CIUDAD DE MÉXICO, 09 de mayo, (ATIZAPÁN HOY/CÍRCULO DIGITAL).— El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, rindió este martes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su informe anual de labores.
Expuso que en 2016 los derechos humanos enfrentaron un entorno complejo ocasionado, entre otras cosas, por el aumento en la impunidad, corrupción, violencia e inseguridad, en donde persiste la desigualdad, así como la indiferencia y la ineficacia administrativa.
En ese marco, dijo, la defensa y garantía de los derechos fundamentales se reveló como una necesidad urgente y prioritaria para dar cauce y respuesta a las demandas de una sociedad que ha disminuido su confianza en las instituciones, así como su certidumbre sobre la aplicación de la ley.
Agregó que ese entorno ocasionó que la sociedad recurriera, con mayor apremio, a las instancias que forman los sistemas jurisdiccional y no jurisdiccional de protección y defensa de los derechos humanos en México.
Ante el agravio o vulneración de sus derechos, 61 mil 661 personas acudieron a este organismo nacional, por estimar violentados sus derechos fundamentales por algún acto de autoridad, enfatizó el ombudsman nacional.
Señaló que ello originó que en 2016 se iniciara el trámite de 25 mil 233 nuevos expedientes, de los cuales nueve mil 408 correspondieron a quejas, siete mil 838 a orientaciones directas, siete mil 430 remisiones a organismo locales o especializados y 557 inconformidades.
De acuerdo con el titular de la CNDH, las demandas de la sociedad en este sentido son crecientes y requieren darles respuesta con mayor eficiencia, maximizando recursos y capacidades en un entorno de racionalidad.
De ahí la importancia de que los sistemas jurisdiccional y no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos actúen de manera armónica y complementaria, asumiendo cada uno, desde su ámbito de atribuciones, un compromiso por la legalidad plena.
Esta tarea, reconoció, no es sencilla, pues en la percepción pública el cumplimiento y la aplicación de la ley con frecuencia es identificado con la imposición de sanciones, sin advertir la importancia radical que tiene para llegar a ese momento, el que se respete el debido proceso.
En razón de ello, subrayó, durante 2016 la actividad de estos sistemas fue con frecuencia cuestionada, entre otras cosas por buscar que la ley se aplique en todos los casos y que la autoridad sujete su actuación al marco normativo que le es propio.
Aclaró que “nosotros no defendemos delincuentes, defendemos el cumplimiento de la ley para todas y todos”.
Durante 2016, refirió, hubo voces que quisieron identificar la defensa de los derechos humanos con una vía para preservar la impunidad e impedir la debida persecución de los delitos, lo cual, sostuvo está alejado de la realidad.
Precisó que en materia de quejas, en 2016 las autoridades que fueron señaladas con mayor recurrencia como presuntamente responsables de una violación a derechos humanos fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con dos mil 74 casos.
Asimismo, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de Gobernación, con mil 619; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 838; la Policía Federal, con 660; la SEP, con 537; el Instituto Nacional de Migración, con 532.
También la Procuraduría General de la República (PGR), con 512; las secretarías de la Defensa Nacional, con 439, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 258, y la de Desarrollo Social, con 247.
Las presuntas violaciones a derechos humanos que se reclamaron con mayor fueron prestación indebida del servicio público, omitir proporcionar atención médica, faltar a la legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, expuso.
Del mismo modo, detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano y degradante, negligencia médica, acciones y omisiones que trasgreden los derechos de las personas privadas de libertad, así como obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho.
También acciones u omisiones que transgreden los derechos de los migrantes y de sus familias, así como prestar indebidamente el servicio de educación.
Más adelante, González Pérez afirmó que la defensa de la legalidad se reafirma como la única vía para generar las condiciones mínimas de seguridad que la sociedad demanda.
Recuperar la seguridad en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos, es una prioridad que exige atención urgente en el país, concluyó.
