Percepción Política
*Juan Manuel Magaña
La semana que pasó fue de auténtica pesadilla para el presidente Enrique Peña Nieto. Es cuestión de repasar los simples hechos, ponerlos en perspectiva, para darse cuenta de la intensidad de la crisis que aquí se vive en materia de derechos humanos.
El martes anterior, Peña Nieto afirmaba alegremente durante su visita a Alemania que «México es un país que protege la defensa de los derechos humanos».
Pero apenas pasaron 24 horas, el gobierno de Estados Unidos publicó un informe que cuestionaba lo dicho por el mandatario. Fue el miércoles que, en su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado sostuvo que en México persiste la impunidad por graves violaciones de derechos humanos. Lo más grave: denunció la participación de la policía y de militares en «graves abusos, tales como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones».
Washington consideraba que otros «problemas graves» en México son la impunidad y la corrupción dentro de las fuerzas policiales y del sistema judicial, además de que planteó que grupos criminales organizados «asesinaron, secuestraron e intimidaron a ciudadanos, inmigrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos» el año pasado.
EU parecía anticiparse a los hechos porque entre el miércoles y el jueves un video del 4 de febrero de 2015, subido a las redes sociales, mostraba en todo su «esplendor» cómo los militares torturan en este país.
Se veía a una mujer está esposada y tirada en el suelo con las manos a la espalda que se agitaba y gemía angustiosamente. Experimentaba la sensación de asfixia que le producía la bolsa de plástico con la que un capitán del ejército y sus subordinados le cubrían el rostro. Las reacciones de sufrimiento no inquietaban en lo más mínimo a los militares y al policía federal que la torturan ostensiblemente en el video.
Ese jueves, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo que conoció este video tomado en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en diciembre pasado, con lo que validó su veracidad.
En un comunicado, la Sedena dijo: se observa a dos militares en agravio de una civil. Indicaba que ya fueron procesados en el fuero de guerra por desobediencia, y es hasta ahora que el Ministerio Público Militar dio parte a la Procuraduría General de la República (PGR) para que integre la averiguación correspondiente.
De no ser por las redes sociales, estos trapos sucios hubieran seguido ahí sin ser ventilados. La pregunta socialmente extendida fue: ¿Cuántos casos más no habrá en la oscuridad que, supuestamente la superioridad militar “ya castigó?
El viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigan la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa cesará sus funciones, y que en su lugar creará un mecanismo especial hasta lograr que se dé cumplimiento a las recomendaciones de los expertos.
Dada la naturaleza del acuerdo de asistencia técnica, en la que es indispensable la anuencia del Estado, la CIDH considera sencillamente que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del grupo. Este fue en sí mismo un hecho de enormes consecuencias negativas, dentro y fuera del país, para el escaso prestigio del gobierno mexicano.
Y es todo este contexto lo que explica por qué el sábado, en un inusual mensaje, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, tuvo que salir a ofrecer una disculpa pública a la sociedad por lo actos de tortura que cometieron dos miembros del Ejército en contra de una mujer.
Lo curioso es que lo hizo ante una masa de más de 26 mil soldados congregados en la plaza “Damián Carmona” del Campo Militar número 1, a los que sermoneó que “quienes actúan como delincuentes no solo incumplen la ley, no son dignos de pertenecer a las fuerzas armadas”.
Esa ceremonia fue incluso transmitida en vivo a la zonas y regiones y militares y se dijo que alcanzó a más de 156 mil integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, y que posteriormente llegaría al resto de los 213 mil soldados del país.
La disculpa fue lo trascendente de este episodio, lo demás fue simple retórica. Porque cuando se han hecho otras acusaciones al ejército, de igual o mayor calibre, su general ha salido a denunciar conjuras e infundios que sólo quieren desprestigiar a la fuerza armada.
Conclusión la grave crisis de derechos humanos que sacudió con fuerza al país en la última semana tuvo por paliativo una disculpa del secretario de la Defensa. La pregunta es evidente: ¿de veras creen que eso, sin mayores cambios, sea suficiente? ¿Creen que esta sociedad acostumbrada ya a los palos, se lo crea?
