Prepara diputado Paulo César Martínez López, iniciativa de Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de Marzo de 2018 (CDMX MAGACÍN).- El diputado de Morena en la Asamblea Legislativa, Paulo César Martínez López anunció que presentará, antes del 30 de marzo del presente año, una propuesta de Ley de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.

En el Foro sobre Pueblos y Barrios Originarios, el legislador señaló que el objetivo de dicho evento es recabar información directa de los habitantes de pueblos y barrios originarios para construir y enriquecer la iniciativa.

Martínez López precisó que, por mandato constitucional, se debe tener una Ley de pueblos y barrios y comunidades indígenas residentes, a más tardar el cinco de febrero de 2019, por lo que busca dejar un precedente, un documento completo que pueda ser retomado por el próximo Congreso de la Ciudad de México.

Al respecto, la diputada Ana Juana Ángeles Valencia llamó a los pueblos y barrios a exigir su derecho a ser representados en el próximo Congreso y en el gabinete capitalino, para que desde ahí se impulse el respeto pleno a los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas.

Los grupos indígenas además, señaló, deben tener garantizado el acceso al sistema judicial con asistencia legal en su idioma o en su dialecto, debe existir una verdadera defensoría indígena con traductores bilingües o trilingües con capacitación jurídica.

Para ello, propuso crear una Defensoría Pública y una Fiscalía Especializada para atender a la población indígena y originaria de la Ciudad de México.

Durante su participación, la diputada Olivia Gómez Garibay precisó que en la capital de país se establecen 132 pueblos y 58 barrios originarios, quienes tienen derecho a ser consultados sobre todo aquello que les afecte.

La legisladora señaló que es deber de los diputados y del gobierno de la Ciudad, hacer valer el artículo 59 de la Constitución de la Ciudad, el cual reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios, así como de las comunidades indígenas residentes, a la libre determinación de sus asuntos internos, lo que sin duda, debe quedar claro y preciso en la Ley de pueblos y barrios.

Al respecto, el ex diputado constituyente, Aristeo López, coincidió con la diputada Olivia en que debe existir un autogobierno de las tierras de los pueblos para evitar que éstos sean desposeídos de sus recursos naturales.

Asimismo, destacó la importancia de preservar el patrimonio cultural de los pueblos, sobre todo porque representa la identidad de sus habitantes y un elemento de suma importancia para la identidad es el idioma, por lo que propuso que se estudie la posibilidad de tener en la Ciudad de México un Instituto de Lenguas, con el objetivo de no perder las lenguas indígenas.

Por su parte, Tomás Montes de Oca, del Centro Cultural Xitle, propuso la creación de un Museo Tepaneca en Azcapotzalco y dentro del mismo, un Instituto de Antropología Tepaneca para estudiar quiénes fueron los tepanecas, qué hicieron y qué lenguas hablaron, pues todo indica que se comunicaban con una lengua distinta a las conocidas en el Valle de México.

Montes de Oca se dijo convencido de que es necesario rescatar la identidad de los pueblos y comunidades indígenas, saber sus orígenes y recatar sus costumbres y tradiciones.

Al hacer uso de la palabra, Rafael Castelán, representante de pueblos y barrios originarios, expuso que en la nueva Ley de Pueblos y Barrios es necesario destacar los derechos político-electorales de las comunidades indígenas, sobre todo, señaló, porque en el Código Electoral no se obliga a los partidos políticos a presentar, entre sus candidatos a ocupar cargos de elección popular, a personas que representen y formen parte de los pueblos originarios.

Castelán concluyó que es urgente que los habitantes de los pueblos originarios puedan ser electos porque en la Ciudad de México existe más de un millón de personas con autoadscripción indígena, las cuales deben ser representadas. Aseguró que por lo menos en Xochimilco y Milpa Alta el 92 por ciento de la población pertenece a un pueblo o barrio originario, por ende, dijo, sus representantes populares deben pertenecer a alguna de esas comunidades.

Durante su participación, Nelly Juárez Audelo, ex diputada constituyente, sostuvo que es preciso retomar el documento que se construyó entre 2013 y 2015, para la elaboración de la Iniciativa de Ley de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, la cual sigue congelada en la Asamblea Legislativa.

Juárez Audelo señaló que desde el 23 de marzo de 2015, se entregó el documento al órgano parlamentario, mismo que no fue retomado por esta VII Legislatura.

