Tras la Puerta del Poder
*Roberto Vizcaíno
Con las fechas y los hechos encima, presionado desde todos los flancos debido a los asuntos pendientes, el presidente Enrique Peña Nieto ha decidido dar finalmente algunos golpes de timón que incluyen la suspensión de derechos en el PRI de 3 gobernadores y 1 exgobernador.
Esto, dicen, podría ocurrir antes del 1 de septiembre, antes del cuarto informe de Gobierno.
De ahí que durante los últimos días se haya acelerado el proceso interno en el CEN tricolor que preside Enrique Ochoa Reza para sustentar la suspensión de derechos en los siguientes 8 días de los gobernadores Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua (quien ayer le confesó a Carlos Loret de Mola tener más de 100 millones de pesos); Roberto Borge, de Quintana Roo y del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.
El asunto tomó un giro definitivo al pasar los casos de todos ellos –por instrucciones directas de Ochoa Reza (lo cual supone que es una decisión del presidente Enrique Peña Nieto)-, de la Comisión de Justicia Partidariaque encabeza Fernando Elías Calles a la secretaría de Organización.
Esta decisión es esencial para la expulsión casi inmediata de los gobernadores, porque no se basará en los procesos judiciales que enfrentan cada uno, sino en los de percepción y mala imagen que tienen ante la ciudadanía.
Si se hubiera mantenido los procesos de expulsión dentro de la Comisión de Justicia Partidaria, la expulsión de estos gobernadores del PRI, hubiera tenido que esperar hasta que los jueces dictaran sentencia judicial en sus casos y eso va para quizá años.
En cambio, la determinación de echarlos fuera por su mala imagen, y por el daño que le hacen al PRI con ello, sólo depende de sondeos entre la ciudadanía y de consultas con líderes de opinión.
En todos los casos las suspensiones de derechos y las expulsiones deberán ser sustentadas ampliamente por los abogados del PRI, para que sean después aprobadas y ratificadas por el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Hoy todos los enjuiciados están ya advertidos de este procedimiento en su contra.
En algunos casos, como el de Javier Duarte, ya probó que Peña Nieto no quiere saber nada de él. El veracruzano es para Los Pinos un apestado.
Hoy prácticamente ningún secretario de Estado ni director de paraestatal responde el teléfono a ninguno de los 4.
La instrucción superior es que prácticamente todos ellos queden fuera del PRI, y con sus procesos judiciales avanzados, antes de que dejen sus cargos.
Así el que tiene encima ya la espada de la expulsión, es César Duarte, gobernador de Chihuahua, quien le tiene que entregar el poder al panista Javier Corral dentro de 40 días, el martes 4 de octubre.
De acuerdo al ineludible calendario constitucional de entregas, el que sigue es Javier Duarte, de Veracruz quien deberá entregar la gubernatura a su enemigo acérrimo el panista Miguel Ángel Yunes Linares el jueves 1 de diciembre.
El que podría contar con más tiempo, es Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo quien deberá entregar el cargo al ahora panista Carlos Joaquín el miércoles 5 de abril de 2017.
La cuestión es que al parecer a Peña Nieto le urge todos ellos, o al menos alguno, sea separado del PRI antes del jueves 1 de septiembre.
HAY PRISA
Ninguno de ellos puede llamarse sorprendido. El anuncio de su posible defenestración dentro del PRI comenzó a correr desde que Enrique Ochoa Reza asumió el liderazgo del tricolor el pasado martes 12 de julio.
Ahí dijo:
“Cuando uno de nuestros militantes le falla a la sociedad y se corrompe, lastima profundamente al Partido y a todo el resto de sus militantes y simpatizantes, nos lastima a todos.
“Es inaceptable tapar el sol con un dedo, debemos reaccionar.
“El PRI tiene que ser garante de la honestidad de sus gobiernos.
“Tenemos que ser un Partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización, incluso su destitución”, precisó.
Días después Ochoa Reza presentó su 3de3 y comentó:
“Quienes tenemos familia sabemos que el mayor patrimonio es el buen nombre que les heredamos a los nuestros”.
El mensaje era obvio.
Pero por si no se había tomado en serio, hacia el viernes 22 de julio trascendió que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI había dado ingreso a una demanda de expulsión en contra de los Duarte y Borge.
El procedimiento lo presentó Armando Barajas Ruiz, consejero político.
Todavía hasta ahí había suspicacias. “Es puro cuento”, dijeron dentro y fuera del PRI.
Pero la diputada federal mexiquense Carolina Monroy del Mazo, secretaria general del CEN del PRI y prima del Presidente Peña Nieto deslindó a su partido de los gobernadores ladrones.
“Nada ni nadie por encima de la ley. En el partido no habremos de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga en Estado de Derecho”, dijo.
Todos supieron a quienes se refería. Los Duarte y Borge traían consigo un caudal de denuncias públicas y decenas de demandas judiciales.
Previamente la misma Presidencia de la República, a través de su vocero Eduardo Sánchez y el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva anunciaron que el presidente Enrique Peña Nieto interpondría ante la Suprema Corte un recurso de inconstitucionalidad contra los congresos y gobernadores aludidos.
Se buscaría evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción, se dijo.
Ochoa Reza se presentó al Senado el martes 26 de julio y pidió la intervención de su bancada para que el presidente de la cámara, el panista Roberto Gil Zuarth solicitara a la Suprema Corte acelerar la anulación de las leyes e instituciones anticorrupción aprobadas recientemente por los congresos de los 3 estados mencionados.
Hoy el PRI está a punto de expulsarlos.
