CARACAS, 02 de junio, (AGENCIAS / CÍRCULO DIGITAL).- En nueve semanas de protestas en Venezuela se incrementaron los crímenes de odio, por lo que 52 personas han muerto en las manifestaciones y otras 13 en saqueos y actos vandálicos, informó Tarek William Saab, Defensor del Pueblo.
“Tenemos fallecidos en crímenes de odio, alertamos sobre un nuevo fenómeno con ribetes criminales que debemos condenar de manera unánime. Han fallecido tres personas asesinadas. No se pueden avalar los crímenes de odio, desde ningún bando político”, apuntó.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, también etiquetó de crimen de odio el asesinato del juez en Caracas, Nelson Moncada Gómez, ocurrido ayer, luego de que se topó con una barricada donde fue acribillado.
Luego, de la reunión de cancilleres del miércoles, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró que “Venezuela quedó aislada”.
“La posición del régimen de (Nicolás) Maduro quedó completamente aislado en la zona”, dijo.
Por su parte, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, calificó como un triunfo la falta de acuerdos en la consulta de la OEA.
Anunció que convocará a cinco países que han querido formar parte del diálogo en Venezuela para reimpulsarlo.
SIN PARTICIPACIÓN
La fiscal general Luisa Ortega Díaz consignó en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la solicitud de aclaratoria de la sentencia 378 que indica que no es necesario un referendo para realizar una Constituyente: “Deben aclarar si la democracia participativa perdió vigencia”, dijo. Preguntó, además, “¿acaso tenemos miedo a la soberanía popular? El único soberano es el pueblo. No hay otro”.
La Constituyente ha dividido a los mismos chavistas. La exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, renunció a su cargo como asesora jurídica del TSJ, tras oponerse a la convocatoria a la Asamblea, por ser anticonstitucional.
En tanto, el TSJ advirtió al opositor Henrique Capriles que podría ir a prisión si no evita el bloqueo de vías por protestas contra el gobierno en el estado de Miranda (norte), del que es gobernador, y purgar por desacato una sentencia de 15 meses de cárcel.