La importancia de ese documento, destacó, radica en que se realizaron consultas en cada pueblo, en cada barrio y comunidad, para después hacer consultas por delegación, es decir, en este caso se consideró el sentir de los habitantes de los pueblos, pues existió presupuesto para la consulta y equipo técnico para la sistematización.

Nelly Juárez informó que en ese momento se realizaron hasta 200 asambleas en las cuales se estableció un verdadero diálogo con los pueblos, por ello la importancia de retomar ese trabajo que ya se realizó pero que falta por revisar y aprobar.

Respecto de las asambleas, Jerónimo López, asesor de las comunidades indígenas, dijo que las asambleas son las instituciones comunitarias por medio de las cuales se deben llevar a cabo las consultas, pues es en ellas donde se encuentra presente la autoridad tradicional y donde se ejecutan los mecanismos tradicionales propios de los pueblos, barrios y comunidades.

La consulta, precisó, debe pasar por tres fases, la informativa, la deliberativa y la de resultados, en la primera, dijo, es de suma importancia que la gente no tenga dudas sobre los objetivos de la consulta, para así poder realizar una consulta efectiva.

Jerónimo López llamó a los integrantes de los pueblos a participar y exigir su derecho a la consulta, el cual quedó plasmado en la Constitución de la Ciudad de México, es momento, dijo, de que los pueblos y barrios redefinan su rumbo, fortalezcan su vida interna y sus instituciones comunitarias.

Por su parte, el maestro en sociología por la UNAM, Valeriano Ramírez Medina, subrayó la importancia de defender la territorialidad, pues es ésta la que da sentido de pertenencia y arraigo.

El territorio, manifestó, es de suma importancia porque es a través de él de donde se pueden defender los recursos naturales que en él se encuentran, tales como los pozos y manantiales de agua.

Ramírez Medina sostuvo que la Ley de pueblos y barrios y comunidades debe surgir de las consultas, pero también de los consensos, pues si existen consultas pero no acuerdos, la consulta pierde validez.

Al hacer uso de la palabra, la doctora Consuelo Sánchez, ex diputada constituyente, resaltó que en la Constitución de la Ciudad se reconoce a los pueblos una serie de derechos que no se garantizan en otros países, lo que hace de la norma local una Constitución de avanzada.

Entre esos derechos, precisó, se encuentra el relacionado con la salud, donde el Estado debe garantizar el acceso a clínicas comunitarias y a respetar el derecho que tienen los pueblos, barrios y comunidades para emplear la medicina tradicional.

En materia de educación, señaló, las autoridades se ven obligadas a dotar del sistema educativo que los pueblos decidan, donde se empleen profesores que hablen lenguas indígenas para que éstas no se pierdan.

Por último, Consuelo Sánchez destacó que con la nueva Constitución, las autoridades se ven obligadas a asignar un presupuesto a los órganos administrativos de los pueblos indígenas, quienes además tienen derecho a participar en todos los planes y programas de gobierno de la Ciudad.

Al finalizar, Larisa Ortiz, integrante de la Red Nacional Indígena, expuso que para la realización de la Ley de pueblos y comunidades es preciso retomar lo establecido en la Carta Magna federal, la Constitución local, la normativa internacional, pero sobre todo, la visualización y el sentir de los pueblos, barrios y comunidades.

Para ello, dijo, la Ley deberá adecuarse a la realidad de los pueblos y no pretender que las comunidades se adecuen a la norma.

En ese proceso, dijo, será necesario dejar en claro que existen muchos pueblos que no necesariamente tienen un territorio, pues fueron desplazados de sus lugares de origen, pero a pesar de ello, aún conservan sus tradiciones y se organizan respecto de los asuntos que les competen o que les afectan.

Asimismo, la integrante de la Red Nacional Indígena, expresó que los legisladores y los próximos congresistas deberán dejar claro quiénes son los sujetos de derechos a efecto de no diluir la identidad de los integrantes de pueblos, barrios y comunidades; pues se comete el error de nombrarlos como simples ciudadanos cuando en realidad son ciudadanos indígenas.

Al concluir, los ponentes hicieron un llamado a los diputados de las demás bancadas a escuchar a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, pues en los foros no sólo debe existir la participación de los integrantes de estas poblaciones, sino deben ser sesiones de diálogo con todos los partidos a fin de que éstos comprendan la importancia de tener una ley en la materia y los alcances que ésta puede lograr.