Los dos Emilios

Sergio Ricardo Hernández Mancilla*

No es noticia para nadie que en el pasado las procuradurías se utilizaran como una herramienta más útil para hacer política que para hacer justicia.

Quizá en su transformación a fiscalías autónomas habrá quien vea un avance tangible en la investigación y persecución de delitos, aunque sospecho que para el ancho de la población no ha representado un cambio notable; si acaso un buen avance en el papel, pero la autonomía sigue siendo muy cuestionable y los resultados obtenidos también.

Y en esta relación y transformación de autoridad, autonomía y credibilidad de procuradurías y fiscalías, resulta sumamente interesante, por decir lo menos, el papel que ha desempeñado la Fiscalía General de la República tratando con presuntos delincuentes de cuello blanco.

Particularmente con los dos Emilios: Lozoya, el exdirector de PEMEX, y Zebadúa, ex oficial mayor de la SEDESOL y SEDATU en el sexenio de Peña Nieto.

El primero hace unos meses era, en la prensa y en el discurso oficialista, el ladrón de ladrones y símbolo de todo lo malo que hay en la administración pública. El segundo, de perfil más bajo en los últimos años y sin tantos escándalos cargados a su cuenta directamente, aunque sí a quien fuera su jefa durante 6 años, Rosario Robles (hablando de usar a la fiscalía para hacer política).

El primero de los Emilios decidió negociar con el gobierno mexicano los términos de su regreso al país y comprar (muchas) horas de libertad a cambio de información supuestamente valiosa que comprometería hasta el mismo expresidente Peña y sacudiría hasta los últimos rincones del poder, aunque hasta el momento a nadie le queda claro qué tan valiosa era la información, o por qué no ha habido un solo detenido más.

Y ahora parece que el segundo Emilio, el experredista y expanalista Zebadúa, le quiere copiar el modelo de cantar y asegurar su libertad.

Que tiene información valiosa como la de Lozoya -dice- que comprometería a Rosario Robles y al expresidente Peña Nieto.

Hasta donde tengo entendido -quizá los abogados me corrijan- las intenciones de Lozoya y Zebadúa no cruzan la línea de lo legal. Porel contrario, el criterio de oportunidad es una figura vigente en el Código Nacional de Procedimiento Penales, y establece que uno de los criterios para su aplicación de es “cuando el imputado aporte información esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, la información que proporcione derive en la detención de un imputado diverso y se comprometa a comparecer en juicio”.

De tal forma que Zebadúa podría aportar importante información contra Robles -que ya lleva un par de años en la cárcel- y contra Peña Nieto -cuya amnistía será sometida al voto popular en junio próximo.

Vaya, qué bueno qué hay ex funcionarios dispuestos a hablar. Qué sería de la justicia en este país sin sus valiosas aportaciones.

Decía que es interesante porque por un lado se pregona la autonomía de la fiscalía, la abolición de la impunidad y la nueva era de la justicia mexicana, y por el otro se garantiza la libertad a quien conviene, se detiene a quién ayuda a la agenda mediática, y se somete a consulta popular si un funcionario debe o no ser juzgado.

A Lozoya nadie lo ha visto. Nadie sabe dónde está. Lo acusaron de todo y lo volvieron el símbolo de la corrupción, y ahora es probable que esté muy tranquilo en su casa de Las Lomas tomando un buen vino. O en una cabaña en la playa. O en un rancho en Morelos. O dónde se nos ocurra. Una vez que aterrizó, habló y dio la nota, no se supo nada más de él y desapareció por completo. Y se dice que el otro Emilio le quiere seguir el paso.

No estoy diciendo que los dos Emilios sean culpables, ni estoy diciendo que a quienes van a ventanear son inocentes. ¿Quién soy yo para estar repartiendo justicia? Lo que estoy diciendo es que la forma de llevar los procesos sigue obedeciendo más a la agenda política y mediática que a un interés verdadero de hacer justicia.

La dinámica de la fiscalía no abona a la credibilidad de las instituciones. Se supone que hoy deberíamos tener más confianza, ver más resultados y menos impunidad. Tampoco abona a calmar la sed de justicia que quiere la mayoría de los mexicanos, ni genera incentivo alguno para que los actuales funcionarios le tengan un poco de miedo al rigor de la ley.

Lo único que podemos ver, hasta ahora, es que la fiscalía sigue siendo una gran herramienta para hacer política, pero no tanto para hacer justicia.

El paso del chuapulín.

Justo cuando cerraba este texto, me apareció este tuit de Javier Duarte:

“Tengo la disposición de declarar todo lo que me consta (sobre un presunto pago de Odebrecht a EPN) sin la necesidad de solicitar criterios de oportunidad o beneficio alguno, lo hago simplemente con la intención de aclarar y apoyar en la investigación…”

Ahora resulta.

(*) Politólogo y consultor político. Socio de El Instituto, Comunicación Estratégica. Desde hace 10 años ha asesorado a gobiernos, partidos y candidatos en América Latina.

 Twitter: @SergioRicardoHM