Ley protegerá establecimientos mercantiles ante contingencias sanitarias
Se realizarán programas especiales de carácter temporal para impulsar la reapertura rápida de negocios en caso de desastre natural o emergencia sanitaria.
CIUDAD DE MÉXICO, 21 de julio, (CDMX MAGACÍN).—Con la finalidad de mitigar el impacto económico derivado de fenómenos perturbadores o emergencias sanitarias, el Congreso capitalino aprobó reformas para impulsar la simplificación administrativa para la apertura o reapertura de los establecimientos mercantiles ante diversas contingencias.
Al subir a tribuna, el congresista Gerardo Villanueva Albarrán (MORENA), presidente de la Comisión de Administración Pública Local, indicó que esta propuesta deriva de una iniciativa presentada por el diputado Víctor Hugo Lobo Román (PRD), la cual busca que la autoridad pueda implementar mecanismos y programas especiales de carácter temporal para reactivar la economía de la ciudad en el marco de posibles eventos perturbadores o emergencias sanitarias, que afecten el funcionamiento de su actividad mercantil.
“En el análisis de esta propuesta retomamos la idea de mejora regulatoria, principio contenido en el artículo 25 Constitucional, por el cual las autoridades están obligadas a implementar políticas públicas para la simplificación de regulaciones, trámites y servicios, orientados a obtener el óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, entre otras, de la sociedad en su conjunto”, comentó el legislador.
Agregó que las reformas incluyen adicionar una fracción XIII quáter al artículo 4 de la Ley de Establecimientos Mercantiles; y una fracción XXVI bis al artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
En su participación, el congresista Alberto Martínez Urincho (MORENA) comentó que la experiencia de la pandemia nos ha llevado a la necesidad de que el gobierno garantice el derecho humano a una buena administración pública, contenido en la Constitución Política local, y es principio de actuación que obliga a que los poderes públicos generen estas acciones para resolver problemas públicos de esta índole.
