CIUDAD DE MÉXICO, 22 de septiembre, (POLITIQUERÍAS / CÍRCULO DIGITAL).- El Senado de la República solicitó a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres remitir un informe sobre las acciones que han realizado para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia sexual.
En punto de acuerdo, la diputada Martha Tagle Martínez manifestó su preocupación porque no se vea reflejada una política pública en atención a la violencia contras las mujeres, en específico lo referente a la violencia sexual.
En ese sentido, refirió que en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, se realizó una estimación de los delitos ocurridos en México, de los cuales 94.1 por ciento no son denunciados.
En esta cifra negra se incluye la violencia sexual, es decir, en cinco años ocurrieron casi tres millones de delitos sexuales, de los cuales 67.4 por ciento corresponden a averiguaciones previas relacionadas con los delitos de abuso sexual y violación.
Al respecto, la Comisión para la Igualdad de Género refirió que de acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2011, el 63 por ciento de las mujeres de 15 años y más declararon haber padecido algún tipo de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas.
Asimismo, la violencia de pareja estuvo más extendida entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (52.9 por ciento) que quienes lo hicieron a los 25 años o más (43.4 por ciento).
Entre las mujeres con dos o más uniones o matrimonios el nivel de violencia es mayor (54.6 por ciento), que en aquellas que sólo han tenido una unión o matrimonio (48.7 por ciento).
Por otra parte, el Senado exhortó a la Secretaría del Trabajo, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al Instituto Nacional de las Mujeres a fortalecer estrategias para que empresas públicas, privadas y sociales, adopten medidas para eliminar la discriminación y desigualdad laboral.
En las consideraciones del dictamen con punto de acuerdo, aprobado en la sesión de este día, se reconocen las medidas que ha adoptado la Secretaría del Trabajo en esa materia, aunque se considera necesario reforzar las acciones.
