Piden a Senado de EUA aprobar ley de rescate financiero de Puerto Rico
WASHINGTON, 27 de junio, (MOMENTO INFORMATIVO / CÍRCULO DIGITAL).- El Secretario del Tesoro, Jack Lew, urgió hoy al Senado a aprobar sin demora una iniciativa de ley para el alivio financiero de Puerto Rico, ante la cercanía del plazo límite para que el gobierno de la isla pague dos mil millones de dólares de su masiva deuda pública.
En una carta al senador republicano Mitch McConnell, líder de la Cámara alta, Lew advirtió sobre las consecuencias de que el Senado no actúe antes del primero de julio, al indicar que el daño no seria revertido con un voto posterior a esta fecha.
“El Senado debe tomar acción inmediata sobre este asunto, un retraso sólo hará peligrar la habilidad del Congreso para concluir su trabajo antes del primero de julio”, indicó el funcionario.
La Cámara de Representantes aprobó el mes pasado la iniciativa de ley conocida como PROMESA (Ley de Supervisión, Manejo y Estabilización Económica de Puerto Rico), que contiene previsiones opuestas por algunos demócratas y sectores de la isla.
Como parte del proceso para reestructurar la masiva deuda de 70 mil millones de dólares, la iniciativa crearía una junta federal de fiscalización para ayudar a Puerto Rico a manejar sus finanzas públicas, balancear su presupuesto y recuperar el acceso a los mercados financieros.
El mes pasado Puerto Rico incurrió en una virtual moratoria de pagos por más de 400 millones de dólares, y deberá cubrir un pago adicional por dos mil millones adicionales con vencimiento este primero de julio.
“El primero de julio, cuatro días después de esta fecha, la crisis de Puerto Rico se intensificara a un nivel aún mayor”, indicó Lew, quien dijo haber atestiguado de primera mano los efectos de la crisis durante una reciente visita a la isla.
Hizo notar que el 80 por ciento de los comercios en el corazón del distrito comercial de la capital, San Juan, han cerrado sus puertas y que algunos hospitales son requeridos ahora a pagar en efectivo por algunos insumos para tratar a pacientes como bebés recién nacidos.
“En un escenario de moratorio de pagos, y si una demanda de sus acreedores tiene éxito, un juez podría ordenar inmediatamente a Puerto Rico a pagar a estos sobre servicios esenciales tales como salud, educación y seguridad pública”, precisó.
De concretarse un escenario como este, Lew dijo que las autoridades podrían verse forzadas a despedir policías, suspender el servicio público e incluso cerrar hospitales.
“Una aprobación de la ley posterior a esta fecha no daría marcha atrás a tal orden. Esta es una de las muchas razones por las que el Congreso debe actuar antes del 1 de julio”, dijo, insistiendo que una acción tardía dificultaría los esfuerzos del gobierno puertorriqueño para colocarse en una senda de estabilidad y eventual crecimiento económico.
