Análisis a Fondo
FRANCISCO GÓMEZ MAZA
· La CNDH, el PT y Morena promueven acción de inconstitucionalidad
· La Ley de Seguridad Interior, un peligro para los derechos humanos
El gobierno de Peña tendrá, en su recta final, muchos dolores de cabeza por la inconstitucionalidad de la aprobada, a contra pelo, Ley de Seguridad Interior, que sólo ha dejado satisfechos a los diputados y senadores que la aprobaron, pese a que una importante porción de la sociedad civil, encabezada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la oficina de derechos humanos de la ONU, está en desacuerdo con ella por ser un gravísimo riesgo de que elementos de las fuerzas armadas inventen pretextos para violar los derechos humanos de la población civil, algo así como lo que ocurre en un país en estado de sitio.
No exagero si afirmo que si sin la legalización del papel del ejército y la marina en la lucha contra las bandas de la delincuencia organizada, ocurrieron violaciones de los derechos humanos y, cotidianamente, en todo el país, el peligro de que las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, por mencionar sólo tres prácticas extralegales, se generalicen y tomen carta de legitimidad, al amparo de la Ley cuestionada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos a las que ahora se suman partidos de izquierda como el Partido del Trabajo y Morena, el arrasador de las preferencias electorales para las elecciones presidenciales, por encima del PRI y de la alianza PAN-PRD.
Inusitadamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada por Luis Raúl González, se encuentra como orquestadora de la oposición a la Ley de marras. Este fin de semana informó que analiza un estudio para promover una acción de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior aprobada el viernes 15 por el Congreso de la Unión y exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a que formule observaciones a esta norma.
De acuerdo con el artículo 105 constitucional, las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución deben ser ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ombudsman recordó que el Ejecutivo tiene esta atribución que se detalla en el artículo 72 de la Constitución, y consideró que la seguridad es posible y compatible con el respeto a la dignidad humana, así como a las libertades y derechos que dan sustento a las instituciones democráticas del país.
Simultáneamente, grupos de ciudadanos se manifestaron en contra de la aprobación de la Ley y exigieron al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ejercer su facultad de veto. Unas mil personas se reunieron en la Estela de Luz desde las 12 horas de este domingo, convocadas en las redes sociales, para caminar hacia la residencia presidencial de Los Pinos, donde solicitaron ser recibidos por el presidente Peña Nieto para exponerle sus argumentos en contra de la ley. Al no ser recibidos por el presidente, la mitad del contingente se retiró y la otra mitad marchó de regreso a la Estela de Luz, donde decidieron continuar hasta el Hemiciclo a Juárez. Ahí, acordaron volver a convocar vía redes sociales para volver a manifestarse en contra de la Ley, el próximo miércoles a las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia.
Voceros de os partidos políticos de la izquierda – PT (Partido del Trabajo) y Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) – informaron a la prensa que, al tiempo que lo hace la CNDH, alistan acción de inconstitucionalidad contra Ley de Seguridad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El dictamen de la ley representa un riesgo para los derechos humanos, militariza al país, atenta contra la paz social y no resuelve el problema de la inseguridad, advirtió el senador poblano, Miguel Barbosa, del Morena pero vice coordinador político del PT en el Senado. La acción de inconstitucionalidad deberá ser promovida por 43 senadores y senadoras, que son el equivalente al 33% de la Cámara Alta.
“No podemos resignarnos a que esta ley se aplique en nuestro país. Si al actual gobierno le quedara un poco de prudencia y responsabilidad, no la promulgaría; pero como eso no ocurrirá, nos defenderemos con las propias armas que nos permite la Constitución: una acción de inconstitucionalidad, que estamos seguros contará con el apoyo mayoritario de la sociedad y los organismos defensores de derechos humanos”, dijo. Barbosa.
La Ley de Seguridad Interior, estimó Barbosa, significa la violación de los artículos 21 y 89 de la Constitución, al confundir las funciones del Estado Mexicano de preservar la Seguridad Pública Ciudadana y la Seguridad Interior de sus órdenes de gobierno e instituciones. Además, violenta los artículos 21 y 129 constitucionales, al entregar en forma expresa, permanente y concentrada las actividades de Seguridad Pública a las fuerzas militares, en tiempos de paz. La Ley de Seguridad Interior “significa la potencial escalada en la violación de los derechos humanos, reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales, que obligan al gobierno de México, como impone su artículo primero”, explicó Barbosa. Esta ley representa la instalación formal de un esquema de vigilancia social mediante la inteligencia castrense; un sistema de espionaje militar, político, discrecional y sistemático, como es la práctica de las autoridades mexicanas, concluyó Barbosa.
El Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se sumó a las voces anti Ley de Seguridad Interior y la calificó de “inconstitucional”, asegurando que es “un peligro para la efectiva tutela y garantía de los derechos humanos”. En un comunicado, los integrantes del Consejo expresaron su “profunda preocupación” por el impacto que esa norma tendrá para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información en México.
“Advertimos de manera particular que habrá un obstáculo para el adecuado ejercicio del derecho humano a la información –tutelado por el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por diversos tratados e instrumentos internacionales de los que nuestro país forma parte, cuando se trate de información generada con motivo de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior”, puntualizó el Consejo.
