Presentarán queja ante Conapred por actos de discriminación en marchas contra matrimonios igualitarios
CIUDAD DE MÉXICO, 12 de septiembre, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).- El diputado perredista Daniel Ordoñez Hernández anunció que presentará una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), por presuntos actos de discriminación en los que ha incurrido el Frente Nacional por la Familia al convocar a marchas contra los matrimonios igualitarios y atentar así contra el derecho de todas las personas al matrimonio.
El legislador comentó que también solicitará a la Secretaría de Gobernación abrir una investigación para determinar si los sacerdotes de diferentes religiones que marcharon el viernes contra los matrimonios igualitarios incurrieron en alguna violación a lo establecido en la Constitución y en la Ley General de Asociaciones Religiosas y de Culto Público.
Recordó que el Conapred ya se pronunció “a favor del reconocimiento a la familia, incluyendo todas las formas y manifestaciones que de ella existen en la sociedad, y del derecho de todas las personas al matrimonio, sin discriminación alguna.”
“La queja pretende que el Conapred investigue y resuelva, si quienes están convocando a manifestarse en contra de los matrimonios igualitarios incurren en actos discriminatorios”.
Ordoñez Hernández puntualizó que esta entidad “se encarga de recibir y resolver las reclamaciones y quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones.”
En opinión del diputado, quienes están convocan a las marchas atentan contra los derechos humanos consagrados en la Constitución la cual establece con toda claridad el principio antidiscriminatorio. Asimismo, consideró se está violando la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED).
El perredista argumentó que quienes están convocando a las marchas contra los matrimonios igualitarios están en su derecho de ejercer su libertad de expresión, pero dijo que en el ejercicio de esta libertad no pueden pasar por encima de los derechos constitucionales de otros y el Estado está obligado a ejercer sus facultades para proteger los derechos humanos de todas las personas.
