Mayor rendición de cuentas y transparencia en el proceso electoral 2018: Romero Tenorio
CIUDAD DE MÉXICO, 10 de abril, JUAN R. HERNÁNDEZ / MENSAJE POLÍTICO / AMPRYT.–El presidente de la Comisión Especial para combatir el uso de recursos ilícitos en los procesos electorales, diputado Juan Romero Tenorio (Morena), estimó que en el actual proceso comicial, es necesario exigir rendición de cuentas y pedirle a la autoridad más proactividad en el desempeño de sus funciones, mayor transparencia y oportunidad de la información.
“No es un proceso fácil y estamos a tiempo de hacer un llamado a las autoridades a que cumplan con la ley, ya que con ello se logra estabilizar todo este proceso de elección en los tres niveles de gobierno y garantizar condiciones de seguridad para los ciudadanos”, dijo.
Durante el foro “Sistema electoral, financiamiento de campañas y mecanismos de control de recursos ilícitos en los procesos electorales 2018”, el legislador sostuvo que el reto es gigantesco en estos tres meses que quedan pendientes para la jornada electoral, “porque es una elección muy competida y que impacta a diferentes niveles de gobierno”.
Recordó que en 2013-2014 se construyó una reforma al sistema electoral mexicano para crear el Instituto Nacional Electoral (INE) como un órgano nacional del cual se desprenden órganos responsables en cada entidad, cada uno de estos con competencia concurrente y, en algunos casos, con facultades de atracción del consejo general del INE.
Agregó que se mantiene un sistema de financiamiento en el que 30 por ciento se distribuye en forma igualitaria para los partidos políticos y 70 por ciento en función de la votación obtenida en la última votación. Este sistema tiene una predominancia de carácter público, y para evitar distorsiones en procesos electorales la Constitución establece un principio de predominancia del financiamiento público sobre el resto del financiamiento privado.
Refirió que en el proceso electoral del 1997 al 2003, con un marco menos regulado y menos atribuciones de fiscalización, se logró sancionar actos de financiamiento ilícitos de campañas, como el caso del “Los amigos de Fox” y el “Pemexgate”. Y ahora, con un marco más desarrollado, “difícilmente logramos encontrar actos de la autoridad que frenen este tipo de ilícitos y el uso indebido de recursos”.
Al inaugurar el evento, el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (PAN), secretario de la comisión especial, afirmó que la próxima elección será la más grande en la historia de México y los intereses que están en juego son mucho mayores.
El legislador precisó que se debe estar atentos de que no haya dinero de personas ajenas ni propias al sistema político electoral de nuestro país, así como de los topes de gastos de campaña, del desvío recursos públicos o el permitir u obligar a servidores públicos a participar o coadyuvar con el ánimo de incidir en el resultado electoral.
Héctor Marcos Díaz-Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), explicó que la responsabilidad de tener una buena o mala elección no sólo es de los partidos políticos, porque el papel primordial es de la ciudadanía, toda vez que es ella la que cuenta los votos, emite un sentido del voto racional, y coloca posiciones de opinión referentes a la elección.
En ámbito de estudio de la fiscalía se ha encontrado que en el periodo electoral se reciben entre dos mil y tres mil denuncias. “El ciudadano no reporta este ilícito porque no cree en las instituciones de procuración de justicia, considera una pérdida de tiempo, tiene la carga de la prueba y puede tener consecuencias; es por ello que en las instituciones estamos obligados a actuar en el marco de la responsabilidad y fomentar cultura de la denuncia y la legalidad”.
Indicó que en lo que va del periodo electoral del 8 septiembre al 30 de marzo, se han recibido mil 500 denuncias de delitos electorales; de éstas se han integrado 633 carpetas de investigación de las cuales casi el 80 por ciento son por alterar el Registro Federal de Electores y el resto es por compra, manipulación, coacción, uso de recursos públicos, entre otros. “En resumen, se han determinado mil 266 investigaciones”.
De enero a marzo, la FEPADE ha consignado 250 carpetas y ha tenido 16 sentencias de carácter acusatorio. En este periodo hemos observado que es necesario trabajar en prevención del delito, ya que tan sólo en el Estado de México se concentran 63 por ciento de las denuncias, seguidas de Veracruz, Ciudad de México y Coahuila.
Destacó que los delitos más denunciados son por alterar el registro de electores, destinar bienes públicos para partidos políticos y candidatos, la compra del voto, recolección de credenciales, condicionar los servicios y apoyo de funcionarios en horas laborables.
El consejero electoral del INE, Marco Antonio Baños Martínez, señaló que a raíz de la última reforma electoral 2013-2014, el modelo de fiscalización se centralizó y ahora este instituto es el que supervisa los gastos de los candidatos y partidos políticos, tanto en las precampañas como en las campañas electorales a nivel nacional, sin importar el tipo de elección.
Con la reforma, dijo, se instaló un sistema en línea para que los partidos reporten máximo en tres días las operaciones de ingresos o egresos que realicen; pero, en los hechos, es hasta los últimos días del periodo de precampañas o campañas donde concentran la mayor cantidad de información al instituto, lo que ha llevado a que una parte importante de las multas a los partidos políticos obedezca a la entrega extemporánea de esa información.
Respecto a los topes de los gastos de campaña, señaló que el INE fija los que son para diputados, senadores, y Presidente de la República y, en el caso de las elecciones locales, son los institutos electorales de los estados. Sin embargo, consideró que este tema debe ser revisado.
Actualmente, continuó, los topes son una definición heterogénea que no tiene criterios específicos para ser colocada por los órganos electorales de los estados y están aprobados a priori por las legislaciones locales, por lo que invitó a los diputados a que en un futuro próximo fijen estos criterios.
