• El Alto Tribunal ha puesto en marcha diferentes medidas de inclusión para las personas con discapacidad, como la apertura de plazas de trabajo y, a partir de este lunes, el rediseño de su portal de internet, destacó
• El PJF, ejerciendo a cabalidad su esfera de competencia, procura, constantemente, garantizar el derecho efectivo de acceso a la justicia de todas las personas con discapacidad, para hacer efectivo el ejercicio pleno de sus derechos y en el goce de sus libertades cuando sean vulnerados por cualquier persona
CIUDAD DE MÉXICO, 5 de diciembre, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).—El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Luis María Aguilar Morales, lanzó un llamado para que se eliminen todas barreras que dificultan la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad.
Este reto “supone modificar las actitudes que fomentan la estigmatización e institucionalización de la discriminación”, sostuvo el ministro Aguilar Morales, en el Área de Murales del edificio sede de la SCJN.
Añadió que una sociedad democrática garantiza a todas las personas su dignidad, su libertad y su autonomía sin exclusión. “No cabe duda, uno de los grandes retos de las sociedades contemporáneas, de cara al futuro, es el de incluir a todos”.
El Alto Tribunal ha asumido este reto, con la puesta en marcha de diferentes acciones de inclusión, entre ellas la modificación y adecuación de sus instalaciones; un programa piloto para la contratación de personas con discapacidad y el rediseño de su portal de internet, para garantizar la mayor accesibilidad a todos los usuarios, manifestó.
Hizo una invitación “a combatir, hoy, y siempre, los estigmas, los prejuicios, la discriminación y la ignorancia; los exhorto a que derribemos todas las barreras que obstaculicen la inclusión; los exhorto a que cada uno de ustedes sean garantes permanentes en la defensa de los derechos de todas las personas, sin distinción”.
El Poder Judicial de la Federación (PJF), ejerciendo a cabalidad su esfera de competencia, procura, constantemente, garantizar el derecho efectivo de acceso a la justicia de todas las personas con discapacidad, para hacer efectivo el ejercicio pleno de sus derechos y en el goce de sus libertades cuando sean vulnerados por cualquier persona, sostuvo.
Representantes del mundo
Ante Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República; Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública; Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República; Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, el Ministro Presidente apuntó que en el PJF “estamos conscientes de que nuestras resoluciones, cuando tratan estos temas, deben ser un elemento disparador para evitar la discriminación y favorecer el pleno respeto de los derechos de todas las personas, sin distinción”.
Apuntó que precisamente en el traslado material de esos criterios hacia al esquema del quehacer institucional que compete a la SCJN, en todos sus niveles de acción, sobre la base del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018, instruyó la realización de dos programas orientados a maximizar el ejercicio de los derechos por parte de las personas con discapacidad.
Resaltó que el primer programa consistió en la implementación de un “Modelo de Inclusión Educativa en el Centro de Desarrollo Infantil Artículo 123 Constitucional” de la SCJN, cuya finalidad es no sólo impactar en el desarrollo de una vida independiente de las niñas y niños con discapacidad, al dotarlos de manera efectiva de instrumentos tanto educativos, como en materia de salud y psicología, sino también, trascender en el cambio de actitudes sociales al fomentar en todas las niñas y niños la práctica de tratar como iguales que son —con base en la dignidad—, a todas las personas y, al mismo tiempo, llevar dicha actitud a sus familias y personas cercanas.
Expuso que su implementación implicó, necesariamente, el diagnóstico y la posterior modificación de toda la infraestructura física del inmueble correspondiente, la sensibilización y capacitación para todo el personal que presta servicios en el CENDI, así como el desarrollo de un Manual para un Modelo de Atención a Niñas y Niños con Discapacidad en el Centro de Desarrollo Infantil Artículo 123”.
Como complemento de esas acciones, refirió, se expidió el Reglamento Interior correspondiente, que con estricto apego a los Derechos Humanos y a los estándares nacionales e internacionales.
Explicó que el segundo rubro de la política que se trazó el PJF, se generó a través del “Programa Integral de Inclusión Laboral en el Alto Tribunal”, un programa piloto elaborado con la convicción de que la inclusión de personas con discapacidad debe desarrollarse, entre otros, bajo los principios de igualdad, no discriminación, y dignidad de las personas, así como con base en el talento, las cualidades y aptitudes.
Esfuerzo institucional
Señaló que este Programa exigió la adopción de diversas acciones, las cuales involucraron el desarrollo de infraestructura física accesible en los tres edificios de la SCJN, así como de las 45 Casas de la Cultura Jurídica, pudiendo implementarse, actualmente, las adecuaciones necesarias en el Edificio Sede de este Alto Tribunal.
“En esta vertiente, no sólo se pretendió dotar de accesibilidad a las trabajadoras y los trabajadores de este Alto Tribunal, sino también al público usuario de las instalaciones, a efecto de lograr un acceso efectivo a la justicia y el goce y ejercicio pleno de sus derechos”.
Destacó que otra acción, relevante y vanguardista, derivada de este programa piloto, fue la realización del Concurso abierto para ocupar 10 plazas de Técnico Administrativo.
Expuso que por primera vez, en la historia de la SCJN, fue abierta una convocatoria accesible en la que se estableció que el concurso fuera exclusivo para personas con cualquier discapacidad, y que hubiesen obtenido el título profesional de Licenciatura en Derecho, o bien, estudiantes que estuviesen cursando del quinto semestre en adelante de dicha carrera, o en proceso de titulación.
“Es propósito de que en el futuro estas plazas estén reservadas exclusivamente a personas con discapacidad, sin que ello signifique que en cualquiera otra plaza se contrate a personas con esa condición”.
Enfatizó que las diez personas elegidas de dicho concurso —cuatro mujeres y seis hombres—, ya están prestando sus servicios en la Secretaría General de la Presidencia, en la Secretaría General de Acuerdos, en la Oficialía Mayor, en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, en la Subsecretaría General de Acuerdos, y en la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos.
Indicó que adicionalmente también se están llevando a cabo los ajustes razonables en materia de tecnologías de la información, con el fin de brindar una mayor accesibilidad a personas con discapacidad. “No solo se realizaron ajustes razonables para las y los nuevos integrantes de este Alto Tribunal, sino que se aprovechó la oportunidad para que la página de la Suprema Corte sea accesible a todas y todos los usuarios internos y externos”.
Mencionó que para esas finalidades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se organizaron programas de capacitación y sensibilización, dirigidos al personal, sobre la atención a las personas con discapacidad. “Se ha comenzado a capacitar a servidores públicos adscritos a las áreas de atención de servicio primario, en materia de lengua de señas mexicanas, en beneficio de las personas con discapacidad auditiva que visitan nuestras instalaciones con cualquier fin”.
