La prioridad: resolver el gravísimo diferendo
Aceptar que la reforma tiene que revisarse
El diálogo entre el gobierno federal, representado por Miguel Angel Osorio Chong, secretario de gobernación, y profesores representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, está garantizado por una organización de derechos humanos que ha mediado en varios conflictos de gran envergadura.
La Conamed (Comisión Nacional de Mediación) está integrada por ocho defensores de derechos humanos, abogados y académicos especializados en Derecho Indígena y luchadores sociales. Está presidida por Miguel Álvarez Gándara, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y presidente de Serapaz, e integrada por Pietro Ameglio, Jorge Fernández Souza, Magdalena Gómez, Enrique González Ruiz, Dolores González Saravia, Gilberto López y Rivas, y Pablo Romo Cedano, quienes han mediado en otros conflictos como el movimiento zapatista o en San Salvador Atenco.
La presencia de esta organización de mediación en conflictos da garantía de que tanto el gobierno como los maestros disidentes están tomando en serio el diálogo. Así quiero pensar hoy. Conozco a varios integrantes de la Conamed y su hoja de vida llena de actividades a favor de los derechos humanos.
Personalmente conozco a Miguel Álvarez Gándara, quien tuvo una participación directa muy significativa durante los diálogos de paz entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal, cuya delegación estaba encabezada por el desaparecido político Manuel Camacho Solís. En esos diálogos, iniciados en La Catedral de la Paz (así fue bautizada por reunirse ahí los beligerantes) hubo acuerdos muy importantes, y luego en los Diálogos de San Andrés, acuerdos como las autonomías indígenas, que el gobierno no cumplió, pero los indígenas se desarmaron y se pudieron a trabajar en programas de desarrollo económico, educativo, cultural, de salud, entre otros, y los gobiernos posteriores a los diálogos respetaron, en lo general, aunque ha habido provocaciones en contra de los pueblos indígenas adheridos al movimiento neozapatista.
Hay pues esperanzas de que este diálogo entre Osorio Chong y los maestros disidentes pueda tener conclusiones positivas. Hay mucho que revisar, que recomponer, que cambiar, en el contenido de la reforma educativa.
Como bien lo advirtieron a El Universal académicos y especialistas en el sector educativo, quienes señalaron que, al abrirse esta posibilidad de diálogo, se debe hacer un alto en el camino para revisar las leyes generales del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que conforman la reforma educativa.
Ángel Díaz Barriga, profesor emérito de la UNAM, y Roberto Rodríguez Gómez, también investigador de la UNAM, coincidieron en que, si ambos lados mantienen las posiciones irreductibles que han tenido hasta el momento, no terminará el conflicto. Díaz Barriga consideró que es momento de revisar la reforma educativa.
“Una salida sería que la autoridad tuviera la sensatez, que trabajara en conjunto con la coordinadora para pedir al Senado y a la Cámara de Diputados modificaciones a la ley.
“No estoy pidiendo ‘no a la evaluación’, sino una legislación que haga que la evaluación sea una actividad considable”, señaló. Rodríguez Gómez dijo que la exigencia del gobierno federal de que la CNTE acepte la reforma como condicionante para sentarse a dialogar, es una estrategia beligerante de presionar al magisterio y que no ha dado resultados.