CIUDAD DE MÉXICO, 21 de junio, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).- El senador independiente Armando Ríos Piter pedirá este miércoles a la Comisión Permanente que solicite a la Procuraduría General de la República (PGR) atender de manera inmediata las denuncias de espionaje, presentadas por periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil.
Ríos Piter exigirá que se revisen y fortalezcan los protocolos de seguridad de los órganos de inteligencia y seguridad del Estado mexicano, en el manejo de programas o software diseñados para obtener información y datos relativos a la protección de la seguridad nacional.
El Punto de Acuerdo considera solicitar un pronunciamiento a la Comisión Permanente para que condene cualquier acto de espionaje u acción que violente la privacidad o atente contra la libertad de expresión.
La propuesta incluye también un exhorto del Legislativo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que se establezcan medidas cautelares para garantizar la integridad de periodistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, y sus respectivos familiares, que han denunciado posibles actos de espionaje en su contra.
Lo anterior es planteado por el legislador guerrerense, luego de que organizaciones como Artículo 19, Social TIC y la Red en Defensa de los Derechos Digitales presentaron y realizaron, de forma conjunta, el informe Gobierno espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México, el cual indica que distintas dependencias federales, entre ellas la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y fiscalías estatales, han espiado sin ningún tipo de autorización judicial, los dispositivos móviles de un conjunto de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
Por otro lado, también detalla que el diario estadounidense The New York Times, en su nota “Somos los nuevos enemigos del Estado; el espionaje a activistas y periodistas en México”, publicada el lunes 19 de junio, habla sobre el programa Pegasus que el gobierno federal utiliza para infiltrarse en dispositivos privados y menciona que dicho programa se infiltra en teléfonos inteligentes y otros aparatos electrónicos para monitorear información.
Ríos Piter dijo que es sumamente preocupante que el gobierno federal, en lugar de proteger a la ciudadanía, alertándola sobre estas vulnerabilidades en la infraestructura digital, la utilice en contra de quienes llevan a cabo actividades a favor de derechos humanos.
Denuncia reiterada
Esta no es la primera vez que se sospecha del uso de programa espía por parte del gobierno mexicano. Sin embargo, es la primera vez que se tiene pruebas de la existencia documentada de programa espías en celulares privados, refiere el también presidente de la Comisión de Población y Desarrollo.
Cita que en otra información difundida por The New York Times, denominada “Programas de espionaje fueron usados contra promotores de un impuesto a los refrescos en México”, publicada el mes pasado, señala el espionaje que se llevó a cabo, fuera de cualquier precepto legal, contra Simón Barquera, director de investigación en políticas y programas de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública y dos activistas: Alejandro Calvillo de la organización “El Poder del Consumidor” y Luis Manuel Encarnación de “ContraPESO”, quien en aquel entonces era el director de la fundación “Mídete”.
Ellos recibieron mensajes de texto amenazantes que al abrirlos activaban el software llamado Pegasus en sus teléfonos celulares, y contenían un código invasivo de un programa espía.
Estos casos, dejan en evidencia las acciones ilícitas de vigilancia por parte del gobierno federal, dijo Ríos Piter y se pronunció por el irrestricto respecto al Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos que marca la Constitución: “apoyo las exigencias de los afectados, que exigen una investigación exhaustiva y transparente”.
El documento detalla que el Artículo 16 Constitucional, establece que las comunicaciones privadas son inviolables, salvo petición de alguna autoridad judicial: “cada órgano de seguridad y de inteligencia del Estado mexicano, cuenta con protocolos de seguridad para evitar un uso distinto de los establecidos en los mandatos constitucionales”.
Por otra parte, de la revisión de las facultades que cuentan nuestros órganos de inteligencia, indica que el CISEN en materia de intervención de comunicaciones privadas sólo se puede solicitar cuando existe una “amenaza inminente a la seguridad nacional”.
“Como senador de la República, me pronuncio por el irrestricto respecto al Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos que marca nuestra Constitución, y apoyo las exigencias de los afectados en busca de una investigación exhaustiva y transparente sobre los hechos de espionaje cometidos por quien resulte responsable”, señala el texto presentado por Ríos Piter.
“Es necesario atender estas denuncias con una inmediata investigación por parte de la PGR para castigar a quien resulte responsable de dichas intervenciones” refirió el legislador.
