Se pronuncian diputados contra reducción de presupuestos para prevenir embarazos en menores

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de abril, (RELOJ CIUDADANO / CÍRCULO DIGITAL).–Diputados de las comisiones de Salud y de Derechos Humanos se manifestaron en contra de seguir reduciendo el presupuesto al sector salud, que, advirtieron, afecta principalmente las acciones de prevención de embarazos en adolescentes, que ocasionan el mayor número de muertes maternas.

Al realizarse, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el foro “Embarazo Adolescente y Mortalidad Materna, en el marco de los Derechos Humanos”, el diputado Armando Luna Canales (PRI) advirtió que la mayor cifra de muertes maternas en México se registra en niñas y adolescentes.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos subrayó que esta problemática le ha sido señalada de forma reiterada a nuestro país por parte de organizaciones internacionales, a pesar de que se han logrado diversos avances y presentado iniciativas que mejorarían la situación de las mujeres mexicanas, como la de prohibir el matrimonio para menores de edad.

Consideró que este foro generará propuestas y exhortos a autoridades para combatir el número actual de estos casos, y ayudará a “no seguir lamentando más muertes”.

El presidente de la Comisión de Salud, diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (PAN), aseguró que el presupuesto de egresos de este año “venía en ceros” respecto del Programa de Embarazo en Adolescentes, lo cual, lamentó, es un problema que va al alza, por lo que, dijo, será trabajo de la instancia legislativa que preside evitar una mayor disminución de recursos.

“Hace un año hubo una reducción al sector salud de aproximadamente 5 mil millones de pesos; este 2016 fue de mil 500, por lo que llevamos 6 mil 500 millones de pesos y se acaba de anunciar otro recorte que pegará a políticas públicas de prevención”, sostuvo.

Informó que actualmente la comisión que encabeza cuenta con una iniciativa para promover que adolescentes tengan mayor y más fácil acceso a métodos anticonceptivos en lugares comunes. “No estamos promoviendo las relaciones sexuales a temprana edad; buscamos evitar embarazos en menores y la transmisión de enfermedades como el VIH”, puntualizó el legislador.

“Si no intervenimos, si no ponemos un alto los que hacemos las políticas públicas, -Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE-, van a seguir estos embarazos de alto riesgo y con consecuencias postparto.”

Aseguró que las menores de edad no están preparadas física, ni psicológicamente para ser madres, además de que son las que tienen la tasa más baja de lactancia a sus hijos.

La diputada Yahleel Abdala Carmona (PRI), moderadora en el foro, dijo que el embarazo a temprana edad frena el desarrollo de las jóvenes y su integración de forma adecuada a la sociedad, debido a que no todas encuentran el apoyo en sus familias y el gobierno.

A esto, agregó, se suma el problema de que por complicaciones de salud, muchas de estas jóvenes madres dejan a sus recién nacidos en la orfandad.

La directora de Atención a la Salud Materna y Perinatal, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) de la Secretaría de Salud, Liliana Martínez Peñafiel, informó que, según datos del Registro de Certificados de Nacimiento, en 2014 hubo 6 mil niñas embarazadas entre 10 y 14 años de edad, mientras que 2015 fue de poco más de 6 mil; en tanto, en el rango de 15 a 19 años, en el 2014 fueron 367 mil y en el 2015, 339 mil. El 43 por ciento está en pobreza extrema.

De estos alumbramientos, un número importante de recién nacidos tendrá malformaciones congénitas que implicará un costo económico y social para las familias.

Resaltó que el Estado de México es la entidad que encabeza la lista de embarazadas de 10 a 19, mientras que Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero tienen altas tasas de mortalidad, debido principalmente por la situación de pobreza e interculturalidad. Del número total de nacimientos, el 18 por ciento pertenece a adolescentes.

Sostuvo que después de estos eventos obstétricos, no todas las menores tienen acceso a un método anticonceptivo, lo que las conduce nuevamente a embarazarse. “Podemos ver a mujeres de 18 años que tuvieron 4 o 5 embarazos, lo que las puede llevar a tener una muerte materna”.

Durante el inicio de su vida sexual activa, sólo un 45 por ciento utilizó un método anticonceptivo, lo que obliga a la Secretaría de Salud a concientizar sobre su uso, enfatizó.

En el caso de niñas que sufrieron una violación, estas no siempre acuden a un control prenatal ya que “están escondidas dentro de sus casas” para que nadie conozca su situación. La mayor vulnerabilidad es para las niñas que no tuvieron acceso a educación.

Alejandro Galland Paredes, del Departamento de Vinculación Legislativa del Grupo de Información en Reproducción Elegida  (GIRE), dijo que, según la OMS, la muerte materna es prevenible entre un 88 al 98 por ciento, por lo que la problemática obedece a faltas en el sistema educativo, de salud y normativos.

“Hay que entender que cuando hablamos de muerte materna hay una violación sistemática de los derechos a la salud, información, al desarrollo de un proyecto de vida, a la integridad personal y a la no discriminación”.

Pidió tomar acciones legislativas y que el Congreso de la Unión exhorte a los congresos locales para que modifiquen sus códigos penales y civiles para establecer las mínimas causales de acceso a la salud.

Mencionó que hay excepciones en los códigos civiles de diversas entidades que dispensan el matrimonio de menores. “Si se quiere prevenir y atender la muerte materna, esto sería el primer caso”, consideró.

El médico especialista en embarazo de alto riesgo, del Instituto Nacional de Perinatología, José Antonio Hernández Pacheco,  reconoció que “estamos ante una emergencia” por el incremento de eventos adversos durante el embarazo, el parto y puerperio debido al incremento de niñas y adolescentes embarazadas en los últimos años, que ha aumentado la muerte materna.

“Esta población ha sido especialmente abandonada los últimos años en las políticas nacionales, la muerte materna representa muchas cosas y actualmente es un instrumento político que evalúa la función pública, lo que ha llevado a ocultar dichas muertes”, cuestionó.

Dijo que de 2011 a la fecha los parámetros de muerte materna no han cambiado en nuestro país, por lo que México no cumplió con los objetivos del milenio.