CIUDAD DE MÉXICO, 07 de mayo, (FRANCISCO MONTAÑO / MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).— El senador Rabindranath Salazar Solorio propuso la creación de un Tribunal Constitucional encargado de resolver acerca de cuestiones de constitucionalidad o inconstitucionalidad abordadas en las denominadas Controversias Constitucionales, así como de emitir una Declaratoria General de Inconstitucionalidad, dirigida al Congreso de la Unión para su conocimiento, al inicio de cada Periodo Ordinario de Sesiones.
A través de una iniciativa, el legislador por Morelos señaló que a lo largo de las últimas décadas, nuestro país ha sido testigo de las más relevantes modificaciones a la Carta Magna que han tenido como consecuencia la reconversión jurídica y operativa de diversas instituciones, la creación, puesta en marcha y consolidación de algunas otras y la supresión de aquellas que ya no resultaban funcionales para el orden constitucional o los tiempos políticos las habían rebasado.
Sin embargo, expresó, uno de los temas que menos han sido modificados por las denominadas «Reformas del Estado», ha sido el que concierne a la estructura y facultades del Poder Judicial de la Federación.
“En el marco de una verdadera Reforma del Estado, es preciso incorporar en la agenda global, la reconfiguración del Poder Judicial no porque el mismo haya dejado de ser funcional, sino porque el dinamismo institucional y la capacidad de éste por adecuarse a los nuevos tiempos debe ser, precisamente, su fortaleza”, expuso.
Salazar Solorio aseveró que un sistema judicial independiente, funcional y accesible a la sociedad, es un garante de las libertades republicanas y parte esencial del avance democrático de una sociedad.
En ese sentido, su iniciativa busca modificar diversos Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que la función de control constitucional y la del control de la legalidad se independicen y la primera se realice a través de un Tribunal Constitucional de la Nación.
Aclaró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirá siendo el máximo tribunal del país como el órgano jurisdiccional encargado del control de la legalidad.
Pero el Tribunal Constitucional implicaría un mayor control de los contenidos e interpretaciones de la Carta Magna dotando a las mismas de certeza, uniformidad, celeridad y seguridad jurídica pues los criterios emitidos serán centralizados y por ende, uniformes.
Señaló que con el nuevo tribunal se aplicarían conceptos como la «cuestión de inconstitucionalidad» o «pregunta constitucional» el cuál, consiste en un procedimiento de consulta por parte de jueces y magistrados de los diversos órdenes a dicho Tribunal, acerca de dudas sobre la constitucionalidad en la aplicación de un precepto específico.
Además, aseguró, se eliminaría definitivamente la posibilidad de que un juez del fuero común -no constitucional- deba aplicar un precepto que pudiera ser considerado inconstitucional y que actualmente bajo el actual esquema en el que opera, debe aplicar pues de lo contrario, sería gravemente sancionado.
“Con la creación del Tribunal Constitucional de la Nación, se da un paso fundamental en la modernización del Poder Judicial de la Federación ya que se mejoraría de manera sustancial, el régimen bajo el que actualmente opera el denominado mecanismo de «acciones de inconstitucionalidad» y el de las llamadas «Controversias Constitucionales» al concentrarse en un solo corpus legal, criterios, información, visión, adecuaciones y sobre todo, bajo mecanismos de eficiencia y oportunidad”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis.
