CIUDAD DE MÉXICO, 18 de diciembre, (ATIZAPÁN HOY/CÍRCULO DIGITAL).— Los gobiernos estatales y autoridades en materia de transporte y vialidad deben crear políticas eficientes de emplacamiento de motocicletas, a fin de mejorar la recaudación y la seguridad, aseveró el diputado Francisco Javier Pinto.
Mediante un punto de acuerdo, el presidente de la Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable alertó que el problema de que una moto no se registre es tener un vehículo que no puede ser identificado, y lo más grave, “que puede ser utilizado para la comisión de delitos”.
Las motocicletas, enfatizó en un comunicado, deben registrarse de preferencia al momento de su venta inicial, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 1980 existían 277 mil 84 motocicletas registradas, y en 2014 eran dos millones 270 mil 458, lo que representa un incremento de 719 por ciento en 34 años.
Ante los problemas de tráfico vehicular existentes en diversas ciudades del país, las motocicletas representan un transporte que reduce el tráfico, tiempos de traslado y contaminación por emisiones de bióxido de carbono. Además, aumentan la productividad e incluso el tiempo de descanso de los trabajadores, sostuvo.
El emplacamiento de las motocicletas en el momento de la compra se traduce en que los nuevos dueños del vehículo reciben un producto final listo para su uso legal por las vialidades, resaltó el legislador de Nueva Alianza.
También, porque constituye una acción efectiva para combatir los crímenes perpetrados en dicho medio de transporte; permite a las autoridades estatales recaudar un mayor número de impuestos por concepto de tenencia y derechos
Además, facilita mantener un control sobre el número de esos vehículos en su territorio y bajo su autorización.
De acuerdo con Pinto Torres, Puebla y el Estado de México cuentan con un sistema tecnológico eficiente de emplacamiento de motocicletas, mientras que otras entidades con mayor carga burocrática no aprovechan las herramientas tecnológicas para la expedición de placas y permisos.
Destacó el caso de Colima como un ejemplo en la digitalización del proceso en el registro vehicular, pues el ciudadano concerta su cita vía Internet y, una vez programada, la Secretaría de Movilidad, en dos horas, emplaca la unidad.
En contraste, detalló Veracruz y Yucatán cuentan con controles exigentes que se exceden en la seguridad del registro vehicular, al punto en que hacen ineficiente e inhiben el emplacamiento por la vía legal a través de organizaciones automotrices.
Con ello obligan al ciudadano a realizar el trámite directamente con las autoridades locales, “lo que en muchos casos hace desistir al ciudadano del emplacamiento”.
