CIUDAD DE MÉXICO, 18 de mayo, (POLITIQUERÍAS / CÍRCULO DIGITAL).- La Comisión de Justicia analiza reformas a los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, para establecer la obligatoriedad de aplicar prisión preventiva oficiosa, a quien cometa abuso sexual contra menores de 15 años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de este delito.
Lo anterior, en razón del riesgo “real e inminente” de que el delincuente continúe cometiendo esa agresión en el tiempo que se encuentre en libertad o, bien, salga del país.
La iniciativa de la diputada Yulma Rocha Aguilar (PRI) destaca que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) reportó que México ocupa el primer lugar, a nivel mundial, en abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años; según sus datos, 4.5 millones de infantes son víctimas de este tipo de ilícitos, pero lo más grave es que sólo 2 por ciento de los casos son conocidos.
Refirió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reportó que en México se registraron 600 mil casos de abuso sexual contra menores, de los cuales 40 por ciento tiene menos de 15 años; el delito, en su mayoría, es realizado por varones.
Por su parte, confirmó, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación (Segob), mostró que, en 2015, los delitos sexuales ascendieron a 27 mil 186 y en 2016 pasaron a 29 mil 735, lo cual evidencia el aumento en este tipo de conductas.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México estima que, en nuestro país, 62 por ciento de las niñas y niños ha sufrido algún maltrato en su vida; 10.1 por ciento de los estudiantes ha padecido algún tipo de agresión física en la escuela; 5.5 por ciento fue víctima de violencia sexual y 16.6 por ciento de violencia emocional, apuntó.
Aunado a ello, dijo, hay una falta de denuncia y castigo ante la comisión de un delito de índole sexual.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2015, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo 87 mil 404 personas, de un total de 979 mil 496, que sufrieron algún abuso, hostigamiento, estupro, violación o acoso sexual, decidieron denunciar ante el Ministerio Público, detalló.
Asimismo, el INEGI reportó que sólo 8.9 por ciento de los delitos sexuales se denuncian, es decir, en el 91 por ciento no se hace a causa de la desinformación, el temor y la desconfianza en las autoridades, así como a la falta de una correcta aplicación de la ley.
La diputada Rocha Aguilar sostuvo que los menores son un sector vulnerable, y requieren de mayor atención y protección por parte de las autoridades. “Es por ello que resulta importante que los delitos cometidos en su contra sean perseguidos de manera oficiosa, atendiendo al interés social que representan y el daño que pueden causar a la niñez”, argumentó.
Sustentó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de las autoridades federales, estatales y municipales, a adoptar medidas de protección especial a los derechos de la infancia mexicana.
Es por ello, recalcó, que imponer la medida cautelar en el delito de abuso sexual cometido contra menores, tal y como ya se realiza con otros tipos penales donde se ven involucrados niñas, niños y adolescentes, protegerá la integridad de los menores, a fin de que tengan la seguridad de que su agresor no intentará algo en su contra, durante el proceso que se le siga o, bien, evada su responsabilidad al salir de su entidad o país.
Además, continuó, ofrecerá una mayor confianza de la ciudadanía en general hacia las autoridades.
