TRAS LA PUERTA DEL PODER

Roberto Vizcaíno

El uno-dos de Ricardo Monreal fue preciso. Y ayer, en dos votaciones distintas pero coordinadas, por una mayoría absoluta de 89 y 102, quedó abolido el fuero del Presidente de la República y el de diputados y senadores.

Ayer mismo el dictamen de la abolición del fuero presidencial, como lo mandata la norma de una reforma Constitucional, se fue a buscar la aprobación de al menos 16 legislaturas locales a fin de ser promulgada a fin de que en lo adelante el Presidente de la República pueda ser enjuiciado como un ciudadano común y corriente.

En el caso del fin del fuero para diputados y senadores el dictamen pasó a San Lázaro para que el pleno de esta cámara lo avale y después corra el mismo trámite que la iniciativa del fin del fuero presidencial.

Con esta doble decisión asumida en un solo día los senadores dejan vivo sólo el fuero para gobernadores y alcaldes.

Como se sabe, el fuero fue concebido para proteger de una acción penal o judicialmente sancionable, a todos quienes ocupen cargos de elección y a aquellos colaboradores que los representen.

En México sólo son elegidos por voto ciudadano el Presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes, los diputados y los senadores. Nadie más.

Por eso el fuero presidencial alcanza y protege a los miembros de su gabinete así como el de los gobernadores y alcaldes a sus grupos de trabajo directo.

El fuero cobró especial importancia luego de la tortura y el asesinato del senador chiapaneco Belisario Domínguez por ordenes del usurpador Victoriano Huerta como venganza a un discurso histórico en contra del mandatario espurio.

Desde entonces quedó prohibido sancionar o reconvenir a nadie que tuviese fuero. A través de los años, decenios, una muy buena parte de quienes lo obtuvieron vía el voto ciudadano, lo convirtieron en su principal factor de impunidad al usarlo para cubrir sus trapacerías.

El fuero se desvirtuó.

Ayer, luego de años y más años de un clamor popular para su desaparición, los senadores lo abolieron.

Bueno, sólo para el caso del Presidente de la República y de senadores y diputados.

Falta retirarlo a gobernadores y alcaldes.

Para ello se tuvo que reformar los artículos 108 y 111 constitucionales.

AHORA QUEDA VER PARA CREER, ¿NO?

Luego de que sea ratificado por 17 de los 32 congreso locales, lo cual se espera sea pronto, en quizá un mes o dos, se hará la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en la cual quedará establecido que el Presidente de la República podrá ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción, electorales, traición a la patria y prácticamente todos por lo que hoy puede ser encausado todo ciudadano.

Para lograr la abolición de este fuero se requirió que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena negociara durante meses, y en especial en estas semanas, un acuerdo político entre los diferentes grupos parlamentarios.

Monreal consideró que con esta aprobación, se logra avanzar en un asunto que es “de principios y no de privilegios”.

El fuero debe ser, agregó, una figura para que las y los legisladores actúen con solvencia en sus actividades legislativas, sin ser perseguidos por quienes ostentan el Poder Ejecutivo en los ámbitos federal o estatal.

El michoacano Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, indicó por su parte que “nadie puede negar que la corrupción es la principal causa del deterioro de la vida pública de nuestro país” y que en buena medida esta ha sido amparada por el fuero.

Por ello el fuero ya no podrá ni deberá ser considerado como un privilegio o una patente de impunidad.

Al aprobarse estos dictámenes, señaló, todos los funcionarios que incurran en hechos delictivos durante el ejercicio de sus funciones podrán ser sujetos a procesos penales ante las autoridades competentes.

José Ramón Enríquez, de Morena, dijo:

“En los hechos, terminamos con la figura de la impunidad, con la normalización de la corrupción, como una práctica cotidiana e intolerable. Necesitamos consolidar una cultura de la legalidad que nos recuerde que el servicio público implica una gran responsabilidad que debe cumplirse con decoro y honestidad”.

La senadora panista Martha Cecilia Márquez Alvarado, voto en contra porque, explicó, todo esto se trata de “un circo mediático” promovido por el Presidente de la República.

“El fuero de los legisladores es para proteger el libre ejercicio de la palabra, para que nadie te persiga por tus ideas, exigir que se combate a la delincuencia o medicamentos para los niños con cáncer”.

A su vez la senadora panista queretana Guadalupe Murguía,  expresó una opinión distinta a la de su compañera de bancada al considerar que el dictamen representa un avance, porque establece “un piso parejo” para actuar contra legisladores y el Presidente de la República por delitos por los que pueden ser juzgados otros ciudadanos.

La senadora priísta sonorense Sylvana Beltrones consideró que la reforma da certeza y atiende el reclamo de los ciudadanos para poner fin la impunidad amparada por el fuero.

“Manda un mensaje correcto, pues los representantes populares no pueden ser la excepción y el fuero no debe ser un impedimento para ser juzgados por cualquier delito”, dijo.

Raúl Bolaños-Cacho, del Verder Ecologista, señaló que la eliminación del fuero legislativo fomentará el fortalecimiento de los contrapesos entre Poderes y contribuirá al combate a la corrupción.

La ciudadanía ya está cansada, aseguró, de ver privilegios a costa del erario, por lo que la aprobación de esta propuesta es impostergable.

Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la desaparición del fuero para el Presidente, senadores y diputados es un proyecto congruente con las raíces de su partido, que desde legislaturas pasadas ha impulsado la eliminación de dicha figura para evitar posibles actos de impunidad.

El senador Juan Manuel Fócil, del PRD, dijo a su vez que la eliminación del fuero es una de las luchas históricas de su partido y recordó que el fuero surgió para otorgar protección a opositores y garantizar la división de Poderes, pero reconoció que hoy los servidores públicos no deben tener más privilegios que el resto de los ciudadanos.

ALVAREZ LIMA REGRESA AL SENADO

En una cámara donde un voto hace la diferencia en una reforma, la muerte de un senador se convierte en una razón caso de Estado. Es lo que ocurrió luego del fallecimiento por Covid del senador morenista tlaxcalteca Joel Molina Ramírez, suplente del exgobernador José Antonio Álvarez Lima, quien le había cedido su escaño para despachar plácidamente en su despacho de director del Canal 11 del IPN.

Hoy, el que también fuera director de canal 13, va a tener que dejar esa placidez para regresar al jaleo legislativo a fin de garantizarle a Ricardo Monreal menos tensiones en sus negociaciones para alcanzar quorum en algunas aprobaciones de reformas.

El retorno de Álvarez Lima al Senado fue anunciado ayer por el chiapaneco Eduardo Ramírez, presidente de esa cámara, quien dio la bienvenida al político tlaxcalteca.

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