada día de las mañaneras.
Es tiempo de terminar con la corrupción, sí, pero también con esa justicia a la mexicana.
