Mariguana recreativa y pena de muerte serán votados en California
LOS ANGELES, 05 de octubre, (AGENCIAS / CÍRCULO DIGITAL).- Por José Romero Mata. El próximo 8 de noviembre, día de la elección presidencial de Estados Unidos, en California serán votadas a la par propuestas polémicas que mantienen divididos a los votantes en el estado.
De 17 propuestas locales que estarán en la boleta electoral en noviembre destacan la que plantea legalizar la mariguana recreativa y otra sobre la pena de muerte.
Desde 1996 los votantes en California aprobaron una medida que permitió la mariguana medicinal, pero ahora y después de dos intentos fallidos se pretende que se apruebe la mariguana recreativa.
De ser aprobada esta propuesta, mayores de 21 años podrán poseer, transportar y consumir hasta una onza de mariguana con fines recreativos y cosechar seis plantas.
Con la proposición 64 se aplicará un impuesto del 15 por ciento y lo que ingrese será canalizado a fondos de educación sobre la mariguana.
Hasta ahora consumir la mariguana recreativa a nivel federal es ilegal.
Entre los impulsores de la mariguana recreativa destacan el ex presidente de Facebook, Sean Parker y el vicegobernador, Gavin Newsom.
Pero los opositores a esta propuesta advierten que la medida traería más problemas que beneficios al estado y comparan que con la aprobación en el estado de Washington se duplicaron los accidentes automovilísticos con conductores intoxicados.
De ser aprobada la medida, las ventas legales de mariguana en California aumentarían en el primer año mil 600 millones de dólares, según el informe de las firmas Arcview Group y New Frontier.
Además, si los californianos votan sí, se fusionarían los dos mercados el de la mariguana medicinal y la recreativa, con lo que se superaría rápidamente el mercado de dos mil 800 millones de dólares que se tienen registrados en 2015.
Desde 1996, en Estados Unidos 23 estados y Washington D.C. han aprobado leyes que permiten el uso de la droga con fines medicinales, cuatro de ellos también la han autorizado con propósitos recreativos.
Otro tema álgido será debatido con dos proposiciones relacionadas a la pena de muerte: las proposiciones 62 y 66.
La medida 62 propone abolir la pena de muerte, mientras que la 66 propone modificarla.
La primera sentencia de muerte en California tuvo lugar en 1778 y hasta 1972 fueron ejecutadas 709 personas. A partir de 1978, fueron sujetos a esta pena 13 convictos y desde hace 10 años que no habido ninguna pena de muerte.
En la actualidad, en California, existen 743 convictos en el corredor de la muerte (death row), la mayor población encarcelada del país.
La sentencia de muerte tiene un costo para los contribuyentes de unos cinco mil millones de dólares, esto es 384 millones por ejecución.
Es por ello, que quienes apoyan la proposición 62 argumentan que abolir la sentencia le ahorrará dinero a los californianos.
Según un análisis legislativo independiente, el ahorro sería de 150 millones por año.
El gasto de los convictos en el corredor de la muerte es 18 veces mayor al de los que purgan cadena perpetua, debido al mayor costo de la defensa de este tipo de casos, más los costos de apelaciones y peticiones.
Los partidarios de la medida 62 proponen que el máximo castigo sea cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.
Esta proposición también requerirá que los convictos de cadena perpetua trabajen y que el 60 por ciento de sus ganancias sea destinado a las familias de las víctimas.
Entre quienes la apoyan se encuentran la activista Dolores Huerta, el Alcalde Eric Garcetti, el vice gobernador Gavin Newsom, el ex presidente Jimmy Carter y la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU), entre otros.
Sus partidarios alegan, además, que la medida evitará que se ejecuten personas inocentes.
Entre quienes se oponen se encuentran el ex gobernador Pete Wilson, el Sheriff de Los Angeles, Jim McDonnell, el representante republicano Edward Royce y la Asociación de asistentes de Sheriff de Los Angeles, entre otros.
Otras proposiciones son nuevo aumento al consumo del tabaco y baja a los altos precios de medicamentos controlados, así como cambios al sistema judicial.
