CIUDAD DE MÉXICO, 16 de octubre, (AMPRYT / CÍRCULO DIGITAL).- El senador priista Miguel Romo Medina, propuso ampliar 30 días más el mes del testamento que se realiza durante septiembre, a fin de cumplir con los objetivos de seguridad y certidumbre jurídica sobre los bienes, posesiones y derechos.
Para ello, dijo plantearán que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, consideren la posibilidad de extender este beneficio, a partir del próximo año.
Expuso que los resultados de esta campaña muestran un incremento considerable de avisos de testamentos en la base de datos del Registro Nacional de Avisos de Testamento (Renat) durante septiembre, mes de vigencia de la campaña, muy por encima de los otros, en algunos casos representa el 30 por ciento de los testamentos anuales.
En cinco estados de la República se ha logrado ampliar la campaña a los meses de septiembre y octubre, gracias a la gestión de la Secretaría de Gobernación con los colegios de notarios correspondientes.
Sin embargo, es necesario que estas acciones se apliquen en todo el territorio nacional, con el objeto de que los ciudadanos cuenten con los beneficios y con ello consolidar un Estado de legalidad.
Entre los beneficios que ofrece la campaña, en la que se coordina la Federación y los gobiernos de las entidades federativas, destaca la reducción en el monto de los honorarios fijados por el arancel notarial correspondiente a cada entidad federativa, haciendo que el costo del testamento más accesible para las personas, aseveró.
Por ello, insistió, ante los evidentes beneficios que trae consigo la realización del testamento, es urgente concretar acciones que estimulen a la sociedad a realizar un testamento que brinde certidumbre sobre la distribución de los bienes y derechos después de la muerte.
Además, evitar futuros conflictos entre familiares y terceros interesados, que de otra forma deberían ser desahogados por la actividad judicial.
Ampliar el plazo, contribuiría a disminuir la carga de trabajo por parte de la función judicial, pues se reducirían los juicios sucesorios intestamentarios, en favor de procesos y trámites judiciales que, por su naturaleza, se desarrollan procesalmente de una manera más económica y eficaz.
