‘Nacionalización’ de Santa Lucía no revoca ‘per se’ los amparos

Mensaje Político

Alejandro Lelo de Larrea

Platiqué ayer con dos abogados constitucionalistas de primer nivel sobre el tema mi columna de ayer, intitulada “La salida: ‘nacionalizar’ Santa Lucía, Texcoco y Dos Bocas.

A continuación algunas reflexiones de los abogados, entorno al planteamiento presidencial de declarar la construcción del Aeropuerto de Santa Lucia como de interés nacional, para librar los amparos que se han interpuesto contra la obra aeroportuaria, y que la mantienen frenada.

Consideran que cuando el presidente habla de expropiación, ésta no es posible, porque los terrenos son propiedad federal, y el gobierno no puede expropiarse a sí mismo.

Por supuesto, dejan en claro que en su carácter de jefe de Estado, tiene atribuciones constitucionales para emitir un decreto que eleve a “interés de la nación” la obra aeroportuaria, e incluso al área donde se construía el aeropuerto de Texcoco y la refinería de Dos Bocas

Sin embargo, esa declaratoria presidencial, dicen que de ninguna manera va a desaparecer las suspensiones definitivas que existen, en las cuales se ordenó suspender la construcción de la obra en Santa Lucía, y preservar lo construido hasta el momento en Texcoco, y no llenar del agua la zona.

El decreto que viene

El pasado viernes, López Obrador trazó una pincelada de un posible decreto, a pregunta expresa:

—Señor, disculpe, ¿va a acatar el tiempo que la Corte determine? –le preguntaron, sobre los amparos que han proliferado para frenar Santa Lucía, evitar la demolición de lo construido en Texcoco, y los que ya se presentaron contra Dos Bocas.

—Sí, ya estamos viendo legalmente eso, y tenemos otro recurso, que es poner por delante el interés de la nación.

—¿Y qué significa eso, señor?, en términos de se avanza o no se avanza.

—En su momento lo voy a dar a conocer, en su momento vamos a acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional. Eso es lo único que puedo decir. Pero no puede un grupo de intereses creados detener el desarrollo del país.

Dos visiones

En la charla de ayer con los abogados constitucionalistas, en un aspecto difirieron: Uno dice que tales suspensiones sólo pueden revocarse en la sentencia del juicio de amparo, la cual tardaría algo así como un año tan sólo en primera instancia, pero podría ir más allá de dos años.

Otro de los juristas opina que en la secuela procesal, esas suspensiones todavía son factibles de combatirse y revocarse, por parte de un tribunal colegiado, con fundamento en el artículo 81 de la Ley de Amparo.

Con base en el artículo 86 de la misma Ley, el gobierno federal cuenta con 10 días hábiles, a partir del día siguiente en que fue notificado de las suspensiones provisionales, para interponer el recurso de revisión.

En el litigio de amparo sobre los aeropuertos, todos los proceso fueron concentrados en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, a cargo de Juan Carlos Guzmán Rosas.

La suspensión más severa fue la que consiguió el colectivo #NoMásDerroches, el pasado 15 de agosto, pues ésta contempla que la obra no puede continuar, ni aunque el gobierno cumpla con todos los estudios de impacto ambiental, aeronáutico, arqueológico, de viabilidad económica y cualquier otro que sea responsabilidad del gobierno federal.

Tribunal Colegiado, la esperanza

Aquí la estrategia que vislumbran del Gobierno Federal, es que antes que se venza el plazo (el 3 de septiembre) para interponer el recurso de revisión, el presidente emita un decreto en que declare esa obra de Santa Lucía como “interés de la nación”. Consiste en una figura legal, equiparable a una ‘nacionalización’, ante la cual no procede el amparo. Ya hay jurisprudencia al respecto.

El decreto se presentaría como una especie de prueba superveniente ante el Tribunal Colegiado, que debería considerarla para resolver el recurso de revisión.

La expectativa del gobierno federal es que el Tribunal Colegiado revoque las suspensiones provisionales, y con ello se libere el impedimento legal para iniciar la construcción.

En tal decreto, incluiría el rescate del lago Nabor Carrillo, con lo que ya podrían inundar la zona donde se construía el Aeropuerto de Texcoco. También blindaría la obra de la refinería de Dos Bocas, a fin de que no le frenen la construcción, como en el otro caso.

Pero si el Tribunal Unitario no revocara las suspensiones provisionales, el tema podría llegar hasta la Suprema Core de Justicia de la Nación, para que revisara el caso, instancia que no tiene un plazo para dictar sentencia.

Ya lo veremos.