No se permitirán más abusos de desarrolladores inmobiliarios, advierten en la ALDF
CIUDAD DE MÉXICO, 30 de abril, (CDMX / CÍRCULO DIGITAL).–Las iniciativas presentadas recientemente en materia vivienda, particularmente la del PRD que incluye un programa para trabajadores, requieren un análisis amplio y plural para garantizar el derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4to Constitucional, señaló la diputada Dunia Ludlow Deloya.
Para construir una propuesta integral, que beneficie a los sectores más necesitados y que no sea presa de los especuladores y del clientelismo, es necesario advertir lo siguiente:
Primero. La Norma 26 no está derogada, está suspendida, lo que significa que es un acto administrativo realizado por el titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. Es decir, puede reactivarla en el momento que así lo determine. Sin embargo, la suspensión responde a la exigencia de una demanda vecinal debido a los abusos por parte de desarrolladores inmobiliarios.
Segundo. Para ejercer los créditos del INFONAVIT y FOVISSSTE no se requiere la Norma 26, pues no existe impedimento para que los derechohabientes puedan ejercer sus créditos en la Ciudad de México.
Tercero. Para ejercer los subsidios de CONAVI que plantea la exposición de motivos de la iniciativa mencionada, no existe impedimento legal en las Reglas de Operación para que los trabajadores ejerzan los apoyos en la Ciudad de México. De hecho, durante el periodo enero 2015-febrero 2016 se han ejercido 138 millones de pesos de subsidio.
Cuarto. Los precios de vivienda no se pueden modificar sin tener un estudio serio de impacto en las Finanzas de la Ciudad de México.En ese sentido, especialistas advierten que sería irresponsable iniciar el debate de la creación del programa de vivienda propuesto sin conocer el impacto regulatorio y presupuestario del mismo.
Para no repetir los abusos de desarrolladores inmobiliarios y omisiones de las autoridades derivadas de las lagunas de la Norma 26, es necesario contar con estudios y una visión de largo plazo.
Por lo anterior, es indispensable elaborar un análisis serio y conjunto de las diferentes propuestas entre instituciones federales, locales, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como con académicos, especialistas, sector privado, organizaciones sociales y de vivienda involucrados, para construir una propuesta legislativa sólida que permita a todos los sectores de la sociedad garantizarles su derecho a una vivienda digna.
