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FRANCISCO RODRÍGUEZ
Cualquier control de daños, aunque sea sesgado, arrojará como resultado indudable que el paso de los tecnócratas de huarache por los gobiernos mexicanos significó la destrucción del Estado nacional. Este es un crimen organizado y maquinado por gentuza despreciables que no tiene perdón ni debe tener olvido.
Se trata de un asunto de la peor gravedad delictiva, porque sacrificó las necesidades del interés superior de la Nación, desangro a la patria, arrasó con los principios históricos y tiró al caño de la historia cualquier proceso de reivindicación colectiva. Alguien o todos deben de pagar. Es ineludible e imprescriptible. Nadie tiene derecho a dejarlo pasar.
Atentar contra los mexicanos debe tener un costo en términos nacionales, internacionales y de humanidad. No se puede argumentar que se hizo buscando objetivos mayores, porque los abusos y agravios cometidos contra la población se hicieron en comandita con el imperio estadounidense que dictó los guiones. Los mandaderos ejecutaron a ciegas y a tambor batiente.
En resumidas cuentas se trata de una vil traición a la patria, asestada sobre nuestras espaldas por mamarrachos locales que antepusieron el interés extranjero a los reclamos nacionales. Que faltaron a su deber constitucional de proteger el bien público, que acabaron hasta con la esperanza colectiva de confiarles su destino.
Destruyeron el Estado en lo jurídico, en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo político. El resultado es un nuevo sistema que en base al control de riesgos y la toma de decisiones estratégicas tiene que remontar en la profunda desventaja la acción de estos mentecatos mensajeros y verdugos de la Nación.
Aplicar la justicia sin hipocresías ni crudas morales que valgan
No es una actitud vindicativa la que espera el pueblo con dos dedos de frente en todo el territorio nacional, se trata de la simple aplicación de la justicia, ya que se trata de delitos contenidos en toda la legislación, vigentes cuando se cometieron los desaguisados. Es recuperar la fuerza necesaria para hacer valer la ley y el decoro.
Debe ser la respuesta de la conciencia nacional ante sus agresores. La defensa de la soberanía y la dignidad patria es lo que está en juego. No se trata de summum ius summa iniuria, se trata de recuperar la vergüenza para cobrar a tiempo las cuentas de las víctimas, el recuerdo de los agraviados, vejados, asesinados, masacrados, por aplicar las recetas extranjeras.
Las acciones deben ser sin hipocresías ni crudas morales que valgan. Porque se trata de presidentes impostores y fantoches del pasado reciente que realizaron las conductas a ciencia y paciencia, no engañados por su ingenuidad. Se trata de auténticos delincuentes y asesinos seriales que todavía quieren hacer más daño…
… apoyados por el dinero que amasaron indebida y fraudulentamente a costillas del pueblo, y lo usaron y siguen usándolo para destruir las bases de la convivencia y aún los programas que tratan de imponerse contra la vesania y la molicie de sus ejecutores. Están convencidos que la ley no los puede tocar.
A diario nos amenazan huachicoleros, narcos, asesinos, sicarios…
El pueblo, mayor de edad, está consciente y preparado para dar y aceptar el veredicto. No hacer algo en contra de sus verdugos, nos pondría en una situación de indefensión peor que la anterior, porque el Estado al no reaccionar ante los agravios, quedaría como un pasmarote inservible para defender las mejores causas del pueblo.
Simultáneamente, ellos se burlarían e insistirían en sus traiciones. No debe dejarse pasar la oportunidad de recuperar la memoria histórica de los últimos cuarenta años, porque todavía vivimos en peligro. Una Nación con más de cien millones de pobres clasificados por todos los organismos del mundo no puede ser impasible, como si nada hubiera ocurrido.
Las amenazas cotidianas de huachicoleros, narcotraficantes, asesinos, sicarios, financieros de las actividades punibles, acaparadores de la desgracia, gobernantes de la ignominia, simuladores de la política, huehuenches y prestanombres del poder extranjero están a la carta. No pueden irse de rositas por la vida.
Nos dejaron en el fondo de un abismo sin paralelo en la historia
La misma posición de ventaja desde la cual acribillaron y robaron a su pueblo, parece ser la que los cobija. Esto no puede permanecer impune, menos puede desempeñarse en la complicidad del aparato que debe juzgarlos y condenarlos. Ninguna sociedad del mundo se explicaría tamaña actitud. El que la hace la paga, aquí y en China.
Nos dejaron en el fondo de un abismo que no tiene paralelo en la historia reciente del país, tal vez ni en el remoto pasado. No sólo estamos a la cabeza de la lista de los más corruptos, también lo estamos en los estándares de productividad, competitividad, educación, vivienda, salud y en los rangos mínimos de bienestar.
