La única razón de existir del Estado es brindar, por encima de todo, seguridad y justicia en la amplia acepción de los términos. No hay otra. Desde que los filósofos jónicos inventaron el concepto del Estado como obra superior de la cultura, lo definieron así, independientemente de otros atributos básicos.

En el devenir, después de toda la parafernalia teórica que se ha dicho sobre el Estado, se describió desde un concepto estorboso para los poderes reales, hasta llegar a ser un Leviatán super poderoso o hasta convertirse, como en México, en un sujeto jurídico cargado de pasivos patrimoniales con sus gobernados.

Pero en el fondo, de todas las obligaciones, modalidades, acepciones, conceptos, definiciones y objetos, queda lo que desde hace miles de años se definió: la responsabilidad primaria de brindar seguridad y justicia.‎ Es la lucha constante contra la Iglesia, el invasor, los caciques y los señores de horca y cuchillo, soliviantados por el poder.

La democracia no se puede asociar con desorden e inseguridad

Todos coincidimos en que no se puede vivir en un territorio sin orden, sin leyes y sin instituciones que las hagan efectivas, en una democracia donde priva la ley del más fuerte, del más corrupto o del más impune. La violación de la ley es la falta de respeto al depositario original de la soberanía: el pueblo de carne y hueso.

La democracia no se puede asociar con desorden e inseguridad, cuando debe ser sinónimo de orden y estabilidad, producto de leyes que hagan cumplirlas. Vivir así es peligroso, porque la actual parálisis deriva en el necesario colapso de los sistemas económicos, financieros, políticos y sociales de cualquier nación.

Ningún Estado tiene justificación de sobrevivir esquivando estos mandatos superiores, aunque se alegue en favor de la displicencia que se hace por causas que están por encima de la voluntad popular. Aunque se haga por miedo o seguridad personal de los mandatarios. Ningún pretexto es válido, en ninguna circunstancia.

Presupuesto 2020: tiene más cash‎ cualquier narquillo o capitoste

Sin seguridad y justicia los índices de crecimiento, desarrollo, tipos de cambio frente al dólar, tasas de interés, preferencias del consumidor, inversión extranjera, pública y privada, son fantasías dirigidas a la tranquilidad del respetable. Pueden volar en pedazos, ser pajaritos en el aire.

Pueden ir chupando faros desde ahora los seis billones de pesos del presupuesto federal 2020, toda vez que más del noventa y tres por ciento de su contenido se refiere a deudas atrasadas, obligaciones etiquetadas, sueldos, salarios y prestaciones burocráticas, de las cuales sólo quedan unos cuantos miles de millones para gastar en algo de provecho.

Tiene más cash‎ cualquier narquillo o cualquier capitoste favorecido por concesiones estatales que el gran Tlatoani, constreñido por la fuerza de las circunstancias y por el poder escandaloso de que hacen gala los mismos cómplices del Estado, blindados de impunidad y de inmunidad.

Guardia Nacional y Poder Judicial, muchos recursos, cero efectos

¿De qué sirve que los aparatos de seguridad y justicia estén forrados de presupuesto si no tienen orientación ni objetivos populares? La Guardia Nacional jamás podrá justificar los recursos recibidos mientras no se sepa a qué se va a dedicar, lo mismo que un carísimo aparato de justicia que actúa contra los mismos habitantes.

Nadie puede tener una visión estratégica que esté por encima de las necesidades reales de tener seguridad y justicia, pésele a quién sea. Lo contrario es contrapuesto a la soberanía de una Nación, a sus mandatos fundamentales que pasan por encima de cualquier cabeza.

Lo primero que debe hacerse es combatir la más grave impunidad

Para acceder a los conceptos de la seguridad y de la justicia en la más amplia acepción lo primero que debe hacerse es combatir la impunidad, que se torna más grave, por la ausencia del correctivo eficaz, que la corrupción misma. La consecuencia de no hacerlo es condenar al fracaso a todo un país.

Caer en la mafiocracia, donde las decisiones violentas y autoritarias no las impone el Estado, sino las organizaciones criminales que ocupan todos los vacíos del poder.‎ El colmo de un Estado fallido, de una organización política demolida desde sus bases por los compromisos en que han caído los beneficiarios.

