CIUDAD DE MÉXICO, 28 de junio, (FRANCISCO MONTAÑO / MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).— Luego de que la dirigencia del PRD hiciera pública su intención de conformar un frente amplio con otras fuerzas políticas, incluido el PAN, rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, el vicecoordinador del PT_Morena en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, lanzó un llamado a los dirigentes perredistas renunciar a su militancia.
En conferencia de prensa, el ex senador perredista recordó que, en su momento, advirtió que el PRD buscaría una alianza con el PAN a fin de impedir que Andrés Manuel López Obrador llegue a la Presidencia de la República.
Señaló que ahora que se ha confirmado esta decisión, los dirigentes del PRD que decían que su permanencia en este instituto político tenía un contenido ideológico ya no tienen pretexto para plantear su salida.
Miguel Barbosa aseguró que el acuerdo para conformar este frente representa la muerte del PRD como un partido de oposición y anticipó que terminarán “haciéndose pedazos” por esta decisión.
El ahora senador por el PT consideró aberrante que se esté planteando un frente opositor de izquierdas, cuando, dijo, lo que se está haciendo es dar un paso adelante para aliarse con Acción Nacional.
[14:59, 28/6/2017] Francisco Montaño: El vicecoordinador del PT-Morena en el Senado, Miguel Barbosa, presentó una iniciativa para prohibir expresamente cualquier intervención de comunicaciones que no estén enmarcadas en una investigación penal, policial o de seguridad nacional, así como cualquier tipo de seguimiento o intervención de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas con fines o por motivaciones políticas.
La iniciativa plantea la prohibición absoluta del espionaje político, el fortalecimiento de controles parlamentarios, la restricción proporcional de la intervención de comunicaciones y dispositivos en investigaciones criminales y la sanción a empresas de tecnología que dolosamente participen en intervenciones ilegales
En conferencia de prensa, el senador del bloque PT-Morena señaló que ante el escándalo por los señalamientos de espionaje por parte del Gobierno hacia periodistas y activistas el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que su gobierno no espía.
“Lo hizo molesto y después quiso componer su posición, pero antes lo que había hecho es amenazar de hecho a quienes afirmaban que su gobierno espiaba. Con ello, por cierto, nosotros fuimos los que pedíamos que Peña tomara posición pública de este asunto, la tomó, la tomó y se quedó en el límite de la legalidad”, dijo.
Barbosa Huerta aseguró que las pruebas que tienen en su poder quienes presentaron este informe son verdaderas sábanas controladas de acciones de espionaje proporcionadas por los mismos que las ejecutan.
“Ellos fueron los que se las entregaron, yo dije que eran una lucha dentro del poder mismo también, una filtración que desde el poder se estaba haciendo para debilitar al propio poder en su lucha rumbo al 2018”, añadió.
El legislador poblano comentó que en cualquier país, un asunto como éste llevaría al gobierno al límite de caer, y frente a esta situación, el Legislativo tiene que poner mayores controles de protocolo para que se autorice la intervención de llamadas y las acciones de inteligencia.
En la Ley de Seguridad Nacional, dijo, no se determina cómo debe de autorizarse y con qué elementos debe de autorizarse una acción de esta naturaleza; “no hay una mención rotunda de que el espionaje político debe estar prohibido, no hay una identificación que espiar a periodistas, espiar a opositores críticos, a defensores de derechos humanos debe ser catalogado como un espionaje político”.
En ese sentido, explicó que la iniciativa busca darle mayor función a la Bicameral de Seguridad Nacional para que reciba informes mensuales y establezca mejores mecanismos que identifiquen una violación a los derechos fundamentales de cualquier persona, y también para sancionar a las empresas que manejan alta tecnología, que sirven para estos fines, que comercializan este tipo de herramientas tecnológicas y con ello se permite la vulneración de la privacidad de las mexicanas y los mexicanos.
“Se propone que la labor de intervención autorizada judicialmente y con las salvaguardas expresadas en la presente iniciativa, sea sometida además a la instancia de control parlamentario especializada, como lo es la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional”, expresó.
La iniciativa plantea también adicionar un párrafo segundo al artículo 177 del Código Penal Federal para sancionar a las empresas que dolosamente participen en intervenciones ilegales.
