CIUDAD DE MÉXICO, 19 de junio, (JUAN R. HERNÁNDEZ / MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).- Con el objetivo de proteger a niños y jóvenes de las adicciones, el diputado del PAN, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, integrante de la Comisión de Salud, propuso reformar las leyes generales de Educación y de Salud, a fin de aplicar un examen toxicológico voluntario en las acciones del Programa contra la Farmacodependencia, para su detección en los estudiantes de educación básica.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, argumenta que de acuerdo con el Programa de Acción Específico, Prevención y Atención Integral de las Adicciones, 2013-2018, en México muestra una prevalencia el consumo de drogas ilícitas (mariguana, cocaína, heroína), de sustancias de uso indebido (solventes inhalables) y de fármacos fuera de prescripción médica (estimulantes, depresores), así como de nuevas sustancias psicoactivas.
Refiere que, entre los adolescentes de 12 a 17 años, la mariguana es la de mayor consumo (1.3%), seguida por la cocaína (0.4%) y los inhalables (0.3%). Ello es “particularmente relevante, tomando en cuenta que se trata de individuos en pleno desarrollo neurobiológico y psicosocial, en quienes el consumo de estas drogas afecta seriamente dichos procesos”.
Frente a este escenario, el legislador plantea modificar el artículo 191 de la Ley General de Salud para establecer que la Secretaría federal del ramo y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para ejecutar el programa contra la farmacodependencia, y aplicar un examen toxicológico voluntario para la detección de adicciones entre la población escolar, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.
La participación del Consejo de Salubridad General garantizaría el carácter ejecutivo de la aplicación del examen toxicológico, que aunque sea voluntario debe contemplar un procedimiento para que dicha voluntariedad sea debidamente ejecutada y respetada, se señala.
También se propone reformar los artículos 7, 24 Bis, 65 Bis y 66 de la Ley General de Educación para establecer que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, tengan entre sus fines, desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia para propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de la importancia de colaborar en la aplicación de examen toxicológico para su detección entre la población escolar.
Además, que la Secretaría de Educación Pública establezca los lineamientos a que deberá sujetarse la aplicación del examen toxicológico voluntario para la detección de adicciones. Estas disposiciones de carácter general comprenderán los criterios que la Secretaría de Salud determine para la idoneidad del examen toxicológico voluntario y detección de adicciones, cuya aplicación resulte idónea en cada caso y garantice el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Del mismo modo, se propone que sea derecho de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, el que las autoridades le soliciten el consentimiento para que sea practicado el examen toxicológico voluntario para la detección de adicciones, a sus hijos o pupilos menores de edad. Asimismo, que sea su obligación, informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, principalmente en lo relacionado con las adicciones, para que les apliquen las pruebas.
La iniciativa resalta que con esto se garantizaría que en la aplicación de la prueba se respeten la voluntad y los derechos de los padres y tutores, así como la individualidad e intimidad de los educandos, poniendo en claro que el resultado positivo de dicho examen será tratado de manera totalmente confidencial y no causará ninguna represalia de la institución hacia el alumno.
Es claro, dijo Ibarra Montoya, que la población escolar se encuentra preocupantemente expuesta a factores que pueden resultar determinantes para que se conviertan en adictos, por lo que estimó necesario establecer las reformas que mejoren la intervención de las autoridades educativas y de salud para proteger de las adicciones a este sector de la población.
