Análisis a Fondo
Francisco Gómez Maza
- Un escándalo que puede sepultar definitivamente al PRI
- Pero imperan corrupción, impunidad, simulación y cinismo
El diario estadounidense New York Times destapa, en su edición en español de este lunes 11 de junio, mientras los mexicanos mantienen los ojos puestos en las elecciones presidenciales, la atarjea donde se pudre Odebrecht, el escándalo que podría sepultar políticamente al presidente Enrique Peña, al PRI y a su candidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña.
Odebrecht es el apellido de un plutócrata-cleptócrata brasileño dedicado a hacer negocios sucios, mediante el soborno a gobiernos nacionales, principalmente en el Hemisferio Occidental, donde el gobierno mexicano hace como que la virgen le habla y el presidente Peña no da la cara, pese a las evidencias del millonario cohecho a políticos allegados suyos, encabezados por el ahora ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a quien Odebrecht habría entregado 10.5 millones de dólares, presuntamente utilizados para financiar la campaña priista de 2012…
El periodista autor del reporte publicado por el periódico neoyorquino, Azam Ahmed, escribe que el gobierno del mexiquense, apadrinado por el de infeliz memoria Grupo Atlacomulco, tiene evidencia suficiente para presentar cargos contra funcionarios vinculados a uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de América Latina. Sin embargo, se rehúsa a hacerlo porque podría afectar a su partido, el PRI, en las elecciones presidenciales del 1 de julio. (Aunque ya más afectado, digo yo, no podría estar el partido, hasta ahora oficial, que ha perdido enorme credibilidad entre millones de mexicanos, ahora simpatizantes del satanizado político Andrés Manuel López Obrador, puntero en las campañas electorales, gracias al imperio de cuatro jinetes del Apocalipsis mexicano: la corrupción, la impunidad, la simulación y el cinismo.
Odebrecht distribuyó casi 800 millones de dólares en sobornos, a lo largo del subcontinente, para hacerse con contratos públicos en una docena de países. Las consecuencias de las investigaciones afectaron prácticamente a todas las naciones donde operaba la empresa, con presidentes enjuiciados, funcionarios arrestados y vuelcos políticos, desde Perú hasta Panamá, con dos excepciones notables: Venezuela, “un paria internacional con un gobierno autoritario” (califica Ahmed), y México, donde se han estancado dos investigaciones federales. Con rudeza periodística, el periodista asegura que los casos criminales están atrapados en un limbo legal, común a las investigaciones políticamente delicadas en México, “donde la corrupción continúa siendo uno de los mayores obstáculos para el Estado de derecho”.
De acuerdo con el Times de Nueva York, la falta de progreso en el caso Odebrecht ha sido un tema espinoso para México desde finales de 2016, cuando la constructora reconoció ante autoridades brasileñas, suizas y estadounidenses, en un acuerdo multimillonario, que había pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos.
Una de las investigaciones en México —iniciada por un fiscal especializado (Santiago Nieto – Fepade -, ahora en las filas de López Obrador) y cuyos documentos fueron revisados por The New York Times— identifica a un asesor cercano a Peña Nieto como sospechoso. Sin embargo, la pesquisa seguía en fases iniciales cuando el fiscal fue despedido, a finales de octubre. Desde entonces, el caso apenas si ha avanzado.
Pero la investigación más grande, iniciada a principios del año pasado por la Procuraduría General de la República (PGR), recuerda el NYT, obtuvo suficiente evidencia para presentar cargos contra los sospechosos… (Pero) Las presiones políticas son demasiado grandes, dijeron, para que el caso avance. Los sospechosos por sobornos trabajaban para Petróleos Mexicanos (Pemex), recuerda el diario. En su acuerdo con los demás países, Odebrecht reconoció haber pagado millones en sobornos a funcionarios de la compañía petrolera mexicana. Pero nada ha sucedido en México, al menos no a los funcionarios mexicanos. Se emitió una sanción administrativa en contra de Odebrecht, prohibiéndole hacer negocios en México por los próximos años. Pero ningún funcionario mexicano ha sido acusado por aceptar sobornos y Cervantes, quien renunció al cargo en octubre, dijo públicamente que la investigación estaba concluida.
Desde entonces, su sucesor, el procurador Alberto Elías Beltrán, ha contradicho esas declaraciones, al sugerir que la indagatoria continúa y, por tanto, no puede divulgar detalles. En realidad, el caso ha sido archivado. Ya golpeado por múltiples casos de corrupción y por el aumento de violencia en todo el país, dijeron, el PRI no puede arriesgarse a que aflore otro escándalo de corrupción antes de las elecciones del primero de julio.
