Pide PRD a SCT suspender licitación pública que permite a privados administrar autopistas en Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas

Ciudad de México, 28 de Mayo (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- El diputado Erick Arturo Figueroa Ovando (PRD) pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a Banobras y a Capufe, que suspendan la licitación pública nacional que permite a privados gestionar y administrar las autopistas que integran el tramo denominado Paquete Sureste, en Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas.

Sostuvo que con la licitación se estarían perdiendo 600 empleos directos en las entidades donde serán privatizadas las autopistas, pues se contrataría mano de obra indirecta por otro tanto igual.

“Esto impactará en la economía familiar; además, el impacto negativo también alcanzaría la economía estatal y local”, indicó en un comunicado el también secretario de la Comisión Asuntos Frontera Sur-Sureste.

Informó que presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, que exhorta a la SCT, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, (Banobras) y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, (Capufe) a que suspendan la licitación LA-006GIC003-E2-2018 «AAS” «PAQUETE SURESTE», a fin de que no se le otorgue a privados.

Figueroa Ovando expuso que actualmente en estos tramos carreteros se cuenta con ocho plazas de cobro, que generan un ingreso aproximado diario de cinco millones 250 mil pesos, lo que representa un ingreso anual de mil 916 millones 250 mil pesos.

“Capufe es una de las empresas más rentables de nuestro país, pues de acuerdo con la SCT, hasta 2015 ostentaba el lugar 96 de las 500 empresas más importantes del país, por encima de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, subrayó.

El diputado perredista insistió que con la privatización de estas autopistas, se afectaría a los estados que comprende el Paquete Sureste, ya que cuentan con el mayor índice de pobreza, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Agregó que, además, estas entidades, en recientes fechas, padecieron los estragos por el terremoto de mayor intensidad de nuestra historia, lo que puso a la gente en un estado de vulnerabilidad social y económica mucho mayor.

“Las acciones privatizadoras sólo ocasionarán mayores perjuicios económicos y sociales, pues pretenden mantener empleos con mano de obra barata y poca seguridad social, así como también con precarias prestaciones laborales”, aseveró Figueroa Ovando.