El Elefante Blanco
*José Francisco Montaño
Mientras en el mundo las denuncias por corrupción tiran directivos, ministros y presidentes, México se resiste a aprobar, por primera vez en su historia, una Ley Anticorrupción que acabe con el legado y la impronta priísta de robar y enriquecerse a costa del erario público.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, Emilio Gamboa, primero desdeñó y saboteó la participación activa de la sociedad civil en la dictaminación de la Ley, a través de la figura del Parlamento Abierto, y después negoció, en lo oscurito, con las organizaciones no gubernamentales, sus trascendentales propuestas para impedir el saqueo institucional.
Desde el principio de la discusión Gamboa marginó a las bancadas del PRD y el PAN, pero ante el avance, e incluso el rebase, de las medidas técnicas y las políticas públicas aportadas por el IMCO y Transparencia Mexicana, entre otras organizaciones, trató de coptar la inteligencia de los ciudadanos que, tanto en el terreno judicial como en el legislativo, ya demostraron que sí se puede.
El Gatopardismo del Revolucionario Institucional, quiso sorprender a los amarillos y albiazules, y hasta se jaló a algunos panistas que consideran inconstitucionales procedimientos que estarían sustentados jurídicamente. De los panistas, como Javier Lozano, se podía esperar el bandazo, pero de las ONG’s jamás, quizá por pecar de inocencia política.
En ese juego perverso, la dictaminación de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción se le encargó -en su calidad de presidente de la Comisión Anticorrupción, al senador Pablo Escudero, yerno de Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI.
El legislador del Partido Verde abrió el parlamento a la sociedad civil, en parte por el empuje de las 600 mil firmas para que se tome en cuenta a la Ley 3 de 3, mediante la cual los servidores públicos estarían obligados a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses.
Pero, de entrada, el fiel Escudero acusó a todos los ciudadanos que impulsan esa iniciativa de violar la Constitución y de pedir a los legisladores que también la violen, con denuncias e investigaciones que procedan contra las cuentas off short de servidores públicos corruptos.
Por eso, su misión es la de “achicar” la Ley Anticorrupción, como lo denunciaron perredistas y panistas, ya sea a través de un albazo, la traición o la compra de voluntades, porque la consigna priísta es la de «antes muerto que ser un político pobre”.
