CIUDAD DE MÉXICO, 02 de julio, (FRANCISCO MONTAÑO / MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).— El Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, debe rendir un informe sobre las acciones implementadas para combatir el robo de hidrocarburos, el número de tomas clandestinas y la cantidad de combustible que se pierde por entidad federativa, demandó la senadora panista María del Pilar Ortega Martínez.
Mediante un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, la legisladora por Guanajuato solicitó también al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) remitir a la Comisión Permanente el “Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Federal”, con una explicación pormenorizada sobre los delitos cometidos en contra de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Además, consideró la necesidad de conformar un grupo plural de trabajo, integrado por legisladores de todos los partidos políticos, para dar seguimiento a las acciones implementadas para combatir y erradicar las acciones delictivas cometidas en esta materia.
De acuerdo con la propuesta de la senadora, a lo largo y ancho de nuestro país existen aproximadamente 65 mil kilómetros de ductos petroleros. “Desafortunadamente, lo extenso y complejo de esta red ha facilitado el robo de hidrocarburos a través de la instalación de tomas clandestinas”, indicó.
Información oficial refiere que para 2016, el robo de combustibles ascendió a poco más de 30 mil millones de pesos. Los estados con mayor incidencia fueron Tamaulipas, en donde se detectaron 3 mil 394 tomas clandestinas; en Puebla, 3 mil 46; en Guanajuato, 2 mil 899; en Veracruz, mil 869; en el estado de México, mil 622, y en Tabasco, 965.
Esta información indica que ha ocurrido un incremento importante de tomas ilegales en los últimos 5 años, ya que en 2011 se detectaron 239 tomas y para 2016 el número aumentó a 6 mil 873, lo que se traduce en una pérdida considerable de ingresos para el Estado, daños al medio ambiente y un riesgo latente para la población que habita en zonas cercanas a las tomas y para quienes transportan el combustible sin las condiciones de seguridad adecuadas, refiere el punto de acuerdo.
La senadora de Acción Nacional recordó que para fortalecer el sistema de justicia de nuestro país y brindar mayor protección a patrimonio del Estado mexicano, en 2016 fue promulgada la Ley Federal para Prevenir y Sancionar las Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la cual fue aprobada por una amplia mayoría de senadores y diputados de todas las fuerzas partidistas.
“Es así que consideramos necesario que con el fin de poder medir la eficacia de la ley especial que se aprobó por el Congreso de la Unión, se cuenten con datos precisos y desagregados sobre la incidencia delictiva en la materia”, refiere.
El punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión de la Permanente, para su análisis y dictaminación.
