Proponen una Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para tipificar el robo de autotransporte en carreteras: Adriana Díaz Lizama
Ciudad de México a 30 de septiembre ( CÍRCULO DIGITAL).-La senadora panista Adriana Díaz Lizama presentó una iniciativa reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para tipificar como delincuencia organizada el robo a autotransporte en las carreteras federales del país.
Al presentar su propuesta ante el pleno del Senado, la legisladora por Yucatán dijo que con esta modificación se incrementarán las penas aplicables, procederá la prisión preventiva por oficio y los ministerios públicos federales podrán atraer las investigaciones de estos casos, sin perjuicio de que hubieran sido previamente tratados como delitos del fuero común.
El objeto de esta propuesta es dotar a la procuración de justicia de mejores herramientas y marcos normativos para combatir estos delitos y comenzar a recuperar las carreteras y caminos para quienes se desempeñan en actividades legales y honestas, y para los ciudadanos que son afectados trágicamente por estos ilícitos, indicó.
“Tipificar los robos al autotransporte de carga en caminos federales como actos de delincuencia organizada traería grandes beneficios para la procuración de justicia ante un delito de grandes consecuencias; podrá volver estos hechos objeto de investigación federal, se aumentarán las penas aplicables en la sentencia, implicando mejoras sustantivas en la forma en que se investigan estos casos, así como mayores sanciones y prisión preventiva”, explicó.
Señaló que el robo al autotransporte de carga es un fenómeno que se ha incrementado en los últimos años en nuestro país y ha causado grandes perjuicios no sólo al sector del transporte de carga, sino a sus clientes, a las aseguradoras, a las cadenas comerciales y de distribución, al comercio nacional e internacional y, sobre todo, a las víctimas directas y a sus familiares, ya que los robos se han vuelto cada vez más violentos.
“Es importante destacar que el robo de unidades de autotransporte ha costado infinidad de vidas de los operadores, por lo que resulta urgente frenar este tipo de delitos”, resaltó.
Díaz Lizama reveló que, de acuerdo con diferentes fuentes, ha habido un aumento en la comisión de estos ilícitos.
Por ejemplo, detalló, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ha referido que de 2006 a 2010 el robo al autotransporte se incrementó en 108 por ciento, y entre 2009 y 2010 un 52.1 por ciento.
Además, conforme al estudio Robo de Carga en México 2012, hecho por Freight Watch Internacional, México es el país que más asaltos de este tipo, precisó la senadora de Acción Nacional.
“Muchos de los robos de unidades no se denuncian por no generar mayores problemas, por las amenazas que reciben tanto el operador como el dueño de la unidad. Se señala que ha incrementado el robo a camiones de carga en carretera: de 568 casos en 2014 a mil 590 en 2016, y éstos son sólo los casos en que las víctimas se han atrevido a denunciar ante las autoridades de los estados”, enfatizó.
Dijo que esa tendencia alcanzó su punto más alarmante durante el año 2016, cuando, según AMIS, fueron robados 4 mil 550 unidades, de las cuales 2 mil 50 fueron camiones y 2 mil 500 tractocamiones.
“El panorama actual luce aún más alarmante, ya que en lo que va de 2017, y comparando los datos con los mismos meses del año anterior, y tomando en cuenta lo dicho por el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Rogelio Montemayor, en algunas regiones del país se ha visto un incremento de robos de alrededor de 50 por ciento, por lo que en la actualidad se da la mayor incidencia de este robo”, reveló.
Remarcó que el robo al autotransporte en carretera vulnera el Estado de derecho y lesiona la columna vertebral de la actividad económica, turística y de servicios del país, ya que los delincuentes han incrementado su actividad, creciendo en infraestructura y consolidando sus redes de actuación, evitando, en muchos de los casos, la aplicación de la ley.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación.