Análisis a Fondo
Francisco Gómez Maza
- Taxista: ya estamos hasta la madre
- Y algo gravísimo: las desapariciones
Por qué un candidato tan cuestionado, tan satanizado, lleva la delantera al resto de los candidatos presidenciales que se ufanan de ser las mejores opciones, como Meade, que se muestra como todo un maestro multifacético que sabe de todo, o un oligarca como Ricardo Anaya, que intenta convencer a los ciudadanos de que la mejor opción es el american way of life.
La respuesta me la dio este martes un taxista.
¿Sabe por qué, patrón? Porque ya estamos cansados de la corrupción del gobierno; porque Mancera no ha hecho mucho por mi gremio y si lo ha fastidiado con la autorización de los servicios de movilidad trasnacionales como Uber o Cabify, porque el gobierno de Peña nos sube y nos sube la gasolina y, con esos movimientos, se encarece todos los productos.
Mentira que baje la inflación, como lo asegura el gobierno. Que me lo pregunten a mí, o que se lo pregunten a mi esposa, que ha tenido que aprender a preparar tacos de canasta para completar el gasto. Pero nosotros no vemos que baje la inflación. Y sí vemos que al gobierno priista le importa un pito la suerte de los pobres. Por eso y por otras transas, ya estamos hasta la madre y vamos a elegir a López Obrador. Que dicen que es populista. Ay, patrón. Quiénes dicen eso. Los ricos, que no quieren perder sus grandes privilegios. Los políticos del PRI y del PAN, que no quieren perder sus cuotas de poder. Los periodistas vendidos, que cobran millones por la propaganda que le hacen al gobierno. Y hay muchos, pero no vale la pena mencionarlos por su nombre.
Oiga, amigo taxista. Y qué sabe del respeto a los derechos humanos. Uy, me responde, las autoridades los violan todo el día. Acá en la ciudad, cobrando fotomultas por actos que no son delito. Cobrando por todo. ¿Y qué sabe usted de los desaparecidos, o de las desapariciones forzadas? Muy grave, gravísima situación. Madres, padres, hermanos lloran la ausencia del hijo, de la hija, que un día salieron a comprar una chuchería a la tienda de la esquina y ya jamás regresaron a casa. Eso no tiene madre. No tiene perdón de Dios que las autoridades no hagan mucho para acabar con la inseguridad pública. Fíjese, patrón. Le voy a decir una cosa con miedo. Pero en eso de las desapariciones forzadas participa también el ejército, la marina, la policía, que están al servicio de los delincuentes, de los traficantes de drogas. Qué pasó con los estudiantes de Guerrero. Cómo se llama… Los que fueron secuestrados en Iguala hace, creo, cuatro años. Muchos creen que los mantienen vivos en una mazmorra del Ejército. No se ha resuelto nada. Es más, el gobierno de Peña descalificó a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el caso – Ah. Ayotzinapa. Los estudiantes, 43, de una escuela normal de ese lugar -. Pero tengo entendido que la ONU reviró contra gobierno de México y reafirmó la validez de su informe sobre caso Ayotzinapa.
Y escuche, amigo taxista: El Gobierno mexicano entregó, el pasado día 7, a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU un documento que contenía varias observaciones críticas a ese informe que hizo sobre el caso Ayotzinapa. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reafirmó la validez de «la metodología y los hallazgos» del informe que hizo sobre el caso Ayotzinapa, tras las críticas hechas públicas el lunes por el Gobierno mexicano.
El informe, publicado el pasado 15 de marzo, concluyó que hay fuertes indicios que hacen pensar que, «al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014, fueron torturadas y detenidas arbitrariamente».
«Estas serias violaciones fueron a su vez inadecuadamente investigadas y encubiertas», señalaba la ONU. En respuesta, el Gobierno mexicano entregó el pasado día 7 a la Oficina de Derechos Humanos un documento que contenía varias observaciones críticas a ese informe. Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como la PGR, dijeron que, al publicar su informe, la ONU «se desatendió» del llamamiento que le había hecho el Gobierno mexicano en favor de una colaboración que permitiese atender por canales institucionales las preocupaciones que tenía. Asimismo, las autoridades mexicanas respondieron que, tras aplicar el Protocolo de Estambul, que permite comprobar la existencia de tortura, «los resultados no sustentaron fehacientemente la comisión de tales actos». Agregaron que los hechos están aún bajo investigación judicial, por lo que las conclusiones del informe de la ONU «son prematuras». Sin embargo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que su actuación se ciñe al mandato establecido en el acuerdo firmado en 2002 con el Estado mexicano, por el que creó una oficina para este país. Asimismo, pidió a las autoridades mexicanas que implementen las recomendaciones de su informe «con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos, brindar reparación a las víctimas y garantizar la no repetición de estos trágicos eventos». La Oficina también instó a México a concluir las investigaciones «dentro de un plazo razonable» y a identificar los responsables de las detenciones arbitrarias y de los actos de tortura. En este sentido, la ONU aseguró que seguirá de cerca las investigaciones ya que, «hasta la fecha, nadie ha sido señalado como responsable» de esas graves violaciones de los derechos humanos.
Mientras tanto, en otro frente de defensa de los derechos humanos, la PGR fue denunciada públicamente por el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, por haberse retardado en la entrega a la CNDH de información sobre el caso Iguala.
