CIUDAD DE MÉXICO, 23 de junio, (POLITIQUERÍAS / CÍRCULO DIGITAL).- El diputado Braulio Guerra Urbiola (PRI) impulsa una iniciativa de reformas para establecer que la Federación, las entidades y los municipios deben formular y ejecutar políticas públicas, y adecuar sus legislaciones, a fin de hacer efectivas las medidas de protección y garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de defensores de derechos humanos y periodistas.
La iniciativa que adiciona un capítulo XIV y los artículos 68, 69 y 70 a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, cita que es inaceptable que tan sólo en los primeros seis meses de este año, seis periodistas fueron asesinados.
Agrega que como una medida de protección, las más altas autoridades del Estado deben reconocer de manera constante, clara, pública y firme, la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida sea crítica, inconveniente o inoportuna para los intereses gubernamentales.
En el documento, presentado ante la Comisión Permanente y enviado a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis, el legislador, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, condena de la manera más enérgica las agresiones cometidas contra los comunicadores y exhorta a las autoridades competentes a que actúen con prontitud para esclarecer y sancionar a quien atente contra sus derechos.
Menciona que de acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez del Senado, 99.75 por ciento de asesinatos de periodistas prevalece en la impunidad; además, México ocupa el tercer lugar entre los países más peligrosos para la prensa, después de Siria que registró 39 muertos y Somalia con 16 casos en el mismo año.
El Instituto Internacional de la Prensa (IPI) indicó que en América Latina se “refleja una falta de tolerancia hacia la información crítica e independiente”, dados los ataques verbales y jurídicos hacia la prensa de parte de representantes gubernamentales.
El legislador priista comentó que el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, “afirman que en materia de libertad de expresión en México, uno de los obstáculos más preocupantes son los homicidios de periodistas y la impunidad generalizada”.
La legislación que permite aplicar sanciones penales por el ejercicio de la libertad de expresión; las limitaciones a la diversidad y el pluralismo en el debate democrático, y una emergente tendencia a restringir el derecho de acceso a la información pública, son también limitantes para el trabajo periodístico.
Dijo que algunos expertos independientes que promueven la libertad de expresión a nivel internacional, coinciden en que los principales desafíos que enfrenta este derecho en el gremio periodístico son los mecanismos ilegítimos de control gubernamental sobre los medios de comunicación, la discriminación en el ejercicio de derecho a la libertad de expresión, y las presiones comerciales que amenazan la capacidad de los medios de difundir contenidos de interés público.
Guerra Urbiola comentó que la libertad de expresión está íntimamente ligada con los medios de comunicación, ya que son el conducto a través del cual se da a conocer el quehacer político, social, económico, cultural y deportivo de la sociedad democrática.
“Son el punto de partida por medio del cual la población se allega y digiere la información que acontece día a día”. Por ello, al asegurar la libertad de expresión, se crea la opinión pública, esencial para dar contenido a varios principios del Estado constitucional como son el derecho a la información, el derecho de petición o los derechos en materia de participación política, opinó.