No podemos vivir en un Estado de mentiritas que perdone estos crímenes mayores, porque todos se reflejan en el nivel de miseria, hambre, agravio y atraso que costará la acción de muchas generaciones remontar y estar en condiciones de volver a alcanzar lo que alguna vez fuimos.
600 parches a la Constitución para llevar a cabo el gran atraco al país
La expectación y la burla de las naciones civilizadas está sobre nosotros. No se explican allá afuera por qué no se actúa de inmediato, pues es palpable el daño infligido a los mexicanos. El concierto internacional europeo, asiático y africano exige una explicación creíble, pues la impunidad mexicana puede causar también otro «efecto tequila» en la comunidad.
Al interior, la gente de bien también lo exige, antes de que sea demasiado tarde. El efecto de empobrecimiento causado en los negocios medianos y pequeños, en las factorías manufactureras, en las cadenas de producción y distribución, en el poder adquisitivo de los ciudadanos les ha afectado en grado superlativo.
Y es que, al sacrificar el mercado interno para favorecer las importaciones se causó un desastre económico del que nadie está a salvo. Todos los niveles de vida fueron afectados, excepto el del uno por ciento de privilegiados y favorecidos por concesiones, prebendas y devoluciones fiscales que ahora se invierten en España, fundamentalmente.
Un hueco de 20 mil millones de euros, equivalentes a las devoluciones fiscales, del impuesto sobre la renta y sobre valor agregado, concesiones graciosas del SAT neoliberal, es el que está siendo utilizado en aquellas tierras para oprobio y vergüenza nuestra. ¡Jamás se imaginaron en aquella península que hubiera tanto efectivo en México!
Seiscientos parches constitucionales para llevar a cabo el atraco innombrable, lo atestiguan. El desmantelamiento de la capacidad productiva nacional, el abandono del campo y las posibilidades de alimentación popular, la postergación de la justicia urbana, la masacre de casi medio millón de inocentes en su gran mayoría, no pueden esperar ni perdón, ni olvido.
Castigo a la brevedad a los responsables, cuestión de alto Estado
La seguridad estratégica de la Nación, basada fundamentalmente en la necesaria aplicación de la ley en las mismas condiciones para todos, no es algo que pueda sobrevivir si no se actúa. Se trata de una cuestión del más alto Estado y de la mayor verdad.
¡Contra ella, nadie debe poder! ¡A favor de ella, todos!
¿No cree usted?
Índice Flamígero: Un día como hoy, 10 de enero, pero de 1989 Carlos Salinas de Gortari aplicó «la justicia» al estilo pripanista. Por órdenes suyas, tras asumido la presidencia apenas 40 días antes bajo fuertes sospechas de fraude electoral y por tanto de ilegitimidad, fuerzas militares y judiciales aprehendieron a Joaquín Hernández Galicia. Este hecho de golpe de timón y de enviar la señal de quien tiene las riendas de mando se le conoce en el lenguaje político mexicano como quinazo. Además de legitimar la presidencia, a ojos de la mayoría de la población, Salinas de Gortari obtuvo con el quinazo el control del sindicato petrolero y de los recursos que, para obras sociales, había atesorado en las arcas sindicales Hernández Galicia. Las causas para la persecución de Hernández Galicia se encuentran en que se oponía a las políticas de privatización del gobierno, calificado de neoliberal, pero sobre todo que en los distritos electorales habitados por trabajadores petroleros el opositor Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano obtuvo votaciones copiosas. Se rumoraba también que Hernández Galicia había patrocinado la publicación del libro ¿Un asesino en la Presidencia?, el cual relata el episodio donde dos de los miembros de la familia Salinas de Gortari (Raúl Salinas de Gortari y Carlos Salinas de Gortari) asesinan con un rifle calibre 22 a una empleada doméstica en su residencia en la Ciudad de México cuando eran niños, hijos del entonces prominente político mexicano Raúl Salinas Lozano. El ejército mexicano en un operativo militar irrumpió en la casa del líder sindical y en las casas de los demás miembros de la familia en Ciudad Madero, Tamaulipas. Hernández Galicia fue condenado a 35 años de prisión por posesión ilegal de armas. Junto con La Quina caerían todos sus allegados, encabezados por Salvador Barragán Camacho, acusados de acopio de armas y de asesinato en primer grado (nunca fueron acusados de corrupción o enriquecimiento ilícito, delitos que serían más fácilmente demostrables ante la justicia). La Quina, Barragán y otros 30 petroleros fueron encarcelados y destituidos de todos sus cargos en el sindicato petrolero, desplazados por un nuevo liderazgo esta vez encabezado por Sebastián Guzmán Cabrera para ocuparla 4 años después por Carlos Romero Deschamps. Hernández Galicia fue amnistiado en 1997. Falleció el 11 de noviembre de 2013 en Tampico, Tamaulipas.
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