Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

En una acción boxística de uno-dos, el PRI anunció ayer que no sólo va por la anulación del 100 por ciento de los multimillonarios subsidios anuales a los partidos políticos, sino que usará su fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados para desaparecer el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal mediante el cual diputados panistas –según está documentado-, cobran “moches” a alcaldes y constructoras.

Al anunciar lo anterior, el coordinador de la bancada del tricolor en San Lázaro, el exgobernador mexiquense César Camacho indicó:

“Quiero decirles que en el proyecto de Presupuesto de la Federación para 2018, no aparece ninguna partida relacionada al Fortalece (como se conoce coloquialmente entre los diputados panistas a este fondo), que es un fondo para apoyar con obras en estados y municipios.

“Este fondo tuvo recursos por 10 mil millones de pesos el año anterior, y este año se le asignaron 9 mil 300 millones de pesos, esto le dio la oportunidad a diputados de todas las fracciones partidarias de direccionar recursos”.

Tradicionalmente este fondo destinaba 10 millones a cada diputado federal para ser aplicado a obras en los municipios de su distrito electoral.

Con base en ello los diputados blanquiazules, según se supo a partir de sus conflictos internos, decidían el destino de esos 10 millones y algunos cobraban “moches” a los alcaldes y constructoras beneficiadas.

“El PRI plantea la desaparición del Fortalece”, indicó Camacho.

“Ni un centavo a ninguna diputada o diputado para disponer de ello, el dinero no sobra, será la Comisión de Presupuesto la que tendrá la prioridad de reasignar recursos a la reconstrucción nacional”, comentó.

PAN-PRD Y MC QUIEREN VENGANZA

Evidentemente tocados por las decisiones anunciadas por el PRI para eliminar el 100 por ciento de los subsidios públicos a partidos políticos, lo que se suma a una iniciativa de reforma Constitucional para desaparecer a los pluris ya sean senadores, diputados federales, o diputados locales, y ahora para desaparecer el fondo de los “moches”, las dirigencias del llamado Frente Ciudadano por México anunciaron desde San Lázaro que promoverán la concertación de un amplio programa de austeridad nacional.

Este programa no sólo eliminaría los subsidios multimillonarios a los partidos políticos, y daría fin a la existencia de diputados y senadores pluris, sino que sometería a recortes draconianos al Gobierno Federal y a los poderes Legislativo y Judicial para así ahorrar 60 mil millones de pesos cada año que serían destinados a la reconstrucción nacional.

Como nadie tiene confianza en el Gobierno ni en los partidos ni en los medios informativos ni en nadie, entonces los dirigentes del Frente Ciudadano, es decir: Alejandra Barrales, presidenta del PRD; Ricardo Anaya, presidente del PAN y Dante Delgado líder vitalicio del Movimiento Ciudadano, promoverán la creación de una contraloría ciudadana integrada por personajes reconocidos de la sociedad que sea la que decida el destino de esos 60 mil millones de pesos.

El plan, que es por demás absurdo por inviable, pretende despedir al 50 por ciento de la burocracia en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial desde los niveles de jefes de departamento, directores, subsecretarios y secretarios, un corredero a diestra y siniestra junto con la suspensión de servicios médicos y seguros de vida, pagos de viáticos, alimentos, vehículos, transporte, celulares y todo el personal contratado por honorarios.

¿Cómo se financiarían los partidos? Con aportaciones privadas.

El plan del Frente fue calificado por sus creadores como “un triunfo más”, “un verdadero plan de austeridad”, una medida para “entrarle a un ahorro de a de veras, no de simulación”, etc…

Interrogados respecto a cómo lograrían avanzar este plan si ellos mismos –Anaya, Barrales y Dante Delgado- son altamente cuestionados por su falta de probidad, Barrales indicó que desgraciadamente todas las instituciones, partidos y hasta medios informativos en México son poco fiables.

Un reportero les recordó que Ricardo Anaya es ahora cuestionado por no aclarar una fortuna familiar de más de 300 millones de pesos; que Barrales n ha podido comprobar cómo es posible sea propietaria de un costoso departamento en Miami y de Dante Delgado solo hay que recordar que fue encarcelado por peculado en Veracruz.

TODOS A UNA

Prácticamente al mismo tiempo en la Cámara de Senadores, la legisladora perredista, Angélica de la Peña, promovía la creación de un Padrón Único de Beneficiarios con los afectados de los sismos de este septiembre.

Este Padrón, dijo, daría certidumbre no sólo a los afectados sino a la sociedad en su conjunto, al contar con un conjunto de instrumentos, sistemas y reglas que permitan la identificación, caracterización e integración de los Beneficiarios del Fondo Nacional de Reconstrucción 2017.

Así se avanzaría dentro de una verdadera transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la reconstrucción de las viviendas de los damnificados.

De esta forma, afirmó la senadora De la Peña, el Congreso estaría dando una respuesta inmediata a los afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre y estaría estableciendo el orden jurídico que regule la tarea.

De igual forma la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, propuso crear la Ley del Fondo Nacional de Reconstrucción 2017, para permitir que el Estado mexicano, coordine integralmente a los gobiernos estatales y municipales, y a los sectores social y privado, en el restablecimiento de las comunidades afectadas.

Ello permitiría, dijo De la Peña, una tarea de reconstrucción ordenada, efectiva y eficaz  de la infraestructura de vivienda, de los servicios de salud, educación, comunicación y, en general, la ejecución de acciones para garantizar la reactivación de la economía y la normalización de las actividades de la sociedad, el sector público y privado.

El objeto de la ley, dijo, será el de construir un fondo que garantice la captación de ingresos derivados de las asignaciones y contribuciones para la reconstrucción y rehabilitación de viviendas, infraestructura escolar, provisión de albergue y servicios médicos, infraestructura de agua potable, construcción y rehabilitación de carreteras, vialidades y caminos rurales, así como para la atención de las personas damnificadas.

El Fondo, explicó, se integraría con las aportaciones de los tres órdenes de gobierno, así como de estados extranjeros, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y cualquier otro de procedencia lícita.

Ahí se derivarían las aportaciones de los partidos políticos, de los ahorros y recortes de organismos autónomos y de los poderes de la Unión,

De la Peña indicó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 deberá destinar una partida inicial de al menos  20 mil millones de pesos para comenzar a hacer frente a las tareas de reconstrucción.

La perredista aseguró que las autoridades responsables deberán garantizar los recursos económicos y humanos necesarios, así como ser administrados y ejercidos bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía, honradez, transparencia y rendición de cuentas.

Todo el programa de reconstrucción deberá estar sujeto a un estricto control y transparencia.

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