CIUDAD DE MÉXICO, 26 de enero, (AGENCIAS / CÍRCULO DIGITAL).- Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa realizaron hoy, cuando se cumplen 28 meses de la desaparición de sus hijos, protestas en la capital mexicana en las que reafirmaron que continuarán con su «búsqueda incansable por la verdad y la justicia» y acordaron una reunión con la fiscalía.
Desde las 10.00 hora local (16.00 GMT), los familiares encabezaron, junto con organizaciones de la sociedad civil, una concentración frente a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), hasta que seis horas después abandonaron el lugar para iniciar una marcha desde el Ángel de la Independencia al Zócalo.
Durante la protesta frente a la fiscalía, el abogado Vidulfo Rosales y un grupo de padres ingresaron en las oficinas para exigir una reunión con las autoridades y «dejar clara» su posición.
Al salir, informaron que acordaron una reunión el próximo 9 de febrero con el titular de la PGR, Raúl Cervantes, y al día siguiente se prevé que lleven a cabo otro encuentro con funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
«Debemos decirle a la PGR que aquí vamos a estar vigilantes con la actuación que estén teniendo (…) estaremos aquí para seguir exigiendo verdad y justicia», aseveró Rosales.
Dijo que, 28 meses después de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, «estamos como al principio, no tenemos pistas de dónde se encuentran nuestros compañeros estudiantes, lo único que tenemos son investigaciones irregulares, viciadas».
De acuerdo con la versión oficial de lo ocurrido esa trágica noche, policías corruptos detuvieron esa noche a los estudiantes y los entregaron a miembros de un grupo de delincuencia organizada, quienes los asesinaron, incineraron y arrojaron sus cenizas a un río.
El Ejecutivo, denunció Rosales, «pretende dejar la responsabilidad material a policías municipales de Iguala y Cocula -el municipio donde está el basurero donde supuestamente los estudiantes fueron incinerados- que ni siquiera estuvieron activos el día de los hechos».
El abogado también recordó que en una libreta de contactos de Sidronio Casarrubias, identificado como líder del cártel Guerreros Unidos, aparece el nombre de Omar García Harfuch, quien es titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
«Ese es el tipo de funcionarios que tiene la PGR», acusó Rosales frente a la fiscalía, agregando que este dato, que salió a la luz por una investigación periodística, es una muestra de cómo el Gobierno ocultó «información sensible».