Para nuestra sobrevivencia reclamamos paz, justicia y bienestar

En este desconcierto estamos gracias a que el Estado no tomó la decisión original de combatir de frente a los mayores delincuentes de que se tenga memoria en este país. Los regímenes neoliberales produjeron a los Salinas, Slim, Romero Deschamps, Videgaray, Peña Nieto, Meade, la tolucopachucracia y sus adláteres que era necesario contener.

Todo lo demás, de ahí para abajo, es agua de borrajas. Es montaje con chivos propiciatorios que no llevan a algún lugar. ‎Insistir en ese camino, por demás falso, es querer llegar a una sociedad punitiva sin sentido, no a una sociedad que para su supervivencia reclama paz social, justicia y bienestar.

Decisiones descabelladas. Entregan nuestro futuro a forajidos

Si en vez de combatir a los delincuentes de gran calado se les premia con las mayores obras del sexenio, como es el caso del Tlacaélel azteca – libanes Carlos Slim o del cacique ratero Carlos Romero Deschamps, el gran dique para el rescate de Pemex, hoy en funciones reales de secretario general del Sindicato petrolero, estamos fritos de antemano.

No puede pensarse en el desarrollo de este país con estas decisiones descabelladas que entregan el presente y el futuro de México en manos de delincuentes e irresponsables. No puede decirse que se actúa en bien del país si se siguen cometiendo estos delitos de lesa patria. Todo tiene un límite. Nosotros lo rebasamos.

Ni el dinero de Slim ni la corrupción de Romero Deschamps

Es ya necesario aceptar que sin seguridad y justicia no podrá haber jamás gobernabilidad. Urge reconocerlo, independientemente del maquillaje del presupuesto, en el marco de la crisis económica, política, de liderazgo, de identidad, fiscal, legal, jurídica, de partidos políticos, de Ejército, de educación y de medios de comunicación.

Un país de ciento treinta millones de habitantes no puede depender de los hilos del dinero de Slim ni de la corrupción de Romero Deschamps. Somos demasiado grandes para poder tragarnos esa rueda de molino.

Por ahí no es, Presidente. Menos con apapachos públicos a la delincuencia organizada de los carteles de la violencia. Así no se puede caminar por este país ni por este mundo.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece a los delincuentes que si se desarman y se entregan, podrán obtener una amnistía, negocios legales, vivir más tiempo y hasta una «respetabilidad social». Así lo detalla el decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México, que fue publicado el 17 de mayo anterior en el Diario Oficial de la Federación. El documento argumenta que ante la imposibilidad de derrotar a los grupos delictivos únicamente con el uso de la policía y las Fuerzas Armadas, es necesario aplicar un modelo de justicia transicional. En concreto se trata de «leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores, garantizando asimismo sus derechos y ofreciéndoles reducciones de penas e incluso amnistías condicionadas al perdón de personas y colectividades que hayan sido afectadas y proponiéndoles un cambio de vida». + + + Y a propósito, me reportan que donde resulta que no termina de aterrizar la Cuarta Transformación es en la Policía Federal, donde además de las manifestaciones de policías inconformes, en su área de compras el director de Adquisiciones, Luis Martínez Rosas Navarrete, sigue operando como si estuviera en los tiempos donde, desde Pemex, como titular del Órgano Interno de Control en el área de Responsabilidades, en 2014 favorecía la suspensión de inhabilitaciones a proveedores que tenían impedido participar en procesos de contratación con la paraestatal, siempre con respaldo su amigo y ¿socio? Manuel Antonio Magaña Moheno, quien con toda impunidad ejerce presión desde el Órgano Fiscalizador en la Policía Federal, bajo los supuestos argumentos de transparencia, que son sólo una simulación para favorecer a sus amigos proveedores y entorpeciendo, por otra parte, procedimientos en aquellos casos en los cuales los acuerdos no son convenientes a sus intereses. + + + ¿Ya se enteró usted de la nómina archimillonaria de Martí Batres en tanto presidía el Senado de la República? Fueron 66 sus recomendados, mismos que nos cuestan a los contribuyentes 4 millones 200 mil pesos líquidos al mes. ¡Para eso me gustaba el hipócrita que hasta escenificó el Tupperware Challenge para presumir una austeridad totalmente fingida!

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