CIUDAD DE MÉXICO, 28 de junio, (AMPRYT/CÍRCULO DIGITAL).—La Red en Defensa de los Derechos Digitales presentó ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía el informe denominado “#GobiernoEspía”, donde se solicita que se transparente de manera inmediata los contratos y la información relativa al proceso de contratación de este malware.
El presidente de la Comisión, Zoé Robledo Aburto, dijo que el Poder Legislativo no puede ser omiso de un caso tan grave, por lo cual manifestó que la sola posibilidad de que el gobierno haya usado recursos públicos para espiar a particulares, sin autorización judicial correspondiente, amerita una investigación imparcial, autónoma y exhaustiva.
Refirió que el informe precisa que la afectación tendría un costo de 77 mil dólares por persona afectada, y el informe da cuenta de 12 casos, por lo cual se estima un total de 16 millones 632 mil pesos, “es decir, el 90 por ciento del presupuesto asignado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.
El gobierno podría estar gastando lo mismo en espiar a los periodistas, que en protegerlos, sólo por ese hecho, vale la pena generar un compromiso del Senado para acompañar una investigación independiente, exhaustiva, a un proceso democrático que nos permita llegar a las últimas consecuencias, ante “una de las mayores violaciones a los derechos humanos de las que tengamos conocimiento en los últimos años”.
Al presentar el informe, Luis Fernando García, director ejecutivo de La Red en Defensa de los Derechos Digitales, aseguró que el informe revelan patrones de una vigilancia sistemática, porque los objetivos fueron atacados utilizando una infraestructura común; los mensajes de texto son muy patentes y hay un incremento en el número de intentos de infección durante coyunturas críticas del trabajo de los objetivos.
Informó que a través del envío de mensajes de texto, los cuales están diseñados para que la persona le dé click a un enlace que infecta el dispositivo con el “malware Pegasus”, a través del cual se pueden conocer las llamadas, mensajes, correos, chats, fotos almacenadas, contactos e inclusive se puede prender la cámara y el micrófono.
Precisó que la empresa encargada de vender este malware es NSO Group, la cual dijo, sólo les ofrece este sistema a los gobiernos, “por lo cual el Gobierno mexicano es cliente de esta empresa”.
Es necesario conocer qué agencias del Gobierno mexicano han adquirido licencias para su utilización, así como la creación de un panel de expertas y expertos independientes, auspiciado por un organismo internacional que permita supervisar la investigación, “dado que la misma se encuentra en riesgo de caer en la impunidad”.
La senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo Gurza, subrayó que este informe es de la mayor importancia para el Senado, porque es un tema que tiene que investigarse y llevarse a la esfera internacional.
Es un tema de democracia, porque el riesgo de regresión autoritaria está latente para que se cristalice en el país, ya que el espionaje contra civiles, es una forma de violencia, acoso e intimidación que no debemos tolerar, concluyó.
Su compañera de bancada, Laura Rojas Hernández expresó que varios legisladores presentaron un punto de acuerdo para que el Gobierno de la República, solicite la creación de un panel de expertos independientes en las investigaciones de este tema.
El punto es que cuatro grupos parlamentarios representados en el Congreso, ven pertinente y necesario el acompañamiento de los organismos internacionales en esta investigación, bajo la premisa de que el propio investigado no puede ser parte de la misma.
El también senador del PAN, Ernesto Ruffo Appel, argumentó que es “lamentable” esta circunstancia, dado que el “sospechoso en el banquillo” es el propio Gobierno. Pero, es de celebrarse la iniciativa ciudadana por darle seguimiento a un tema tan delicado.
Dijo que es factible la organización de un ente mexicano que debe ser secundado por un grupo de expertos internacionales, así como un grupo de legisladores, a efecto de conocer todos los detalles de este asunto.
El senador del PRI, Enrique Burgos García, dijo que este es un asunto que debe ser investigado, “ya que tiene que ser la expectativa realista y documentada, la que nos abra los espacios”.
Subrayó que las hipótesis dan para mucho, por lo cual debe acreditarse con la documentación necesaria y abierta, “es ineludible aclarar este asunto, bajo la objetividad, transparencia y un sistema crítico”.
En tanto, el senador Jesús Priego Calva, también del PRI, refirió que el crimen organizado es tan poderoso y tiene tantos recursos, que podría tener estos mismos sistemas, “porque no es cosa de gobiernos, sino de dinero y estrategias”.
Aseguró que es un problema que debe abordarse por parte de todos los interesados a efecto de poder contrarrestarlo.