Otro tema, indicó, es que todo el dinero que se utiliza en las campañas es bancarizado, ya que los candidatos deben tener cuentas sujetas a una revisión específica por parte del INE, pero la parte circulante en efectivo no puede ser revisado.
Afirmó que la autoridad electoral tiene un conjunto amplio de instrumentos que le permiten examinar cómo se gasta durante las campañas electorales. En el caso de la propaganda electoral en espectaculares en la vía pública, si hay variaciones son susceptibles de ser revisadas; si es en medios impresos, se tienen auditorías de las publicaciones y, en redes sociales, los contratos.
Indicó que si hay rebase en los topes de campaña hasta por un cinco por ciento y eso se asocia a que entre el primero y el segundo lugar existen menos de cinco puntos porcentuales en la diferencia de la votación, puede existir una anulación de la elección. Por ello, todos los temas relacionados con gastos tienen que ser acumulados al tope de los gastos de las campañas.
Baños Martínez refirió que en 2015, cuando se implementó por primera vez la reforma electoral y que se tuvieron elecciones concurrentes en 17 entidades, el INE resolvió 375 quejas en materia de fiscalización, mientras que en 2016, con 14 procesos electorales, hubo 108 quejas.
Para este año, agregó, que se tienen elecciones concurrentes con 30 entidades federativas, nueve de gobernador y un universo total de 3 mil 406 cargos, si solamente se tomara a los ayuntamientos como un sólo cargo, se ha estimado que se recibirán aproximadamente 600 quejas en materia de fiscalización.
El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio Godínez, expresó que la opinión pública exige la disminución de los costos electorales, particularmente, los recursos entregados a los partidos políticos; sin embargo, se debe reflexionar si es adecuado permitir que los paguen los particulares.
Indicó que el modelo existe, hay países donde el financiamiento público ni se vislumbra, como es Estados Unidos, en donde su política se capitaliza a través de recursos privados, “con la desventaja de que quien los recibe está obligado con quien le financió la campaña, y se crean relaciones de codependencia importantes que han permitido identificar los grandes problemas que tiene Estados Unidos con la Asociación Nacional del Rifle”.
Modificar la regulación del financiamiento, dijo, implica una reforma integral, pues el tema va de la mano con el acceso a medios, duración de campañas y regulación de precampañas. “Lo que se puede hacer, lo que no, cuánto y cómo se puede gastar en ello”.
Si se pretende reducir el financiamiento se debe modificar su fórmula y, preferentemente, excluirla del cuerpo de la Constitución para flexibilizar su revisión por parte de las fuerzas políticas. “Esto es un problema que en muchas áreas está en la Carta Magna; hemos convertido un documento que debería ser base en un manual de instrucciones o en un recetario”.
“Es preferible que los partidos políticos reciban financiamiento público y respondan a toda la ciudadanía, en vez de que lo reciban del privado y les respondan a ellos”.
Mario Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, precisó que es cotidiana la denuncia del uso de los programas sociales para promover las candidaturas; por ello, se giró oficios a todas las dependencias, donde se les requiere la totalidad de los programas y acciones de gobierno para establecer con claridad, cuáles son las reglas de operación de cada uno de ellos.
El accionar constitucional es fundamental para combatir este tipo de circunstancias que vician los procesos electorales, así como el actuar del ciudadano. Ante ello, se convocó a la población a que denuncien todo tipo de situaciones que observen dentro del desarrollo de las campañas políticas; es decir, si es condicionada la entrega de bienes y servicios a cambio del apoyo a alguna entidad, partido político, candidata o candidato.
Llamó a la ciudadanía a que le dé valor a su decisión en la urna y ejerza su voto de manera libre. Además, urgió a que la observación electoral no se limite únicamente al día de la jornada. En ese sentido, precisó, que el Instituto ha generado una vigilancia permanente y una red con organizaciones civiles sobre la actividad institucional y el actuar de actores políticos.
La solicitud de los programas sociales, sus listados de beneficiados y las fechas de entrega de bienes y servicios son elementos fundamentales para quienes ejercen la observación electoral, ya que podrán acudir a estos eventos y constatar si se condiciona o se tiene una conducta que es contraria al objetivo.
Sugirió legislar el artículo 134, ya que desde la autoridad electoral hay limitantes sobre el ejercicio de los recursos públicos y, en particular, de los programas sociales. Externó su preocupación de que los vigilantes no sólo sean los observadores electorales sino todos los ciudadanos y que la denuncia sea algo que le permita actuar a las autoridades en la materia.
Santiago Nieto Castillo, ex titular de la FEPADE, afirmó que los problemas no están en la urna, ni en los cómputos, ni como se cuentan los votos, sino en cómo llegan a las urnas, pues lo hacen a partir de modelos de clientelismo electoral; por lo tanto, “no se puede hablar de una elección equitativa, ya que en 2012 se otorgaron 96.3 millones de pesos y este año se dotó sólo 18 millones para la observación nacional e internacional”.
Para hablar de un Estado democrático es necesario impulsar mayor observación, transparencia, menos clientelismo y combatir la corrupción en el ámbito electoral, toda vez que las denuncias a la FEPADE del 2014-2016 se relacionaron con este último tema.
Del total de inculpados por estas denuncias, 26 por ciento fueron servidores públicos a nivel municipal, 20 por ciento estatal y 19 por ciento federal y el porcentaje restante se desconoce.
Es fundamental que se verifiquen las cuentas de tarjetas nominales de programas sociales e impedir que se den de baja de estos a beneficiarios para dar de alta a estructuras partidistas, instalar las diez fiscalías que faltan en el país y se les brinden los recursos necesarios para que los institutos locales realicen sus funciones.
