CARACAS 28 de junio, (AGENCIAS / CÍRCULO DIGITAL).- La organización Reporteros sin Fronteras denunció el incremento de los actos de violencia contra la prensa en Venezuela, en medio de una situación política muy tensa, luego que se le prohibió salir del país a la fiscal general, Luisa Ortega.
A 90 días de iniciado el movimiento en contra del presidente Nicolás Maduro, cinco personas fallecieron durante las protestas desarrolladas en las últimas 24 horas.
Algunos de ellos habrían participado en las manifestaciones, mientras que otros solo pasaban cerca del lugar de los hechos, elevando el número de decesos a más de 75.
“Reporteros sin Fronteras (RSF) reconoce el valor de los periodistas venezolanos que, en la adversidad y en medio de condiciones de seguridad deplorables, siguen realizando su trabajo informativo”, dijo Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF.
“La libertad de expresión y la libertad de prensa se encuentran en peligro en Venezuela», señaló la organización la víspera con motivo del Día Nacional del Periodista en el país sudamericano.
«El gobierno de Nicolás Maduro debe dejar de obstaculizar el trabajo de la prensa en las manifestaciones y dejar de censurarla sistemáticamente, así como garantizar la seguridad de manifestantes y periodistas”, añadió.
De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), entre el 31 de marzo y el 24 de junio, 376 trabajadores de prensa han sido agredidos en 238 casos documentados, de los que las fuerzas de seguridad son responsables de 170.
La GNB (Guardia Nacional Bolivariana) es responsable del 60.5 por ciento de los casos de agresiones que tienen como victimarios a los organismos de seguridad del Estado. El SNTP contabiliza igualmente 33 detenciones ilegales de trabajadores de medios de comunicación.
Se registran también numerosos casos de periodistas agredidos por los manifestantes.
Los periodistas no son las únicas víctimas de esta violenta represión. Desde el 1 de enero de 2017, más de 75 venezolanos han muerto en las manifestaciones y unos dos mil han resultado heridos.
La muerte del joven activista David Vallenilla, ocurrida el 22 de junio, consternó a todo el país. Cerca de tres mil manifestantes han sido detenidos; de ellos, más de mil aún se encuentran privados de su libertad.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), cuyo director fue remplazado el 21 de junio pasado, sigue cerrando medios de comunicación.
Tan sólo en el año 2017, la Conatel ha hecho callar a más de 41 radios y canales de televisión en los estados gobernados por el partido de Nicolás Maduro, según datos del Ipys.
Este cierre de medios de comunicación, favorecido por el “estado de excepción y emergencia económica”, prolongado por el gobierno en mayo de 2017, se efectúa en medio de una gran opacidad y sin justificación.
La prohibición de salida para Ortega fue dictada en «aras de garantizar el cause procesal respectivo», indicó el TSJ, de acuerdo con un comunicado difundido por la cadena Telesur.
El TSJ indicó que fueron aprobadas por unanimidad las medidas cautelares solicitadas por el diputado a la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, sobre un antejuicio de mérito contra la fiscal general por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo.
Además de la probhibición de salida de Venezuela, la fiscal Ortega también enfrenta un impedimiento para enajenar y gravar todos sus bienes, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Por otra parte, Ortega Díaz había afirmado que las sentencias que emitió el Tribunal Supremo de Justicia buscan desmontar el Ministerio Público, por lo que llamó a desconocerlas.
«Le dieron a la Defensoría todas las competencias en investigación penal. La sentencia que da competencias a la Defensoría está inmotivada. Los derechos humanos de toda la ciudadanía están en peligro», resaltó.
El Supremo de Venezuela emitió una sentencia que señala que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen en el Ministerio Público y solicitar la realización de análisis forenses, entre otras atribuciones de la fiscal.
La funcionaria ha sido acusada de constituirse «en una activista política de la derecha» con sus recientes acciones protagónicas en las protestas violentas de la oposición, convocadas por la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
